Washington. Un jurado de Dakota del Norte condenó el miércoles a la oenegé Greenpeace a pagar más de $660 millones por perjuicios a una empresa energética que la demandó por protestar contra la construcción de un oleoducto, un caso clave sobre la libertad de expresión en Estados Unidos.
El veredicto es un duro golpe para el grupo ecologista, que fue acusado por Energy Transfer (ET) de orquestar una campaña de violencia y difamación durante la edificación del cuestionado ducto Dakota Access hace casi una década.
“Nos gustaría dar las gracias al juez y al jurado por la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaron a este caso”, celebró la compañía tras la decisión.
“Aunque nos complace que Greenpeace tenga que rendir cuentas por sus acciones, esta victoria es realmente para la gente de Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes que fueron financiados y entrenados por Greenpeace”, añadió ET.
La oenegé ecologista, por su parte, aseguró que apelará la sentencia.
“No se puede llevar a la quiebra a un movimiento”, indicó a la AFP la directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman.
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“Estamos impulsados por la gente, no aceptamos financiación corporativa ni gubernamental, estamos totalmente sostenidos por individuos que dan pequeñas cantidades de dinero... la gente que impulsa organizaciones como Greenpeace... no puedes llevarlas a la bancarrota”, consideró.
La organización había denunciado durante el juicio que este caso tenía como objetivo “silenciarla”.
En el centro de este proceso judicial estuvieron las protestas desencadenadas entre 2016 y 2017 contra el proyeto Dakota Access.
La tribu indígena sioux de Standing Rock y movimientos en pro del medioambiente como Greenpeace, a los que se unieron en varias ocasiones miles de manifestantes, intentaron en vano impedir la construcción de un tramo del ducto que, según los nativos, atraviesa lugares sagrados y amenaza sus fuentes de agua potable.
Cientos de personas en aquellas protestas resultaron heridos y otros tantos detenidos, por lo que la ONU mostró su preocupación por las presuntas violaciones de la soberanía de los indígenas.
A pesar de que entró en funcionamiento en 2017, Energy Transfer siguió adelante con las acciones legales contra Greenpeace. Primero recurrió a un tribunal federal, donde pedía una indemnización de $300 millones, pero la demanda fue desestimada. Luego el grupo empresarial presentó el caso en Dakota del Norte.
