El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, afirmó este miércoles que los inversionistas del mercado local están demandando un aumento en las tasas de interés para adquirir bonos de deuda del Gobierno.
Durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, el ministro Acosta explicó que la exigencia obedece a dos factores: el retraso en la colocación de los eurobonos y la ausencia de aprobación de créditos de apoyo presupuestario por parte de la Asamblea Legislativa.
“En vista de que se viene atrasando el tema de eurobonos (...) y la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario, los participantes del mercado local están demandando más tasa de interés. ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Que lo pagan los costarricenses", reclamó Acosta.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó positivamente, de manera unánime, el proyecto de ley (expediente 24462), que busca postergar las dos últimas emisiones de eurobonos, por un monto de $1.000 millones cada una. Esta iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo.
La ley de eurobonos, aprobada en 2022, permitió al Gobierno endeudarse en el mercado internacional por un total de $5.000 millones en cuatro emisiones. De estas, el Ministerio de Hacienda ya ejecutó dos, por $1.500 millones cada una, en 2023.
Las siguientes emisiones de bonos estaban previstas para 2024 y 2025; sin embargo, con la modificación solicitada por el Gobierno, podrán realizarse en 2025 y 2026. El proyecto está actualmente en el Plenario, tras superar la etapa de mociones 137, donde se actualizó su texto. Ahora, necesita pasar por las mociones de reiteración antes de enfrentar el primer debate.
La Nación consultó al ministro de Hacienda si mantiene su postura respecto a la necesidad de haber aplazado los bonos, considerando que ahora se señala como uno de los factores que han incrementado las tasas de interés exigidas por los inversionistas. Al cierre de esta nota, la consulta seguía en trámite.
Esta no es la primera vez que un Gobierno enfrenta tensiones por el aumento en las tasas de interés. En el 2022, Elian Villegas, entonces ministro de Hacienda, cuestionó al conglomerado financiero del Banco Popular por presionar al alza los rendimientos de los bonos de deuda interna del Gobierno, calificándolos de “especulativos”.
En el 2018, la ministra de Hacienda de ese momento, Rocío Aguilar, afirmó que el Gobierno tuvo que recurrir a las letras del tesoro del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para financiarse, debido a que las tasas ofrecidas por los inversionistas en las subastas eran “obscenas”. Esa situación encendió las alertas y motivó el uso de dicho mecanismo para evitar una colocación “desordenada” de deuda de corto plazo que elevara aún más las tasas en el mercado.
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Ministro insiste en reforma constitucional
Durante su intervención, el jerarca de Hacienda destacó que los inversionistas solicitaron mayores tasas de interés debido a que se ha dado un atraso en la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario por parte de la Asamblea Legislativa.
“¿Cuál es la piedra que nos inhibe de tener grado de inversión? Poder ir a los mercados internacionales con mayor flexibilidad de la que tenemos hoy”, señaló Acosta.
Para obtener mayor “flexibilidad”, explicó que el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de ley 24281, que propone una reforma constitucional para modificar el proceso de aprobación legislativa de créditos con endeudamiento externo.
En términos prácticos, esto le permitiría al Ejecutivo acceder al mercado internacional, ya sea para emitir bonos o, eventualmente, obtener créditos de apoyo presupuestario, siempre con la autorización de la Asamblea Legislativa, pero a través del presupuesto de la República y no mediante un proyecto de ley. Esto último, según el ministro, llega a duplicar o triplicar el proceso.
La reforma plantea modificar tres artículos de la Constitución. El primero, que altera el inciso 15 del artículo 121, busca mantener el actual procedimiento de aprobación legislativa posterior a la firma del contrato, pero limitándolo a los créditos destinados a financiar inversión pública.
Luego, se modifica el artículo 176 para incorporar un límite de endeudamiento en el presupuesto ordinario, estableciendo que el presupuesto no solo sea una proyección de ingresos y un límite de gastos, sino también un tope de deuda, tanto interna como externa.
Así, la Asamblea Legislativa aprobaría no solo los ingresos y egresos, sino también la deuda para cubrir el déficit, autorizando anualmente el endeudamiento externo.
Finalmente, se añadiría un párrafo al artículo 177 para hacer explícita la inclusión de la aprobación de endeudamiento en la reforma del artículo 176, especificando que los créditos externos que apoyen el presupuesto deben estar dentro del límite de endeudamiento del presupuesto ordinario.
“Nos autorizan a endeudarnos, pero solo nos permiten utilizar la tarjeta de crédito cara. Yo creo que desde el punto de vista práctico hay que entender que una economía como la costarricense (...) requiere tener una flexibilidad que hoy no tenemos, porque a la Asamblea no le ha dado la gana aprobar esa reforma constitucional”, señaló Acosta.