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Las empresas costarricenses citadas en el caso internacional Papeles de Panamá (Panama Papers) afirmaron este lunes que crearon sociedades offshore por razones legítimas ligadas a sus negocios.
Así lo manifestaron por separado este lunes, representantes de las compañías Corporación Aldesa, Florida Ice and Farm (Fifco) y de la Constructora Meco.
También, en el caso de Fresh Market, firma comercial de tiendas de conveniencia, se informó de que abrió una sociedad panameña porque evaluaron iniciar operaciones en el país vecino, según detalló Carlos González Jiménez, director de la empresa.
Una offshore es una sociedad radicada en un país distinto en el que se tiene una actividad económica. Las compañías bajo esa figura se crean, generalmente, en lugares denominados como paraísos fiscales, debido a los bajos impuestos y por la facilidad para crear las empresas.
El Semanario Universidad y ameliarueda.com revelaron este domingo la filtración masiva de archivos del bufete panameño Mossack Fonseca, por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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En la publicación del diario universitario se detalla la creación de sociedades anónimas por parte de empresarios y políticos costarricenses en destinos catalogados como paraísos fiscales.
El Ministerio de Hacienda dijo que investigará a todas las personas, sociedades y bufetes señalados en los Papeles de Panamá, entre esos, los que mencionan a accionistas de La Nación S. A.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió con medios de comunicación de todo el mundo datos de la filtración de archivos del bufete panameño Mossack Fonseca. En la imagen, vista general de la sede de la firma de abogados en la ciudad de Panamá | EFE (Alejandro Bolivar)
“La subdirección de Fraude Complejo de Tributación va a hacer el levantamiento de un listado de los casos para hacer un análisis de donde parte la posibilidad de investigar; si existen elementos para investigar, se iniciará una investigación, y si los elementos que se investigaron dan la posibilidad de abrir un proceso de fiscalización, se abrirá”, aseveró Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.
Rodríguez añadió que si se determinan tributos por pagar, estos se pondrán al cobro.
Los casos. Entre los casos señalados por el Semanario Universidad está la inscripción en las Islas Vírgenes Británicas de las sociedades Península Papagayo Ventures y Caribbean Ventures & Investments Limited por parte de Rodolfo Jiménez Borbón, vicepresidente de Fifco y accionista de La Nación S. A.
Jiménez confirmó este lunes que Fifco tuvo participación accionaria en el proyecto hotelero Península de Papagayo, para lo cual abrieron sociedades porque el socio mayoritario ( Wings of Papagayo LLC) era foráneo.
“Era más adecuado escoger una jurisdicción neutral para documentar los acuerdos entre ellos. Sin embargo, en el caso de Florida Ice and Farm Co., esto no representó ningún beneficio fiscal para la compañía”, recalcó el empresario.
Una jurisdicción neutral es cuando dos empresas escogen un tercer país, diferente al propio, para inscribir un negocio y así evitar un posible choque de interés en un eventual litigio.
El vicepresidente de Fifco aseguró que dejaron de tener participación accionaria en enero del 2012, tal como se reportó en los estados financieros auditados consolidados del 2011-2012.
Añadió que usaron los servicios del bufete Mossack Fonseca, pues era el mismo utilizado por el socio extranjero.
“La tenencia de acciones en el extranjero nunca ha representado ningún beneficio fiscal para Fifco y más allá de esto, todas las transacciones son completamente legales”, enfatizó.
Otros. Los documentos filtrados del bufete revelaron además que la Corporación Aldesa creó en Panamá el fideicomiso de desarrollo inmobiliario Monte del Barco, con el cual obtuvo $8 millones de inversionistas costarricenses, entre los que se mencionan accionistas de La Nación S. A., entre ellos, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, presidente del Grupo Nación, y el vicepresidente, Fernán Vargas.
Javier Chaves, presidente de Aldesa, detalló que hicieron la estructuración del fideicomiso en Panamá para un desarrollo en el proyecto Polo Turístico de Península de Papagayo, pues hace 10 años en Costa Rica no existía la figura del fondo de inversión de desarrollo inmobiliario.
El fideicomiso se creó en el 2006, pero se cerró y se trasladó a Costa Rica en el 2007, cuando la regulación local permitió la apertura de fondos de desarrollo inmobiliario. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) de Costa Rica autorizó, en noviembre de ese año, la inscripción del Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco.
“En Panamá, el proyecto se encontraba en una etapa preoperativa, por lo que no tuvo ventas, consecuentemente no tuvo utilidades y lógicamente, si no tuvo utilidades, no tenía que pagar impuestos, ni aquí, ni en ningún lado. Por lo tanto, no hubo ningún beneficio fiscal de tenerlo en Panamá”, apuntó Chaves.
Comentó que Aldesa no contrató directamente al bufete Mossack Fonseca, sino que se hizo por medio de sus asesores legales, el bufete Zürcher Odio & Raven.
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En el caso de Fernán Vargas, expresó este lunes que su inversión se hizo en Panamá mediante la sociedad Orax S. A. “No ha habido ningún beneficio fiscal en la inversión”, aseguró.
Sobre Aldesa, el periodista del Semanario Universidad, Álvaro Murillo, aclaró en el programa radial Hablando Claro, que no todos los nombres citados en la investigación son sospechosos de algún acto ilegal o corrupto.
Por último, los documentos divulgados señalan que la Constructora Meco tiene sociedades en las Islas Vírgenes Británicas.
La firma dijo que cuenta con una estructura externa, pues el 75% de sus operaciones son fuera de Costa Rica y alegó que esa información siempre ha sido pública y consta en sus ofertas de licitaciones. A su vez, rechazó el uso directo del cuestionado bufete panameño en sus operaciones.
Más allá de impuestos. Sin negar la posibilidad de que algunas compañías tengan por objetivo la reducción de impuestos, varios especialistas consultados afirman que también la internacionalización y la globalización llevan cada vez más a la apertura de empresas relacionadas en otros países.
El ordenamiento patrimonial, la operación de actividades productivas multinacionales, el comercio electrónico, la sucesión de bienes, razones de seguridad y confidencialidad, entre otros, son motivos para una apertura en el extranjero, consideró Alan Saborío, socio director de Deloitte.
José Luis Arce, de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa), estimó que se puede dar por las facilidades de registro y de vender las acciones. Por ejemplo, añadió, hay países con regímenes jurídicos cuyas reglas son más simples o más favorables.
El economista Hermann Hess dijo que se puede dar una diferencia entre una offshore y una internacionalización.
Explicó que la offshore es una figura más utilizada y conocida en el sector financiero. Generalmente, son entidades ubicadas en lugares distintos al país de origen, donde la regulación no es tan estricta como en las naciones donde existe una legislación acorde con los estándares internacionales. Las empresas mediante esa figura se crean, generalmente, en lugares denominados paraísos fiscales por los bajos impuestos y las facilidades para fundar firmas.
En Costa Rica no hay restricción legal para que empresas locales abran offshore en el exterior y mucho menos operaciones para internacionalizarse.
Saborío, además, enfatiza en que no es posible afirmar que se abre una empresa en algunos de esos lugares con el objetivo de hacer evasión fiscal. Sinergias y economías de escala, también podrían orientar una decisión en esa dirección, afirmó.
“La lógica de esto es que hay un incentivo para ubicarse en ese lugar o territorio, ya sea leyes tributarias, leyes de registro o la facilidad para negociar las acciones”, expresó Arce.
Recordó que personas de mucho dinero en América Latina tienen pavor de que se conozcan sus recursos y, por eso, se ubican en algunos de esos países.
“En el fondo, más allá de ocultar algo, muchas veces eso es arbitraje regulatorio, que es aprovechar el espacio de una ley en términos de beneficios para una persona”, dijo Arce.
