EscucharEl Gobierno Central finalizó setiembre con un deterioro en sus finanzas, luego de que el superávit primario se redujera y el déficit fiscal aumentara respecto los primeros nueve meses del 2023, según informó el Ministerio de Hacienda en su más reciente informe de cifras fiscales.
La institución calificó como “preocupante” el aumento de la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno, la cual se amplió en medio punto del producto interno bruto (PIB), en el noveno mes del año.
El balance financiero, que resulta de restar los gastos a los ingresos totales del Gobierno, incluido el pago de intereses, se ubicó en -2,7% del PIB, lo que refleja que hubo un déficit fiscal mayor en 0,53 puntos porcentuales (p. p.) del PIB respecto al acumulado a setiembre de 2023, que fue de -2,2% de la producción. En términos absolutos, este déficit alcanzó los ¢1.337.347 millones.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, afirmó que esta brecha es “muy preocupante” y comentó que, aunque la mejora en la calificación y perspectiva crediticia por parte de las agencias Moody’s y S&P refleja el esfuerzo del país, algunas propuestas “sin sustento técnico” que reducen ingresos tributarios desvían al Gobierno de la ruta para alcanzar la estabilidad de las finanzas públicas.
El balance primario, es decir, el resultado de restar los gastos a los ingresos del Gobierno sin incluir el pago de intereses, también retrocedió. Aquí el Gobierno registró un superávit primario (ingresos mayores que los gastos) de 1,2% del PIB, inferior en 0,5 puntos al resultado de 1,7% del noveno mes del año anterior, lo que equivale a una disminución de ¢213.623 millones.
Esta es la segunda ocasión en que el superávit primario disminuye a setiembre, ya que en 2023 también cayó en comparación con 2022. El balance primario es importante porque significa que el Gobierno puede cubrir sus gastos sin colocar más deuda, e incluso el excedente se puede utilizar para pagar deuda pública.
Acosta resaltó que el 35,4% de los ingresos del Gobierno se destina al pago de intereses de la deuda, lo cual “genera una rigidez en el presupuesto de la República y dificulta redirigir recursos hacia áreas prioritarias o de alta demanda de la población costarricense”. Por esta razón, subrayó la importancia de generar superávits primarios cada vez mayores.
Por otra parte, Hacienda indicó que el mayor déficit fiscal se debe al aumento en el gasto por intereses, el cual creció en ¢89.462 millones respecto al mismo periodo de 2023, y a que el incremento en el gasto primario (¢350.346 millones), en remuneraciones, transferencias corrientes y gasto de capital, fue mayor que el aumento en los ingresos, que fue de ¢136.723 millones, principalmente por ingresos tributarios.
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Elian Villegas, exministro de Hacienda, comentó a La Nación que es preocupante que el Gobierno haya disparado el gasto y no lo haya podido controlar. Según indicó, además de que la Asamblea Legislativa aprobó leyes que afectan la reducción de los ingresos, el Gobierno hizo aumentos en el gasto que no eran necesarios por el momento, como el pago de los incrementos salariales retroactivos a los trabajadores públicos.
Ingresos se reducen y gastos aumentan como porcentaje del PIB
Aunque los ingresos del Gobierno crecieron en términos nominales, no lo hicieron como porcentaje de la producción. Los ingresos totales bajaron de 11,3% del PIB, en setiembre de 2023, a 11,1% en setiembre de 2024. Por su parte, los ingresos tributarios, es decir, los provenientes de impuestos, se redujeron de 10,1% de la producción, a 9,8% en el mismo periodo.
Analizar las cifras fiscales como porcentaje de la producción permite comparar el comportamiento de estos indicadores con el crecimiento de la economía. Si un indicador crece en términos absolutos, pero no como porcentaje del PIB, significa que aumentó a un ritmo menor que el de la economía nacional.
Los ingresos totales alcanzaron ¢5.457.658 millones a setiembre de 2024; de ellos, ¢4.821.914 millones provienen de la recaudación de impuestos. El incremento de ¢136.723 millones en los ingresos totales respecto al mismo periodo de 2023 se atribuye, principalmente, a los ingresos tributarios, que representaron el 44,8% del aumento, seguidos por las transferencias corrientes (19,6%), las contribuciones sociales (17,7%) y los ingresos no tributarios (17,6%).
En cuanto a los gastos totales, estos crecieron en 0,4 puntos del PIB entre el acumulado a setiembre de 2023 y el de 2024. Este aumento se debe, principalmente, a los rubros de remuneraciones, transferencias corrientes y pago de intereses de la deuda, que en su conjunto representaron el 79,9% del incremento neto del gasto a setiembre. El 20,1% restante se relaciona con un mayor gasto de capital, en bienes y servicios, y la concesión neta de préstamos, según Hacienda.
La partida de remuneraciones mostró el mayor incremento acumulado, equivalente a ¢131.373 millones a setiembre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Esto se explica por el pago de aumentos salariales retroactivos a un grupo de empleados públicos, ejecutado entre marzo y abril. Dichos ajustes, congelados desde 2020, correspondían a un incremento general de ¢7.500 en la base salarial.
En las transferencias, el aumento fue de ¢130.490 millones, debido principalmente a traslados corrientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la educación superior y las juntas de educación.
La deuda del Gobierno cerró en setiembre en 59,7% del PIB, acumulando nueve meses por debajo del 60%, lo cual permitiría una mayor flexibilidad en la regla fiscal si se mantiene así hasta fin de año.
Sin embargo, Villegas advirtió de que, hacia fin de año, los gastos del Gobierno suelen aumentar debido al pago de aguinaldos, mientras que los ingresos no crecen al mismo ritmo. Opinó que mantener la deuda por debajo del 60% dependerá de la necesidad del Gobierno de emitir nueva deuda o recurrir a financiamiento adicional.
Según los resultados publicados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) en setiembre, dicho indicador alcanzaría un valor en torno al 61% del PIB al cierre de 2024, proyección que incluye un 1% del PIB en reserva de liquidez, como parte de la estrategia para mitigar los riesgos de deuda y caja del Gobierno, resaltó Hacienda en el informe.
