Resulta llamativo — y, a la vez, revelador — que el país haya dedicado la última semana a discutir sobre fotografías. La presidenta con un productor de espectáculos detenido en el caso Éxodo; una exdiputada oficialista con un empresario cuya extradición solicita Estados Unidos por legitimación de capitales; dirigentes liberacionistas y un expresidente con el otro productor del mismo caso.
Cada fracción exhibe, con indignación impostada, la foto ajena y relativiza la propia, mientras las jefaturas negocian una comisión investigadora — nueve diputados y doce meses prorrogables, según la moción original — que tendría como primer insumo, justamente, más fotografías. Es la puesta en escena de siempre: mucho ruido, golpes de efecto y, al final de la función, ninguna regla distinta de las que hicieron posible el problema.
Conviene, antes de seguir, poner los hechos en su lugar. El caso Éxodo investiga, según las autoridades, si una estructura criminal invertía dinero del narcotráfico en espectáculos masivos, propiedades, vehículos, ganado y oro para darle apariencia legítima.
El empresario de origen chino, por su parte, aparece fotografiado en la celebración del triunfo electoral del partido de gobierno, cuyo secretario general, según se ha reportado, reconoció conocerlo, aunque la presidenta asegura que “no aportó ni un colón”.
Todo esto ocurre un mes después de que la propia presidenta afirmara que el narcotráfico había penetrado “hasta el tuétano” al Poder Judicial y a las policías — más de 200 oficiales están hoy bajo investigación — y en un país cuyos decomisos de cocaína alcanzaron en 2025 las 46,5 toneladas, la segunda cifra más alta de su historia.
Digámoslo con claridad: la presidenta tiene razón en algo y se equivoca en lo esencial. Tiene razón en que una fotografía tomada en un acto multitudinario no prueba nada — la responsabilidad por asociación es un pésimo estándar en una democracia y, en un país pequeño, cualquiera termina al lado de cualquiera —.
Se equivoca, y gravemente, cuando afirma que verificar el origen de los fondos “corresponde a las instituciones financieras”.
No es así: el Código Electoral obliga a los partidos a identificar y registrar a quien les entrega dinero, y la Ley 10755 — publicada en setiembre de 2025 — fue más lejos: informes mensuales de donaciones durante la campaña, contadores registrados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y, sobre todo, la facultad del Tribunal de exigir a donantes, prestamistas y compradores de certificados de cesión prueba de su solvencia y de la trazabilidad de los recursos, con remisión inmediata al Ministerio Público de quien se niegue o mienta. La diligencia debida no se subcontrata; menos aún cuando se trata de quien aspira a gobernar.
El problema de fondo no es quién apareció en la foto. Es que el crimen organizado no necesita fotografías; necesita puertas, y Costa Rica tiene tres abiertas desde hace años, señaladas una y otra vez por quienes han tenido la paciencia de mirar: un esquema de financiamiento partidario que empuja a los partidos a endeudarse con privados mediante un papel de trazabilidad parcial; un cabildeo sin regla alguna; y un sistema contra la legitimación de capitales diseñado para los bancos, que mira poco hacia los sectores por donde hoy circula el dinero.
Sería ingenuo — o conveniente — suponer que quien penetró “hasta el tuétano” a jueces y policías se detuvo, respetuosamente, en la puerta de los partidos.
Primero, el dinero
El Estado paga la contribución electoral casi toda después de la elección y contra liquidación de gastos, de modo que, para financiar la campaña, los partidos ceden ese derecho futuro mediante certificados de cesión — los “bonos”— a quien quiera comprarlos.
La Misión de Observación Electoral de la OEA lo describió en febrero con precisión incómoda: un modelo que genera una “excesiva dependencia” del dinero privado, sin límites a las contribuciones individuales ni topes al gasto, y sobre el cual la Misión recibió “diversos relatos” de preocupación por recursos de origen ilícito y por financiamiento prohibido proveniente del extranjero.
Las cifras lo confirman. En 2026 se autorizaron cesiones por ¢71.317 millones contra una contribución estatal de ¢39.293 millones: se emitió papel por casi el doble de lo que el Estado pagará, lo que convierte a cada certificado en una apuesta sobre el resultado electoral y a cada comprador grande en acreedor del partido — y, muy posiblemente, de los liderazgos — que gobierna.
Las consecuencias están a la vista. El TSE tiene abiertos 155 estudios de solvencia — frente a 83 en 2022 — sobre ¢3.411 millones de la campaña recién concluida; ¢2.439 millones corresponden al partido de gobierno, financiado casi por completo con certificados, y el Tribunal reporta compras individuales inéditas, superiores a ¢50 millones y hasta a ¢100 millones, en un contexto en que las donaciones perdieron peso desde 2010 y los bancos, escaldados por casos previos, prestan cada vez menos a los partidos.
Hay un dato que resume el problema de fondo: desde que rige el Código Electoral de 2009, apenas cinco expedientes de campañas presidenciales han llegado al Ministerio Público.
No necesariamente porque el dinero haya sido limpio, sino porque el sistema fue construido para revisar el uso de los recursos y no su origen.
La respuesta política ha sido la de siempre. Desde al menos 2021 el Tribunal pide eliminar los certificados, aumentar la contribución estatal, fomentar las donaciones pequeñas y crear franjas electorales en radio y televisión; sus dos proyectos de ley, según sus propios magistrados, “murieron por inanición” sin que diputado alguno los analizara, y la propia Ley 10755 nació de un proyecto del Tribunal al que la comisión dictaminadora extirpó, en setiembre de 2024, el anticipo del 50 % y el fondo de pauta.
La legislatura anterior hizo además algo peor: en febrero de 2025 recortó — con una propuesta, paradójicamente impulsada por el Frente Amplio — la contribución estatal de 0,19 % a 0,11 % del PIB para el ciclo 2026-2028, con lo que agrandó justamente el hueco que los certificados llenan, sin corregir los problemas de equidad en el acceso y dejando aún más en manos de los financistas privados a partidos políticos y egos políticos convertidos en movimientos. Y en marzo de este año archivó — con votos del oficialismo, el PUSC, Nueva República y el PLP — el proyecto que endurecía las reglas de los certificados: que solo pudieran emitirse a nombre de personas físicas costarricenses, bancos o medios de comunicación, que cada transmisión se registrara y reportara al Tribunal y que todo pago pasara por entidades supervisadas. Requería 29 votos para seguir vivo; obtuvo 22.
Un sistema que lleva a los partidos a colocar más de ¢71.000 millones en papel contra ¢39.000 millones de fondos públicos está diseñado, simplemente, para necesitar dinero de donde venga.
La práctica internacional no exige inventar nada; exige, apenas, leer. Los estándares — del Consejo de Europa a la OCDE e IDEA Internacional — y las reformas de la región coinciden en un diagnóstico: el dinero ilícito entra donde el financiamiento público llega tarde, donde no hay topes y donde el donante se conoce cuando la elección ya pasó.
De 181 países, 69 % financian a sus partidos con fondos públicos directos y la mitad limita lo que un donante puede dar; Costa Rica solo acompaña a la minoría que prohíbe donar a las empresas, que es lo que menos importa al crimen organizado.
Las soluciones que funcionaron comparten cuatro rasgos: financiamiento público anticipado y suficiente, que reduce la dependencia del crédito y del efectivo; topes a los aportes y al gasto, con publicidad de los donantes mientras dura la campaña; una autoridad electoral con poder real de sanción y penas que alcancen al candidato beneficiado y no solo al tesorero; y cooperación permanente con la inteligencia financiera, porque la fiscalización solo ve el dinero que pasa por los bancos.
Chile las adoptó en una sola ley en 2016, a partir de un escándalo y no de un seminario de expertos, y aunque sus evaluaciones no son complacientes, cerró las puertas que Costa Rica mantiene abiertas.
Los fracasos enseñan otro tanto: donde la financiación pública llega después de la elección y lo privado supera el 96 % de los ingresos — Colombia —, los grandes casos prescriben; donde se prohibió donar a las empresas sin un sustituto suficiente — Brasil —, el dinero se desplazó al autofinanciamiento y a la caja paralela; y donde la fiscalización en tiempo real no se acompaña de inteligencia financiera — México —, hay alta vigilancia y baja disuasión.
Para Costa Rica la receta es, por tanto, directa y puede resumirse en cinco decisiones:
- Sustituir los certificados de cesión por un anticipo garantizado de la contribución estatal, extendido a las elecciones municipales — donde, como advierte el propio Tribunal, no hay anticipo ni certificados y solo queda, en consecuencia, el dinero privado justamente en las unidades políticas y en las regiones probablemente donde la penetración del crimen organizado es mayor — y con un responsable financiero identificable en cada campaña cantonal.
- Fijar topes al aporte individual y al gasto de campaña, que hoy no existen.
- Publicar mensualmente, con nombre y monto, donantes y cesionarios mientras dura la campaña, y no en una liquidación que nadie lee.
- Dar rango de ley, presupuesto y carácter obligatorio al sistema de fiscalización en tiempo real que el Tribunal apenas ensaya en plan piloto con 11 partidos.
- Y tipificar con claridad el financiamiento ilegal, incluida la compra de certificados por intermediarios, como delito electoral con penas que alcancen al candidato beneficiado y no solo al tesorero.
Segundo, la influencia
En Costa Rica el cabildeo no está regulado: no hay registro de quienes gestionan intereses ante el poder, ni agendas públicas de las autoridades, ni periodos de enfriamiento para quien pasa del despacho público a la empresa que regulaba.
La OCDE lo señaló en su estudio económico de 2025 como una fuente de influencia indebida sobre las políticas públicas y recomendó lo elemental: definir qué es cabildear y quién cabildea, crear un registro público, una autoridad que vigile y sanciones.
Los proyectos existen y nadie los empuja.
El expediente 21.346 — registro de cabilderos ante la Procuraduría de la Ética Pública, agendas públicas de reuniones, viajes y regalos para presidente, ministros, diputados, magistrados y presidentes ejecutivos, multas de dos a diez salarios base — llegó al plenario en 2019 con dictamen favorable y nunca se votó; el 24.111 fue archivado en agosto de 2025 en la Comisión de Gobierno y Administración con votos del oficialismo y del PLN, y su sucesor, el 25.170, espera dictamen; antes hubo al menos otros seis intentos desde 1998.
La OCDE, que ya le había recomendado regular el cabildeo en 2022, asigna a Costa Rica 0 % en regulación y en práctica en sus comparaciones de 2024 y 2026. La razón es transparente, justamente porque la regulación no lo es: regular el cabildeo incomoda por igual a quien gobierna y a quien aspira a gobernar y complica más a los intereses privados cooptar y capturar los liderazgos políticos, las instituciones y sus políticas públicas.
El contraste con las fotografías es exacto. Los regímenes que funcionan — Chile, Irlanda, Canadá, la Unión Europea — comparten tres rasgos: obligan a las autoridades a publicar con quién se reúnen, en nombre de quién y sobre qué; exigen a los cabilderos inscribirse y declarar periódicamente su actividad, su gasto y sus donaciones políticas; e imponen periodos de enfriamiento y sanciones reales, que en Canadá llegan a la cárcel.
La recomendación de la OCDE de 2024 añade lo que el mundo de las redes sociales exige: transparentar quién financia a los actores que buscan influir y dejar una “huella” pública de quiénes intervinieron en cada decisión.
Los fracasos también son instructivos: los registros voluntarios o acotados a consultores — el Reino Unido — captan casi nada; las sanciones que nunca se aplican — Francia — degradan el régimen; y los registros de audiencias sin campos obligatorios sobre la materia tratada — Chile — producen volumen sin sustancia. La lección es publicar agendas con contenido, cubrir al Legislativo y a los gobiernos locales, sancionar y enlazar el cabildeo con el financiamiento político.
Donde esas reglas rigen, la reunión de una autoridad con un empresario es un asiento en un registro, no una foto que alguien descubre meses después y que, por definición, no dice de qué se habló ni a cambio de qué.
Aquí, en cambio, discutimos fotografías porque son el único registro que existe de quién se reúne con quién.
Costa Rica necesita una ley que cubra a los tres poderes, a las instituciones autónomas y a las municipalidades; un registro público de cabilderos y de agendas con la materia tratada; un periodo de enfriamiento de al menos dos años, como piden los estándares internacionales; y una autoridad — la Procuraduría de la Ética Pública es la candidata natural, atendidas las objeciones de la Corte sobre sus potestades — con capacidad real de sancionar.
Tercero, el lavado de dinero
El sistema costarricense contra la legitimación de capitales gira alrededor de las entidades supervisadas por la Sugef; funciona razonablemente allí y mal fuera de allí.
El Gafilat lleva años señalando la debilidad de la supervisión de los sectores no financieros — en su seguimiento de 2018 el país seguía “parcialmente cumplido” en la diligencia debida de esas actividades, calificación que solo mejoró en diciembre de 2023, y los propios supervisores carecían de acceso directo a la información sobre beneficiarios finales — y el dinero del caso Éxodo, según las autoridades, se movió justamente por donde la supervisión es más débil: conciertos, propiedades, vehículos, ganado y oro.
El estándar internacional ofrece tres herramientas que el país usa a medias.
La primera es la persona expuesta políticamente. La definición del GAFI incluye expresamente a los dirigentes importantes de partidos políticos — y la Unión Europea, Colombia y Argentina los tratan como tales; Argentina incluye incluso a los candidatos —; la costarricense, en cambio, es una lista cerrada de los funcionarios obligados a declarar patrimonio ante la Contraloría y no incluye a dirigentes, tesoreros ni candidatos.
El proyecto que la ampliaría a los cargos de alto nivel partidario, dictaminado por unanimidad en julio, omite a los candidatos y nada dice de los compradores de certificados de cesión; debería incluirlos a todos, con diligencia reforzada sobre las cuentas partidarias y de campaña, y con reporte obligatorio a la Unidad de Inteligencia Financiera de toda compra de certificados por encima del umbral que el propio Tribunal usa para abrir estudios de solvencia.
Paraguay fue más lejos que nadie en la región y convirtió a los propios partidos en sujetos obligados, con oficial de cumplimiento y debida diligencia sobre donantes y candidatos bajo supervisión de su justicia electoral. Si un banco debe preguntar de dónde sale el dinero de un alcalde, con más razón debe preguntarlo de quien compra ¢100 millones en papel de un partido en plena campaña.
La segunda es el beneficiario final. La Recomendación 24 del GAFI, revisada en 2022, exige que esa información sea exacta, actualizada y accesible a las autoridades competentes.
Costa Rica cuenta desde 2019 con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, administrado por el Banco Central, pero la ley solo da acceso directo a Hacienda y al ICD; el TSE debe pedir la información caso por caso y con resolución motivada, cuando debería tener acceso directo y un canal permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera para cruzar donantes, cesionarios, proveedores de campaña y sociedades vinculadas antes de que termine el proceso electoral y no años después.
Brasil cruza desde 2018, en una sala de situación, los datos de su tribunal electoral, su unidad de inteligencia financiera y su administración tributaria; ya en 2016 ese cruce había detectado cerca de R$300 millones en donaciones incompatibles con los ingresos declarados de los donantes.
México lo intenta, no sin fricciones, desde 2019. Costa Rica no tiene siquiera un convenio: el Tribunal remitió diez alertas al ICD entre 2016 y 2021 y la cooperación descansa hoy en los deberes genéricos de alerta que creó la Ley 10755.
La tercera es cerrar las puertas del efectivo. Supervisión efectiva — no formal — de promotores de espectáculos, bienes raíces, comercio de vehículos, ganado y metales preciosos, los sectores por los que, según las autoridades, se movió el dinero del caso Éxodo; y un tope legal a los pagos en efectivo, que Costa Rica no tiene — solo un desincentivo fiscal para compras superiores a tres salarios base —, mientras Francia y España lo fijan en 1.000 euros, la Unión Europea lo fijará en 10.000 euros desde 2027, México lo prohíbe en inmuebles, vehículos y joyas por encima de ciertos umbrales y Perú exige medios bancarios desde 2.000 soles.
La evidencia sobre la eficacia antilavado de estos topes es limitada — sus efectos documentados son sobre todo de formalización tributaria —, pero su ausencia hace que inmuebles, vehículos, ganado y oro puedan pagarse en billetes sin que nadie pregunte.
Nada de esto requiere inventar nada: está en las recomendaciones del GAFI que Costa Rica suscribe como miembro del Gafilat a medir, esta vez, efectividad y no solo normas.
“Que caiga el que tenga que caer”, dijo la presidenta. Es la respuesta penal y es, sin duda, necesaria. Pero la respuesta institucional es la única efectiva, es más barata, más duradera y, sobre todo, es la que la Asamblea evita una y otra vez: una comisión que dedique doce meses a mirar fotografías producirá un informe — y, previsiblemente, otra temporada del mismo espectáculo —, mientras la regulación del cabildeo espera desde 1998, el proyecto sobre certificados de cesión fue archivado en marzo sin mayor rubor y las reformas que el Tribunal pidió hace cinco años murieron sin dictamen.
Conviene no olvidarlo cuando se escuche, en las próximas semanas, a los mismos partidos exigirse mutuamente explicaciones.
La discusión no es, en el fondo, sobre quién posó con quién, sino sobre la convivencia democrática: sobre por qué nuestras reglas hacen que una fotografía no pruebe nada y que el dinero no se pueda seguir; es decir, sobre un sistema político que, al tiempo que se escandaliza ante las ciudadanías, se niega a cerrar las puertas por las que entra el dinero que lo escandaliza.
Mientras eso no cambie, cada campaña producirá nuevas fotografías y, tarde o temprano, nuevos extraditables. Lo demás es, como casi siempre, espectáculo.