EscucharEl incumplimiento del aporte estatal por parte del Gobierno, para pagar las pensiones mínimas otorgadas por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), generó en los últimos seis años una deuda acumulada de ¢255.483 millones.
Desde el 2019, el Poder Ejecutivo dejó de presupuestar la totalidad de los recursos que debe girar al subsidio de la pensión más baja del fondo, que actualmente es de ¢153.192 por mes. Año con año, el crecimiento del monto se viene acelerando.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó a La Nación que la falta de contribución por parte del Gobierno está provocando un desequilibrio en las finanzas del régimen.
“Del 2020 para acá (2024) ha habido estas diferencias en la contribución estatal que se cubren con los intereses de las inversiones de la reserva del IVM”, explicó el jerarca.
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Barrantes detalló que las diferencias surgen cuando la Caja emite la factura al Ministerio de Hacienda por el monto de la subvención, pero la entidad transfiere menos recursos de lo esperado.
En 2023, la institución utilizó el 90% de las ganancias de las inversiones para cubrir el faltante requerido para cancelar a los jubilados, es decir, ¢178.675 millones, según el funcionario.
La Nación consultó a Nogui Acosta, ministro de Hacienda, sobre las razones de que se presupuestaran menos recursos para financiar las pensiones mínimas, y envió consultas a dicha cartera, el 18 de marzo pasado, pero no hubo respuesta.
Acosta solo indicó, por mensaje de texto al día siguiente, que la respuesta se estaba preparando, pero al cierre de este artículo no se recibió.
Montos de pensión
El Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte dictaminó, a partir de febrero de 1995, que el fondo entregará una cantidad mínima y un tope máximo, los cuales serán fijados por la Junta Directiva.
En el caso de la pensión mínima, la norma establece que será equivalente al 50% de la base mínima contributiva (BMC), que actualmente está en ¢306.383. Sobre este monto es que la CCSS cobra las cargas sociales a los patronos y trabajadores. El monto máximo de jubilación mensual es de ¢1,6 millones.
Según datos de la institución, el 46,5% de los jubilados del fondo de pensiones, es decir, 166.000 personas de un total de 360.583, reciben la pensión mínima.
Mientras, solo al 1,3% de los beneficiarios (4.700 personas) se les paga la cantidad máxima, según el estudio Revaluación de los montos de pensión en curso de pago del IVM, elaborado por la Dirección Actuarial en setiembre del 2023.
La mayoría de las personas a quienes se les subvenciona la pensión mínima tuvieron, durante su vida laboral, una baja cotización o aportes intermitentes. Esto explica que, al momento del retiro, el monto calculado sea inferior a los ¢153.192.
Para afrontar esta situación, la Junta Directiva de la Caja creó, en julio de 2016, la subvención para financiar la diferencia, la cual debe ser aportada por el Estado en su condición subsidiaria al régimen.
La manera de financiar dicho faltante fue elevar el aporte estatal del 0,58% a 1,24%.
Además del incremento de 0,66 puntos porcentuales, se unió el ajuste escalonado a la cotización tripartita que se aprobó desde 2005 en una mesa de diálogo para fortalecer el IVM.
Desequilibrio en ascenso
La información de la CCSS indica que el incumplimiento entre lo cobrado y lo pagado por Hacienda comenzó en 2019. En ese año, la factura del subsidio de pensiones mínimas fue de ¢140.723 millones, pero se recibieron ¢137.219 millones, lo que representó un faltante de ¢3.504 millones.
Sin embargo, a partir de ese año, el monto del aporte estatal sin transferir empezó a elevarse.
El gerente de Pensiones resaltó que para el año 2024, la tendencia de incumplimiento continuará, ya que el Poder Ejecutivo incluyó una partida de ¢178.791 millones para la subvención, pero el requerimiento es de ¢232.405 millones.
El efecto de estos impagos es un aumento en la deuda total del Gobierno con el fondo de jubilaciones, que cerró en ¢656.190 millones el año pasado, lo que representa un incremento del 34% frente a los ¢488.380 millones del 2022, según los estados financieros del régimen.
Al desglosar las cifras, los impagos estatales de largo plazo fueron los que registraron el mayor crecimiento en el último año.
En la información financiera del IVM se explica que el incremento ocurrió porque la cuota estatal al fondo pasó de un 1,41% a un 1,57% en julio del 2023.
“Al Ministerio de Trabajo, que es el encargado de realizar los pagos por este concepto (cuota estatal), se le agotó el presupuesto. Así las cosas, en vista de que la facturación fue mayor a la del periodo anterior y que los pagos recibidos no abarcan la totalidad de lo facturado (...) se muestra un incremento significativo”, según se reseña en los estados financieros del IVM.
La deuda estatal de largo plazo registró un saldo de ¢363.395 millones al cierre del 2023, lo que implicó un alza del 58% frente a los ¢230.379 millones en el año previo.
Por su parte, la morosidad de corto plazo del Gobierno cerró el año pasado en ¢292.795 millones, lo cual implicó un alza del 13% frente a los ¢258.001 millones del 2022.
“En comparación con el año anterior hubo un incremento en el parámetro de cálculo de la cuota complementaria y para 2023 no se han recibido pagos para estos conceptos”, indica el informe financiero de la CCSS.
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A finales del 2023, el ministro de Hacienda dijo a este diario que la contribución estatal al IVM es extremadamente grande. “Ese aporte excede de manera exorbitante la capacidad del Estado”, apuntó en ese momento.
Adicionalmente, criticó que la Junta Directiva de la CCSS tenga la capacidad de realizar aumentos en el porcentaje contributivo estatal, sin tomar en consideración la capacidad económica de las finanzas públicas.
“Dado que constitucionalmente el Gobierno es el responsable del faltante (de recursos en el IVM), ¿por qué tengo que hacer las aportaciones?”, cuestionó Acosta.
Según el jerarca, el efecto del aumento de la cuota estatal será “devastador” para las finanzas públicas.
El aporte del Estado es equivalente al 1,57% de cada salario y así se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025. Luego, subirá a un 1,75% en enero del 2026 y, finalmente, a un 1,91% en enero del 2029.
