Ciudad de Panamá, Panamá. El gobierno de Panamá reconoció este lunes “graves irregularidades” en la entidad que recauda los impuestos, tras revelarse un fraude de al menos $40 millones que involucra a varios funcionarios.
A inicios de julio, la operación Pandora puso al descubierto un robo continuado de saldos a favor de contribuyentes, conocidos como créditos fiscales, en la Dirección General de Impuestos (DGI).
Las autoridades han detenido a 17 personas, incluidos abogados y varios empleados de la DGI que fueron destituidos y enfrentan cargos de crimen organizado, corrupción y blanqueo de capitales.
El gobierno “ha detectado graves irregularidades” en la DGI, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en un video al señalar que la defraudación “comenzó hace muchos años, captó funcionarios y burló los controles del sistema” informático.
El modelo tributario panameño permite que un contribuyente transfiera sus saldos a favor a un tercero, incluidos bancos, con descuentos. Ese dinero sirve para pagar impuestos.
Aunque las autoridades no han entregado detalles del ilícito, medios como el diario La Prensa aseguran que los funcionarios y sus cómplices eliminaban del sistema operaciones comerciales que habían generado pago de impuestos.
Esos fondos eran convertidos luego en créditos fiscales para ser transferidos a intermediarios e incluso bancos, que aseguran haberlos adquirido de buena fe.
Según los reportes de prensa, el monto del desfalcó podría superar el estimado inicial de 40 millones de dólares.
El ministro Chapman anunció este lunes la suspensión del “trámite de todos los créditos fiscales bajo sospecha”, y pidió a la Contraloría una investigación para identificar las vulnerabilidades de la plataforma.
La imagen de Panamá quedó dañada seriamente en 2016 tras el escándalo internacional de los “Panama Papers”, una publicación que reveló cómo personalidades de todo el mundo utilizaron esta jurisdicción para la evasión, aunque desde entonces el país ha hecho reformas para salir de las listas de paraísos fiscales.