El aumento de los motociclistas accidentados en carretera está a punto de provocar que la cobertura del Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA) se quede corta y sea necesario elevarla para costear los gastos médicos de los lesionados en carretera.
Incrementar el monto básico de la póliza, actualmente de ¢6 millones, tendría como consecuencia un alza en el monto a pagar en el marchamo de más de 1,3 millones de asegurados, coincidieron la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
El seguro es uno de los componentes que se cobra en el derecho de circulación cada año.
Sugese detalló a La Nación que el aumento en los siniestros de motociclistas está entre las principales razones de que la cobertura básica de la póliza cubra cada vez menos personas accidentadas.
De llegar a ser insuficiente para cubrir al menos al 90% de los lesionados —como exige el Reglamento del SOA—, el monto básico se ajustaría al alza.
De acuerdo con datos del INS, en 2024, el 60,7% de los 45.570 lesionados en percances de tránsito eran motociclistas. “La mayor parte de las personas lesionadas en accidentes de motocicleta tienen entre 18 y 37 años”, detalla un boletín de prensa de INS emitido el pasado 19 de junio.
En el documento se añade que, en 2024, 15.688 personas fueron atendidas en la Red de Servicios del INS por accidentes en los que se vio involucrada una moto. El Hospital del Trauma registra que las principales lesiones sufridas por motocicletas se producen en el pie, tobillo, las piernas, la muñeca de las manos, hombros y brazos.
Según indicó la Oficina de Prensa del INS, debido a la dinámica propia de los eventos en los que se ven involucradas las motos, las lesiones resultantes tienden a presentar un mayor grado de severidad.
En el 2024, la póliza obligatoria cubrió a más de 1,3 millones de propietarios de vehículos, de los cuales los motociclistas eran 237.000, casi un 20% del total, según datos de Sugese.
En los últimos años, la proporción de personas cubiertas completamente ha tendido a bajar y de continuar así, el monto de cobertura de ¢6 millones sería insuficiente para cumplir con la regla dispuesta en la normativa y obligaría a un ajuste.
En el 2023 (último dato disponible), el monto de cobertura vigente fue suficiente para los gastos del 92,6% de los 39.611 afectados en accidentes en los que intervino un automotor, según el Informe de revisión del monto de cobertura del SOA para 2026, elaborado por la Sugese.
En el 2019, la cobertura alcanzaba para un 93,2% de los lesionados; y en 2014, para un 96,7%. Estos datos, al igual que el del 2023, contemplan a afectados a los que se les duplicó la cobertura a ¢12 millones por complicaciones médicas.
Excluyendo a este grupo de personas en el cálculo, el monto de la cobertura de ¢6 millones fue suficiente para el 91,71% de los lesionados que sufrieron un siniestro durante el 2023.
El reglamento de la póliza obligatoria, vigente desde el 2016, establece que el monto básico de la cobertura del seguro obligatorio debe cubrir, como mínimo, al 90% de los lesionados en accidentes de tránsito.
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¿Qué implicaría subir el monto básico de cobertura?
Un incremento en la cobertura básica del SOA se traduciría en un aumento en las primas, “las cuales estarían por determinarse hasta tanto se realicen los estudios actuariales correspondientes y teniendo claro un nuevo monto que llegue a aprobarse”, indicó el INS.
Ante esto, la Sugese advirtió que el cambio que se quiera hacer debe ser gradual.
Adicionalmente, como el seguro obligatorio es uno de los componentes obligatorios del derecho de circulación, un incremento en el pago del seguro, producto de una subida en la cobertura, tendría un efecto inmediato en el valor del marchamo.
Según la Superintendencia, el costo del marchamo podría elevarse “bajo el supuesto de que los otros componentes (del derecho de circulación) no están variando”.
Por medio del SOA, las víctimas de accidentes de tránsito cuentan con cobertura de hasta ¢6 millones por evento, para la atención médica, pago de incapacidades e impedimentos.
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El sitio web del INS expone que este rubro puede duplicarse solo para la atención médica cuando: el lesionado no sea asegurado del Régimen de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, cuando tenga menos de 18 años o cuando esté en riesgo la vida del afectado.
Según el informe de la Sugese, en 2023 se contabilizaron 366 lesionados a los que se les duplicó la cobertura, y esos ¢12 millones no fueron agotados.
Sugieren revisar cobertura básica
Cuando se agota la cobertura, en la mayoría de los casos, le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) continuar atendiendo a la víctima del accidente de tránsito.
Por ejemplo, la Caja atendió casos graves que, si bien fueron minoría (casi 3.000 personas) en cantidad de lesionados en 2023, la severidad de los mismos provocó que al menos un 20% de los costos fueran asumidos por ella.
En algunos casos, dice el informe de Sugese, la CCSS incluso asumió el 100% de los costos de algunos lesionados, porque no había claridad o no se pudo verificar que las víctimas correspondían a un accidente de tránsito.
Por lo expuesto, la Superintendencia recomienda revisar el monto de la cobertura básica, pero también sugiere modificar la definición del umbral para que se incluya un parámetro relacionado con los costos incurridos.
La propuesta plantea revisar el artículo 4 del Reglamento del SOA con la finalidad de establecer que el límite del monto básico cubra, como mínimo, el percentil noventa de la distribución de frecuencia de los siniestros (tal y como está actualmente) y de la distribución del costo total de los siniestros.
“El objetivo (de la propuesta de reforma normativa) es que no solo para el 90% de los lesionados la cobertura sea suficiente, sino que la cobertura sea suficiente para cubrir el 90% de los costos totales en los que se incurre para atender a los lesionados por accidentes de tránsito, de forma tal que ese seguro cubra casos que en la actualidad deben ser atendidos por la CCSS”, explicó la entidad a través de su Oficina de Prensa.
Esta recomendación no es nueva, pues se ha hecho desde el informe técnico del 2017.
Para estimar el monto de cobertura que se requeriría para cumplir con la propuesta, la Superintendencia realizó una simulación y obtuvo que el monto de cobertura que se necesitaría sería de ¢15 millones, según el informe más reciente.
Sin embargo, la Oficina de Prensa aclaró que esta cifra no proviene de un estudio actuarial formal, el cual sería necesario para definir con precisión la cobertura ideal.
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Al final, el Poder Ejecutivo es el encargado de actualizar el límite del monto básico de la cobertura del SOA, considerando el estudio técnico que presente la Sugese.
Este diario consultó al INS si considera que se debe subir el monto de la cobertura básica del seguro obligatorio.
La aseguradora informó que es “respetuosa de lo establecido en la normativa vigente” la cual establece que corresponde al Poder Ejecutivo la actualización de dicho rubro.
