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El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende cobrar el 13% del impuesto al valor agregado (IVA) a entidades como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las universidades estatales.
Actualmente, la adquisición de bienes y servicios que realiza el OIJ, para el cumplimiento de sus funciones, está exenta del pago del impuesto.
Mientras que la Ley de Impuesto al Valor Agregado (6.826) dispone que las compras y ventas que ejecutan las instituciones estatales de educación superior, para la realización de sus fines, tienen una tarifa reducida del 2%. Dicha norma beneficia a la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Técnica Nacional.
Sin embargo, la iniciativa Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario (25.797), presentada ante la Asamblea Legislativa este martes 22 de setiembre, busca derogar ambas disposiciones.
Desde octubre de 2023, el OIJ goza de la exoneración de pagar el IVA, pues los diputados aprobaron en el Congreso una ley con el propósito de que la institución liberara recursos que pudiesen ser destinados al combate contra la criminalidad.
Según las estimaciones del entonces jerarca del OIJ, Rándall Zúñiga, eximir a la institución del IVA significaba ahorrarse hasta ¢1.250 millones al año, monto que aún en ese momento se consideraba insuficiente.
Justificación para proponer eliminación de exenciones
El Ministerio de Hacienda aseguró que con la propuesta de ley se propone una derogatoria general de las exenciones aplicables a los derechos arancelarios, al IVA, al impuesto selectivo de consumo y al impuesto sobre la propiedad de vehículos.
Se mantendrían “únicamente aquellas exenciones que se encuentren justificadas por disposiciones constitucionales, compromisos internacionales vigentes o razones de política pública que se considere necesario preservar”.
De esta forma, la propuesta, según Hacienda, eliminaría exoneraciones de “reducido impacto relativo” y preservaría las dirigidas a sectores con “demostrados efectos positivos” sobre la producción, el empleo, la competitividad y el bienestar de la población.
Iniciativa requiere 38 votos
La iniciativa planteada por Hacienda este 22 de setiembre tendría, entonces, implicaciones para el Poder Judicial.
De acuerdo con la Constitución Política, para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa deberá consultar a la Corte Suprema de Justicia.
“Para apartarse del criterio de esta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea (es decir, 38 votos)”, agrega el artículo 167 de la Constitución.
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