Un total de 13 proyectos de ley que ingresaron a la Asamblea Legislativa desde mayo del 2022 hasta octubre del 2024 tienen el potencial de impactar la recaudación tributaria hasta en ¢1.130.386 millones anuales, lo que equivale al 2,3% del producto interno bruto (PIB) estimado para 2024, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Algunas de estas iniciativas ya son ley de la República.
En total, las 13 iniciativas forman parte de un conjunto de 44 proyectos de ley que podrían incidir en la recaudación fiscal. No obstante, el Ministerio estimó el monto de solo 15 propuestas. De estas, una fue modificada y dejó de tener impacto fiscal, mientras que otra fue archivada por los legisladores. En consecuencia, quedan 13 iniciativas pendientes o ya aprobadas que sí pueden alterar los ingresos tributarios.
Para especialistas como el exministro de Hacienda, Elian Villegas; el exviceministro de esta misma cartera, Fernando Rodríguez, y el economista José Luis Arce, tales propuestas ponen en riesgo el proceso de consolidación fiscal del país y podrían marcar un retroceso definitivo en los avances logrados tras la reforma del 2018.
La Nación verificó el estado y los impulsores de cada proyecto. Las 13 propuestas fueron presentadas por las seis agrupaciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa, incluido el partido oficialista. Cinco se convirtieron en ley, incluida una del Partido Acción Ciudadana (PAC) aprobada durante esta legislatura. Las ocho restantes están en la agenda legislativa: algunas en comisiones, otras en discusión en el plenario o ya superaron el primer debate.
Rudolf Lücke, viceministro de Ingresos de Hacienda, afirmó que para la estimación del impacto se efectúa la reproducción de la carga tributaria que recae sobre los contribuyentes para evaluar los cambios que implicarían los proyectos de ley. Para ello se basaron en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Banco Central de Costa Rica, y en la recaudación de Hacienda.
La propuesta con mayor impacto reduciría en ¢700.000 millones los ingresos del Gobierno, según la estimación de Hacienda. Esta iniciativa, presentada por el Partido Liberal Progresista (PLP), afectaría el impuesto sobre la renta al permitir que todas las remuneraciones de empresas con al menos el 20% de su planilla compuesta por personas mayores de 40 años, por personas de 18 a 25 años o por mujeres en estado de embarazo o en lactancia sean deducibles como gastos.
Juan Carlos Brenes, director general de Hacienda, explicó que la afectación por ¢700.000 millones se obtuvo tras determinar los niveles de empleabilidad de esos grupos y calcular el monto de impuestos que tributan, para conocer cuánto debería dejar de recibir la cartera en caso de que fueran deducibles.
Para el proyecto 23.197, que se convirtió en la ley Incentivos para la formalización y el desarrollo de las Mipymes en Costa Rica, N°. 10512, Hacienda estima una pérdida de ¢100.000 millones.
Esta nueva legislación norma permite que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan aplicar más incentivos fiscales y deducciones en el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto de renta, según explicó Lücke. Por ejemplo, ahora pueden deducir gastos relacionados con investigación, innovación, capacitación y contribuciones de grandes compañías para transferencia de tecnología, mejoras en gestión de calidad y medio ambiente.
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De los cinco proyectos que ya son ley, Hacienda estima una afectación de ¢182.376 millones. Entre estos se incluyen el proyecto de rebaja del marchamo, una reducción del IVA en productos de salud e higiene menstrual y otra en útiles escolares, y dos iniciativas para reducir renta y otorgar beneficios a mipymes, donde se incluye la ley N.° 10512 mencionada anteriormente.
A lo largo del año, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, criticó a los legisladores por aprobar algunas de estas iniciativas que reducen los ingresos tributarios. No obstante, esta no es la única razón para la disminución de los ingresos, ya que también influye la depreciación del dólar respecto al colón.
Retroceso fiscal
José Luis Arce, economista y director de Análisis y Estrategia de la firma CFS Capital, advirtió sobre dos riesgos derivados de la disminución de la carga tributaria: el debilitamiento de un ajuste fiscal que está “a medio camino” y la regresividad de algunos proyectos, como la rebaja del marchamo, que benefician más a quienes tienen mayor poder adquisitivo.
Aunque los ingresos del Gobierno crecieron en términos nominales entre enero y setiembre del 2024 en comparación con el mismo periodo del 2023, estos no lo hicieron como porcentaje del PIB. Los ingresos totales pasaron del 11,3% de la producción, en setiembre del 2023, al 11,1% en setiembre del 2024. Por su parte, los ingresos tributarios cayeron del 10,1% al 9,8% en el mismo lapso.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, destacó que la reducción de ingresos en 2,3% del PIB equivale a un monto significativo que podría comprometer el proceso de mejora fiscal iniciado con la reforma tributaria del 2018. Además, advirtió de que podría incrementarse el gasto en intereses debido a la necesidad de emitir deuda para financiar el déficit.
Añadió que desde el 2023 el país arrastra una desmejora de los resultados fiscales, con un déficit fiscal cada vez mayor, y un superávit primario (ingresos menos gastos sin contar el pago de la deuda) que se ha reducido, por lo que es necesario analizar el posible beneficio que generaría cada proyecto frente a los efectos negativos en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“No hay equilibrio fiscal que aguante una reducción tan importante en los ingresos tributarios”
— Elian Villegas, exministro de Hacienda.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Ingresos, coincidió al señalar que tras la reforma de 2018 se ha producido una “contrarreforma tributaria”, intensificada durante esta legislatura y este Gobierno.
Agregó que la eventual aprobación de estos proyectos podría afectar en el mediano plazo el gasto en inversión social, como en educación o atención de desastres naturales, comprometiendo la competitividad del país.
“Esto es muy complicado. Como país no se puede hacer un esfuerzo político, económico y social para hacer una reforma tributaria y después erosionarla. Se puede minimizar el impacto de un solo impuesto, pero en conjunto la magnitud es muy grande. Eso no puede seguir”, dijo Rodríguez, quien también es economista.
Arce llamó la atención de que, a pesar de que el Gobierno aqueja los impactos en los ingresos, no ha hecho un mayor esfuerzo en reducir el gasto, el cual aumentó entre enero y setiembre, según el informe de cifras fiscales de Hacienda con corte a ese mes.
Estilo agresivo del gobierno
Villegas, Arce y Rodríguez coincidieron en que el estilo agresivo del Gobierno al tratar con sus contrincantes políticos y algunos diputados ha debilitado su capacidad para negociar proyectos de ley y solicitar mayor comprensión en el debate legislativo.
Arce destacó que el Gobierno tiene un margen de maniobra limitado. Aunque puede vetar algunos proyectos aprobados por la Asamblea, esta tiene la posibilidad de resellarlos. Por ello, el reto para el Ministerio de Hacienda y la Presidencia es más político que fiscal, según señaló.
Villegas criticó que los diputados han sido demasiado generosos en otorgar concesiones al Ejecutivo, pero también han mostrado poca conciencia fiscal al aprobar exoneraciones o reducciones de impuestos.
También se cuestiona la diligencia del Ejecutivo a la hora de impulsar una reforma tributaria. “Una cosa es llevar un proyecto a la secretaría de la Asamblea Legislativa y dejarlo ahí, y otra es impulsarlo. Eso el Ejecutivo no lo ha hecho. Con esa actitud displicente se abrió el espacio para estos otros proyectos de ley”, concluyó Arce.
