En vigor desde comienzos de 2026, el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) busca que las empresas que importan determinados materiales paguen un precio por el carbono al que ya están sujetos los actores económicos europeos.
El mecanismo afecta especialmente a productos procedentes de industrias altamente contaminantes, como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes o la electricidad.
Rusia apeló a la OMC en mayo de 2025 contra este mecanismo de la UE por considerar que contraviene principios del comercio internacional.
Moscú solicitó entonces la apertura de consultas con la UE y sus Estados miembros sobre este asunto, así como sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, vigente desde 2005 y que permite a determinadas industrias beneficiarse de cuotas gratuitas.
El 22 de mayo de 2025, la UE rechazó esa solicitud al afirmar que dichas consultas “no podían ser fructíferas ni conducir a una solución mutuamente satisfactoria”, dadas las “circunstancias extraordinarias” creadas por la invasión rusa de Ucrania.
El pasado 10 de julio, Moscú volvió a recurrir al OSD para solicitar la creación de un grupo especial de expertos encargado de examinar esta disputa comercial.
La UE bloqueó esa primera petición, pero, de acuerdo con las normas de la OMC, una segunda solicitud es, en la práctica, aceptada automáticamente.
