El monto de las pensiones actuales y futuras de los 112.000 docentes afiliados al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) se devaluará y perderá poder de compra, en los próximos 30 años, con el fin de equilibrar el fondo de jubilaciones.
El último estudio actuarial al sistema, con corte al 31 de diciembre del 2022, concluyó que este tiene un superávit de ¢74.116 millones. Sin embargo, la solvencia se logra porque las pensiones no se revalorizarán a la inflación, en las próximas tres décadas.
En el periodo analizado, los maestros y profesores universitarios tendrán ajustes en la cuantía, pero en el acumulado de los 30 años estos serán de 1,56 puntos porcentuales (p. p.) por debajo del costo de vida del periodo, según el informe elaborado por el departamento actuarial de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
De hecho, el estudio muestra que el deterioro en el poder adquisitivo ya ocurre para los 4.377 jubilados que había al cierre del año pasado. En el periodo comprendido entre 1998 y el 2022, los pensionados solo tuvieron aumentos iguales a la inflación en ocho de los 24 años.
El resultado promedio fue que en ese lapso el aumento promedio en la cuantía mensual fue de 5,18%, pero la inflación promedio del periodo fue de 6,83%.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), confirmó a La Nación que solicitaron a Jupema, administrador del régimen, una revisión de la política de revalorización para evitar la afectación de los docentes pensionados. La propuesta de reforma estaría lista en el primer semestre.
Para ejemplificar el efecto adverso que esta medida genera, Aguilar subrayó que los docentes jubilados en el 2000 presentaron, al cierre del 2022, una pérdida de poder adquisitivo superior al 29% y, de continuar la situación actual, a futuro, sus pensiones se devaluarían de forma adicional, en promedio, un 36%.
“Dado que el RCC es un régimen relativamente joven que se encuentra en proceso de acumulación, podría recurrirse a una modificación gradual de los perfiles de requisitos y beneficios, de manera que a futuro se mejore la relación entre los ingresos y los egresos del fondo, lo cual permitiría mantener la solvencia de este régimen sin afectar el poder adquisitivo de las pensiones”, recomendó la superintendente.
LEA MÁS: Supén rechaza estudio actuarial donde se reveló hueco en pensiones de maestros
Sin reforma
En relación con la anterior situación, Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, confirmó a La Nación que no se han planteado promover una reforma al RCC porque las condiciones de cotización, edad de retiro y monto de pensión deben estar fundamentadas en estudios actuariales.
“Resulta anticipado realizar cambios en estas variables muy sensibles para la población, por lo que hemos optado por fortalecer la gestión del Fondo para lograr el rendimiento requerido por medio de la inversión en mercados nacionales e internacionales, así como el potencial que pueden tener las inversiones en infraestructura en el país”, aseguró el representante de Jupema.
Sobre la revisión de la política de actualización de las pensiones, Arias añadió que están en el proceso de realizar los estudios técnicos para determinar las acciones a seguir, en los casos en que se pueda producir una eventual pérdida del poder adquisitivo.
Las condiciones de retiro en el régimen del Magisterio son más beneficiosas comparadas con las del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Los afiliados del RCC, mujeres y hombres por igual, se pueden jubilar a partir de los 55 años con 396 cuotas, es decir, con 33 años de cotización. Mientras que, en el IVM, los hombres se pensionarán, a partir de enero del 2024, a los 65 años y las mujeres a los 63 años.
En el caso del cálculo de la pensión, los docentes reciben, en promedio, el 60% de los sueldos de los últimos 20 años, traídos a valor real. Mientras que en el régimen administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), será hasta 50% del promedio de los salarios reportados en 25 años.
Otra de las diferencias es el nivel de aportes, porque en el fondo del Magisterio se cotiza más. Los docentes contribuyen con el 8% de su salario; los patronos, con un 6,75%; y el Estado, con un 1,57%.
En contrataste, en el IVM el trabajador aporta un 4,17%; los patronos, un 5,42%; y la contribución estatal es de 1,57%.
El RCC es el régimen básico de pensiones más joven del país; se creó en 1992. Este fondo se originó como medida para cerrar los antiguos sistemas de jubilación del Magisterio que estaban desfinanciados y quedaron a cargo del Presupuesto Nacional.
Al cierre del 2022, este fondo tenía 4.377 jubilados a quienes se les pagaron ¢25.128 millones en pensiones.
Además, contaba con 107.798 afiliados activos de los cuales el 74% trabajan en el Ministerio de Educación (MEP). El resto laboran en universidades, públicas y privadas; y colegios y escuelas privadas.
El 68% de los cotizantes al RCC que actualmente laboran son mujeres, es decir, casi 75.000.
El régimen terminó con una reserva de ¢4.295.028 millones y es el fondo de pensiones básico con el mayor activo en Costa Rica.
LEA MÁS: Pérdidas en inversiones pasan factura a fondos de pensión del IVM, Magisterio y Poder Judicial
¿Por qué la afectación?
El deterioro en el beneficio a los afiliados del fondo de pensiones del Magisterio ocurre porque el sistema usa la metodología conocida como fórmula de autobalance, que supedita la revalorización de las pensiones a que la tasa de rendimiento real de las inversiones sea igual o mayor a la tasa actuarial meta calculada en los estudios actuariales.
Cuando este principio ocurre, la cuantía de pensión de los jubilados se actualizará a inflación.
En el 2022, la tasa actuarial meta era de 5,19%. Sin embargo, el rendimiento de las inversiones estuvo por debajo de dicha cifra, con lo cual no se ajustaron las pensiones.
El estudio de Jupema muestra que, entre el 2016 y el 2021, la entidad autorizó incrementos anuales iguales al índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1998 y 2015 estuvo por debajo de la inflación.
La jerarca de la Supén recalcó que la metodología de autobalance, tal como la aplica Jupema, perjudica a los afiliados al régimen.
“La Superintendencia ha señalado que el propósito declarado en la política de revalorización no debe ser el mismo de la política de solvencia, sino que, por el contrario, tanto la solvencia del Fondo como el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones deben ser procurados por Jupema,”, recalcó Aguilar.
Además, instó a que se realice pronto, y de forma paulatina, la reforma en los requisitos de cotización y jubilación del régimen, para que tengan un menor costo para los afiliados.
Aunque el sistema actualmente cuenta con menos de 5.000 pensionados, en los próximos 30 años serán 97.000 personas.
Pese a las críticas de la Superintendencia, el director ejecutivo de Jupema defendió la metodología por la cual se rige el fondo, porque prioriza el equilibrio actuarial y asegura el pago de las pensiones.
“Activar la fórmula de autobalance refleja que la Junta está siendo responsable con el manejo del fondo, por lo que el mecanismo se mantiene. Esta es una manera de proteger las condiciones en que se otorga la pensión y el pago de la misma”, recalcó Arias.
Además, recalcó que la mejor garantía es una adecuada gestión administrativa del Fondo.
