El Grupo Corporativo Saret debe millones de dólares y colones a 50 acreedores físicos y jurídicos que, en los últimos cinco años, acudieron al Juzgado Concursal a reclamar el pago de su dinero, pero ahora deberán esperarse al proceso de liquidación ordenado el pasado 15 de diciembre.
En la vía judicial se presentaron legalizaciones de deudas que ascienden a $56,8 millones y ¢1.866 millones, según documentos entregados al Juzgado de los cuales tiene copia La Nación.
Los dos principales acreedores son la Hidroeléctrica San Lorenzo, la cual exige el pago de $36,7 millones, y el Banco de Costa Rica (BCR), por un préstamo cuyo saldo pendiente de pago es de $8,4 millones.
En el trámite de cobro también hay extrabajadores quienes piden su liquidación, entidades financieras del extranjero y proveedores de bienes y servicios.
El Grupo Corporativo Saret, Saret Acero, Saret Metalmecánica, Saret de Costa Rica y Saret Maquinaria y Equipo presentaron, en agosto del 2018, un convenio preventivo a raíz de una crisis financiera y problemas de liquidez.
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Cuando el grupo pidió la protección judicial para buscar un arreglo de pago informó de que sus pasivos ascendían a $33 millones, de los cuales $24,9 millones eran de corto plazo, y $8,1 millones, de largo plazo. Pero durante el trámite del caso, más empresas legalizaron sus deudas.
El pasado 15 de diciembre, la jueza concursal Jennifer Arroyo dictó la apertura del proceso de liquidación del conglomerado empresarial al determinar la insubsistencia del convenio preventivo, es decir, la incapacidad de hacer frente a los compromisos.
En la sentencia se ordenó a quien se encargue de la liquidación ―aún está pendiente la designación de la persona― que deberá realizar, en plazo de seis meses, la subasta, liquidación y venta del activo concursal.
Juan Ramírez Steller, unos de los socios de Grupo Saret, declinó referirse al estado actual de las deudas de las compañías legalizadas en la vía judicial.
“En este momento no puedo ampliar la demás información que se solicita por ser confidencial y formar parte de un proceso legal”, dijo el empresario, por escrito, a La Nación.
Ramírez Steller agregó que sus compañías siempre han demostrado un compromiso inquebrantable con sus empleados y socios comerciales.
El Grupo Empresarial Saret es una empresa familiar, fundada en enero de 1976, y cuyos representantes son los hermanos Miguel Ángel, Juan, Gerardo y Luis Mariano Ramírez Steller.
Las empresas operan en negocios como de generación eléctrica, metalúrgica, desarrollo de proyectos, infraestructura civil, equipo de construcción y parques industriales.
Detalle de las deudas
Róger Guevara, abogado en el proceso concursal de Hidroeléctrica San Lorenzo, una empresa inscrita en Panamá pero de capital español, explicó que la deuda se generó por un presunto incumplimiento de Grupo Saret en la construcción de una planta hidroeléctrica en Panamá.
“A raíz de la no conclusión del proyecto se dio un laudo en un arbitraje internacional que declaró con lugar la demanda de Hidroeléctrica San Lorenzo y ordenó pagar el principal de la deuda y los intereses, cuya tasa es de 10% anual”, dijo Guevara.
En el caso del BCR, los $8,4 millones es un saldo pendiente de cancelar de una operación crediticia cuyo monto original era de $19,3 millones, según el trámite de legalización presentado por la entidad financiera estatal, el 29 de febrero del 2019, documento del cual tiene copia La Nación.
Esta entidad bancaria informó de que, a raíz del secreto bancario, no pueden referirse al estado actual de la operación. Pero confirmó que se presentaron al proceso concursal con el fin de poder ejecutar las garantías del préstamo otorgado al conglomerado empresarial.
Además del BCR, en el proceso concursal se apersonaron otras instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Instituto Nacional de Seguros (INS), Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
A la CCSS y la Desaf se les adeuda la mayoría de recursos en moneda local, correspondientes a cargas sociales, por ¢1.100 millones.
Al resto de entidades públicas se les debe ¢23 millones por servicios sin cancelar y $45.000 al ICE, según los documentos de legalización de créditos entregados al Juzgado Concursal.
A dos entidades bancarias extranjeras, una de Belice y otra de Trinidad y Tobago, el saldo pendiente de pago es de $5,2 millones. Mientras que más de una treintena de proveedores, locales y externos, presentaron legalizaciones por $6,5 millones.
En el caso de los extrabajadores, se presentaron acciones de reclamo por concepto de liquidaciones sin cancelar por ¢17, 3 millones y $50.899. De las cuales se pagaron, durante el convenio preventivo, ¢16,2 millones y $3.200, según la información del proceso judicial.
Grupo Saret informó, por escrito, de que actualmente no tienen ningún pasivo laboral y las obligaciones con los trabajadores despedidos fueron canceladas.
Además, se indicó que, a raíz de la crisis financiera y de liquidez, se cesó a 800 trabajadores a quienes se les pagaron prestaciones legales por más de $3 millones.
