El fondo de pensiones del Poder Judicial deberá utilizar sus reservas, a partir del 2038, para hacerle frente al pago de beneficios a los jubilados debido a la falta de una nueva reforma al régimen para brindarle sostenibilidad.
El más reciente estudio actuarial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de marzo anterior, muestra que los aportes por cotizaciones y las ganancias de las inversiones del sistema serán insuficientes para afrontar los gastos a partir de dicho año.
“De acuerdo con las proyecciones, los ingresos serán superiores a los egresos hasta el año 2037; posterior a esa fecha, se debe tomar recursos patrimoniales de la reserva para hacerle frente al pago de los derechos en curso de pago (...). La reserva presenta un comportamiento estrictamente decreciente. Bajo el escenario de grupo cerrado, la reserva se agotará en el 2048″, se describe en el informe.
En el análisis, elaborado por el actuario Raúl Hernández, se explica que en las condiciones actuales el sistema tiene un déficit actuarial de ¢674.273 millones y carece de solvencia. Para corregir el desequilibrio, el informe recomendó impulsar nuevos cambios legales en el Congreso, centrados en los beneficios a los pensionados pues es la única opción posible para llevar el régimen a la estabilidad.
El estudio también alertó de que la reducción en la cantidad de trabajadores del Poder Judicial y el menor crecimiento de los salarios, debido a la ley de empleo público, ejercerá mayores presiones financieras a futuro.
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Sin embargo, la Junta Administradora del Fondo descartó dicha vía, pues el sistema pasó, en el 2018, por cambios profundos. “Aunque persiste el déficit actuarial medido con el método de población cerrada, después de la reforma del 2018, todos los resultados actuariales han arrojado una tendencia a la disminución de dicho déficit, por lo cual se estima aún no es el momento de promover una nueva reforma al mismo”, detalló dicho órgano a La Nación por escrito.
La Junta añadió que los resultados de las reformas en los regímenes de jubilación conllevan un plazo de mediano a largo para ver reflejado el impacto de los ajustes.
Hace cuatro años, los diputados aprobaron una reforma legal para elevar la contribución de los trabajadores activos y los pensionados del 11% al 13%.
El monto de la pensión también se redujo del 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios, al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios. Se elevó la edad de retiro de 62 a 65 años, y el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente de 10 a 20 años.
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Además, se estableció un tope de pensión de ¢4,6 millones, es decir el equivalente a 10 salarios base de un empleado judicial, el cual es de ¢462.200.
Para las pensiones otorgadas antes de la reforma, que exceden el monto máximo, la modificación legal creo un aporte solidario entre el 35% y hasta el 55% sobre el exceso del monto del tope. Sin embargo, en mayo del 2021, la Sala IV determinó que las deducciones a las pensiones de los empleados del Poder Judicial no podrán superar el 50% del monto total bruto de la jubilación.
Efectos positivos
El informe actuarial propone a los administradores del fondo de pensiones que los nuevos cambios se promuevan solo en el perfil de beneficios de los jubilados, porque el peso de la reforma del 2018 recayó principalmente en los trabajadores actuales y futuros.
“Se recomienda valorar reformas que permitan disminuir el pasivo generado por los beneficios en curso de pago, pues el gran peso de la reforma lo llevan los trabajadores activos”, se subraya en el estudio.
En específico la recomendación fue que la actualización de los montos de pensiones reconozcan solo el 50% de la inflación anual. La legislación vigente establece que se debe reconocer la totalidad de la inflación a los jubilados en el recálculo anual de la cuantía de la pensión.
Adicionalmente, se planeó reducir el monto de las pensiones sucesorias dadas a los beneficiarios del jubilado una vez que fallezca. Actualmente, los familiares reciben el 80% del monto mensual recibido por el trabajador pensionado, pero en el estudio actuarial se plantea que solo sea el 50%.
De acogerse ambas propuestas, el déficit del régimen se reduciría de ¢674.273 millones a ¢166.326 millones. Además, el sistema tendría la capacidad de pagar el 94,3% de las pensiones actuales y futuras, en vez del 74,2% actual, indicador que se conoce como razón de solvencia.
La Junta Administradora del régimen rechazó que la reforma del 2018 recayera principalmente sobre los trabajadores activos, pues estos y los jubilados tienen una cuota obrera del 13%. Pero sí aceptó que los beneficios brindados, previo a los cambios de hace cuatro años, sí difieren de las nuevas pensiones otorgadas.
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“Se estima que los efectos de la reforma ya efectuada al régimen del aún no han cesado, por lo cual se espera que en los años próximos años se continúe la tendencia hacia la disminución del déficit actuarial medido bajo la metodología de población cerrada. Dado lo anterior y conforme a las tendencias presentadas en los estudios, se estima que aún no es necesario plantear una reforma”, argumentaron los administrados del régimen.
Al cierre del 2021, el este fondo de pensiones contaba con 12.800 trabajadores activos, cuya edad promedio era de 40 años. Mientras que contaba con 4.203 jubilados.
La reserva del sistema reportó un saldo de ¢727.895 millones. Estos recursos están invertidos principalmente en el mercado local. Aunque desde diciembre del 2021, la entidad diversificó su portafolio cuando empezó a comprar títulos valores emitidos en el extranjero.
El sistema reportó, el año pasado, ingresos por ¢164.979 millones de los cuales ¢95.629 millones correspondieron a las contribuciones de trabajadores, pensionados, patrono y el Estado. Mientras que ¢69.350 millones corresponden a ingresos financieros por inversiones.
Del lado del gasto, este ascendió en el 2021 a ¢109.400 millones de los cuales el 82% correspondió a pago de pensiones y el restante 18% a cargas sociales y gastos financieros.