Un grupo de estadounidenses comenzó un proceso de arbitraje contra el Gobierno de Costa Rica, amparado en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta).
Los extranjeros aducen que hicieron inversiones entre el 2003 y el 2007 para construir viviendas de lujo en Playa Grande de Santa Cruz, Guanacaste, pero que desde el 2006 comenzaron a recibir notificaciones oficiales del Gobierno de Costa Rica con la intención de expropiar esas tierras frente al mar.
Ahora los extranjeros pretenden recibir un pago del Gobierno costarricense que compense la inversión que hicieron.
"Los inversores no cuestionan el derecho soberano de Costa Rica para expropiar tierras, de buena fe, para un propósito válido y público. Ellos solo quieren recibir el valor justo de mercado de las tierras que han sido forzadas a renunciar, tal como lo establece el Cafta y el derecho internacional consuetudinario", señala un comunicado enviado al semanario El Financiero por el notario Vianney Saborío, uno de los abogados de los estadounidenses.
Según el mismo documento las autoridades costarricenses decidieron expropiar para la creación de un parque nacional que abarque la zona de anidación de la tortuga Baula, en peligro de extinción.
Así las cosas, los demandantes alegan que el Gobierno no cumplió con la compensación equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada.
Todd Weiler, otro de los abogados de los estadounidenses, reclama que este grupo de extranjeros ha esperado por una resolución por los últimos ocho años y que además los dueños de las propiedades siguen con la obligación de pagar impuestos sobre los inmuebles.
Saborío explicó que el proceso de arbitraje se abrió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) una institución del Banco Mundial, con sede en Washington.
Los inmuebles expropiados están ubicados en Playa Grande de Santa Cruz, Guanacaste. (Archivo)
