El Poder Judicial anuló la contratación de la firma Melinsky, Pelligrenelli y Asociados, seleccionada en marzo pasado para hacer la evaluación financiera del fondo de pensiones de sus empleados.
El 2 de octubre último, la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial ordenó a la Proveeduría rescindir el acuerdo con la compañía argentina, porque no obtuvo la autorización del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas para hacer el análisis al sistema de jubilaciones.
La negativa se dio porque Melinsky contaba con un permiso para brindar servicios actuariales, de manera exclusiva, a la Caja Costarricense de Seguro Social, según dicho colegio profesional.
Esta empresa consultora es la misma que en el 2012 detectó que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial será insolvente en el 2027 y mantiene un déficit actuarial de ¢4 billones.
Previo a la decisión de la Dirección Ejecutiva, un grupo de 10 sindicatos judiciales y un informe de la Auditoría Judicial había recomendado a Zarela Villanueva, presidenta del Poder Judicial, la nulidad del acuerdo.
Sin embargo, un informe del magistrado Fernando Castillo, de agosto anterior, concluyó que la inscripción de Melinsky ante el colegio profesional no era un requisito del cartel de licitación.
El Poder Judicial confirmó que ya se inició el proceso para contratar a otra empresa para que haga el estudio.
Édgar Robles, superintendente de Pensiones, advirtió de que la demora en este análisis significa negarle al fondo las reformas necesarias para evitar su quiebra.
No obstante, Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, descartó que el atraso ponga en peligro el régimen.
El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial se creó en 1937. Hoy tiene 3.367 jubilados y 12.074 empleados activos cotizantes, según los estados financieros del régimen a setiembre.
Eduardo Melinsky, presidente de Melinsky, Pellegrinelli y Asoc., dijo desde Buenos Aires, Argentina, que desconocía la decisión del Poder Judicial y confirmó que el cartel por medio del cual se le adjudicó la consultoría no solicitaba como requisito la inscripción ante un colegio profesional.
Oposición. Las asociaciones gremiales del Poder Judicial plantearon a la presidenta Villanueva, de forma oral, su disconformidad con la contratación de Melinsky, según consta en el acta de Corte Plena 39-2014. Luego manifestaron su oposición por escrito, en una carta dirigida a Villanueva, con fecha del 1.° de agosto.
Jorge Luis Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura, aseguró que en la contratación directa hecha por el Poder Judicial no se garantizó la idoneidad de la firma seleccionada para hacer la evaluación del sistema.
“La firma Melinsky ha sido muy afín a la Superintendencia de Pensiones y esta dependencia tiene una gran inclinación por favorecer a las operadoras privadas de pensión, en detrimento de los fondos solidarios. Lo óptimo es que sea una firma distinta la que haga el estudio actuarial”, dijo Morales.
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, cuestionó el proceso de contratación efectuado por el Poder Judicial, pues incluso se invitó a otros oferentes no calificados.
Otras consecuencias. Robles explicó que, al rescindir el contrato con Melinsky, el Poder Judicial se expone a una sanción pues incumpliría la orden de hacer un estudio actuarial anual al régimen, dictada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para todos los administradores de fondos de pensiones.
“El atraso provoca que más empleados se retiren en condiciones ruinosas para el fondo, como pensiones millonarias y sin tope”, explicó el superintendente.
La directora ejecutiva del Poder Judicial comentó que el nuevo proceso de contratación se inició de manera inmediata. En dicho trámite, el Poder Judicial cuenta con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo.
