Ministerios de Salud, Justicia y Agricultura sufren los recortes más fuertes en el presupuesto del 2023
Reducciones que experimentan casi todos los ministerios se explican por el incremento en el servicio de la deuda, principalmente intereses, y para poder cumplir con la regla fiscal
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó a los diputados cómo el servicio de la deuda estrecha el resto de los gastos. "Con menos recursos cumplimos el contrato sociales", dijo. JONATHAN JIMENEZ
Casi todos los ministerios contarán con menos recursos en el 2023, según el plan de gasto que presentó el Gobierno a la Asamblea Legislativa, este 1°. de setiembre, pero los que sentirán los recortes relativos más fuertes son los de Salud, Justicia y Agricultura.
El presupuesto es por un monto total de ¢12,2 millones de millones, 6,5% mayor que el plan de gastos autorizado hasta agosto del 2022, y cumple con la regla fiscal del 2,56% para cuyo cálculo se restan algunos rubros. La recaudación de impuestos prevista es de ¢7,2 millones de millones, por lo que el resto deberá ser financiado con nueva deuda. De los ¢12,2 millones de millones, el 47% se destina a pagar capital e intereses de obligaciones pasadas.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que el presupuesto de casi todos los ministerios decrece en términos reales (restando la inflación prevista para el próximo año). El ministerio que más crece, dijo, es el de Hacienda porque están incluyendo recursos para hacer una capitalización a la Corporación Andina de Fomento para poder conseguir más créditos de apoyo presupuestario y pagar las deudas.
La inflación prevista para el 2023 que se consideró para el plan de gasto fue la proyección de 4,9% anunciada por el Banco Central, en julio pasado. La Nación calculó las variaciones reales (restando la proyección de inflación).
¿Qué se recorta?
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En la exposición de motivos del proyecto se explica que en el caso del Ministerio de Salud el recorte más significativo está en el rubro de las transferencias corrientes al sector público, las cuales decrecen 14,8% entre el presupuesto actual y el previsto para el 2023. Estas incluyen las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Para el periodo 2023, se asignan recursos por ¢158.941,0 millones en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los cuales sufren una disminución del 14% respecto al monto presupuestado para el periodo 2022, principalmente justificado por el ajuste de recursos efectuado con el fin de atender el cumplimiento de la regla fiscal ante el incremento de los intereses de la deuda cuya obligación debe ser atendida”, justifica el Ministerio de Hacienda, en la exposición de motivos del plan.
También se reducen las transferencias a la CCSS y al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), de la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud y los recursos para financiar los gastos de operación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen Cinai).
Gustavo Picado, gerente Financiero de la CCSS, explicó que las transferencias realizadas desde el Ministerio de Salud, corresponden a las cuotas estatales de trabajadores independientes y asegurados por cuenta propia. Además de recursos relacionados a aseguramientos no contributivos en las cuales destacan la cobertura para el financiamiento de servicios de salud de niños, asegurados por cuenta del Estado (indigentes o reos) y leyes especiales.
“Reducciones en los últimos años, como las que se plantean en este presupuesto, no se han tenido. El 2020 fue la excepción por la pandemia donde se hizo el traslado de lo que estaba programado. Pero no se ha tenido una magnitud de disminución como la de este presupuesto (del 2023)”, dijo Picado.
El jerarca de la Caja enfatizó que detrás de las transferencias del Estado hay un principio solidario. “Las poblaciones cubiertas con cargo a las transferencias son las más vulnerables y las de más escasos recursos. Son personas que no están en el sistema contributivo y el costo asumido por la Caja está por encima de los recursos dados por el Estado”, afirmó.
Picado detalló que anualmente la CCSS hace un estudio del monto previsto de recursos estatales e, históricamente, Hacienda solo presupuesta el 60% de los estimado por la institución autónoma.
“De lo que nosotros calculamos realmente solo se transfiere el 55% y el 45% restante es lo que suma a la deuda del Estado año con año”, afirmó.
En el caso del Ministerio de Justicia la justificación es similar. El presupuesto de este ministerio bajó 3,1% en términos nominales (unos ¢6.147,0 millones menos) respecto a la ley de presupuesto actualizada a agosto 2022, y la rebaja obedece al recorte de recursos que se hizo para atender el cumplimiento de la regla fiscal, ante el incremento de los intereses de la deuda cuya obligación debe ser atendida, según explica el Ministerio de Hacienda en la exposición.
El recorte fue principalmente en gastos de capital (-36,8%) y adquisición de bienes y servicios (-9,3%). Entre las obras afectadas está el subprograma 789-01 132 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, donde no se incorpora el monto ¢5.692,4 millones producto del superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional según la Ley 9954, del 11 de febrero de 2021. Esto debido a la difícil situación fiscal que enfrenta el país, según justificó el Ministerio de Hacienda.
En el Ministerio de Agricultura, por su parte, decrece en términos nominales 2,7% y el principal recorte está en las transferencias de capital. En la Exposición de Motivos del plan no hay mayor detalle de este recorte, solo se indica que dichas transferencias presentan un decrecimiento de 66,8% para el 2023 e incluye recursos para el reconocimiento de beneficios ambientales orgánicos dirigido a organizaciones y sujetos privados que incorporen en sus procesos buenas prácticas y que cumplan con todos los requisitos de ley.
Los que crecen
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Después del Ministerio de Hacienda el plan de gasto que más crece es el servicio de la deuda pública y su vez explica el decrecimiento en caso todos los ministerios.
El servicio de la deuda incluye amortización, intereses y comisiones y en el plan de gasto del 2023 asciende a ¢5,7 millones de millones, un crecimiento de 14,9% si se compara con el presupuesto actualizado a agosto del 2022.
Solo el pago de intereses consume la quinta parte del plan de gastos y presenta un incremento de 11,9% (¢263.953,7 millones).
Para cumplir con estos pagos y a su vez la regla fiscal, la cual demanda que el plan de gasto no puede crecer más de 2,56% es que se recortaron los recursos a casi todos los ministerios. En la exposición de motivos se repite constamente: “al recorte de recursos que se efectuó para atender el cumplimiento de la Regla Fiscal, ante el incremento de los intereses de la deuda cuya obligación debe ser atendida”.
“Si bien los datos presentados evidencian el cumplimiento satisfactorio de la regla fiscal, durante el proceso de formulación presupuestaria, el Ministerio de Hacienda enfrentó un reto mayúsculo para cumplir con el techo de la regla fiscal, se realizaron ajustes a la baja en la mayoría de títulos presupuestarios ya que factores como el crecimiento de los intereses de la deuda (11,9%) disminuyeron aún más el margen, ya ajustado”, se detalla en la exposición de motivos.
Hacienda advierte de que es necesario cambiar la forma en que se financia el gasto público para poder fortalecer la inversión en rubros que marcan una diferencia en el desarrollo humano, pero no es sencillo cuando el principal componente del presupuesto son la deuda y sus intereses.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó a los diputados cómo el servicio de la deuda estrecha el resto de los gastos. "Con menos recursos cumplimos el contrato social", dijo. (JONATHAN JIMENEZ)
