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Las pensiones de los exdiputados, pagadas con el presupuesto del Ministerio de Hacienda, son las que tienen el crecimiento más vertiginoso en Costa Rica.
Actualmente, los 208 exlegisladores retirados reciben, en promedio, ¢5 millones al mes. Sin embargo, dicho monto se duplicará cada cinco años, y alcanzará ¢200 millones, en dinero de hoy, dentro de 30 años.
Tal proyección se establece en el Informe Actuarial sobre los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional , contratado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del cual La Nación tiene copia .
El estudio muestra que el sistema de jubilación de los excongresistas, creado en 1984, es el más desproporcionado del país. La posibilidad de ingresar al régimen se cerró en 1995; desde entonces la mayoría de personas electas para el Congreso se pensionan por el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El aumento tan veloz en la pensión de los exdiputados ocurre porque se revalorizan de manera automática un 30%, cada año .
El estudio actuarial estimó que el Estado pagará ¢120.000 millones en los próximos 95 años por la jubilación de los exlegisladores y sus beneficiarios. Pero al incluir el resto de regímenes de pensiones, con más de 20.000 personas, el gasto será de ¢1,7 billones.
Alerta. Es la primera vez que se hace un análisis de este tipo desde que, en 1992, se creó la Ley Marco de Pensiones que cerró una serie de sistemas de jubilación.
En total, se analizaron 16 de los 18 sistemas a cargo del Presupuesto Nacional; se excluyó el Magisterio Nacional. El trabajo hizo una proyección solo de egresos, pues estos regímenes carecen de ingresos provenientes de reservas de recursos.
La investigación determinó que, en el 2045, Hacienda empezará a destinar cada vez menos dinero para financiar estos regímenes de pensiones.
El análisis enfatiza que la situación fiscal del país empeoraría si no se planifica el gasto en pensiones, en los próximos años. Además, recomienda ajustar el monto de las jubilaciones con base en el costo de vida, en especial, las de los exparlamentarios.
Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, confirmó que están imposibilitados para contrarrestar el aumento de estos regímenes especiales y la forma para frenarlos sería una reforma legal.
El Ministerio es el encargado de administrar los sistemas de pensiones con cargo al Presupuesto. Actualmente, la institución redacta un proyecto de ley para frenar el crecimiento de las pensiones de los exlegisladores.
Los diputados Sandra Piszk, Antonio Álvarez Desanti y Ottón Solís coincidieron en que es necesario frenar, de una vez por todas, las jubilaciones sin tope. Los tres eran parte del Congreso que, en 1995, cerró el ingreso de nuevos legisladores al régimen especial.
Piszk presentó, el año pasado, un proyecto de ley similar al que prepara Trabajo. La iniciativa espera la discusión de primer debate en el plenario legislativo.
