El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de la urgencia de que el país amplíe sus ingresos tributarios, tras reconocer que desde 2023 Costa Rica enfrenta una reducción en el balance primario, porcentaje que resulta de restar los gastos del Gobierno al total de ingresos, sin contar los intereses.
Asimismo, el organismo reiteró el riesgo que supone aprobar leyes que debiliten la recaudación. En estos momentos existen al menos cinco proyectos de este tipo en trámite, donde Hacienda estima una erosión de ingresos que podría superar los ¢100.000 millones.
La misión del FMI que visitó el país esta semana expresó sus inquietudes en una reunión con los diputados de la República, el lunes pasado, en la que propuso la expansión de la base tributaria y solicitó no aprobar leyes que eleven el gasto o disminuyan los ingresos del Gobierno, comentó Santiago Acosta, representante residente del FMI en Costa Rica, a La Nación.
La visita, liderada por el economista chino Ding Ding, se denominó Evaluación Posterior al Financiamiento y tuvo lugar entre el 28 de octubre al 5 de noviembre, y se aplica en algunos países con un crédito pendiente con el FMI. El organismo multilateral precisó que la misma visita también sirvió como misión de seguimiento de los programas del Servicio Ampliado del FMI y del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, que concluyeron en junio de 2024.
Acosta señaló que, aunque Costa Rica muestra mejoras en indicadores sociales y laborales, es crucial para el país mantener la disciplina fiscal de años anteriores, y recomendó preservar la base tributaria, la regla fiscal y la Ley Marco de Empleo Público.
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“Como consecuencia de la reducción observada del balance primario desde 2023, la razón de deuda pública al PIB recién bajaría del 60% en 2026. En este sentido, es de vital importancia evitar legislaciones que erosionen la base tributaria y aumenten el gasto público”, explicó el representante residente del FMI en Costa Rica.
En agosto, La Nación informó de que Hacienda pospuso su meta de reducir la relación deuda-PIB por debajo del 60% para 2026, en lugar de 2025, como inicialmente lo había previsto junto con el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Ese indicador es relevante, ya que permitiría mayor flexibilidad en la aplicación de la regla fiscal, incluyendo que el crecimiento del gasto del Gobierno no supere el 75% del promedio de crecimiento del PIB, en lugar del 65% vigente bajo el escenario más restrictivo.
La normativa también incluye el congelamiento de salarios públicos y de los aumentos en las pensiones financiadas por el Presupuesto Nacional, salvo ajustes por costo de la vida.
Acosta añadió que la disciplina fiscal del Gobierno ayudaría a reducir la carga de la deuda y los intereses, creando espacio para una mayor inversión social e infraestructura, además de gastos en seguridad. Durante la reunión con los diputados, resaltó la importancia de mantener la integridad de la regla fiscal y los avances de la Ley Marco de Empleo Público para asegurar eficiencia, calidad y sostenibilidad en el gasto público.
Este medio consultó a Santiago Acosta si el FMI ha identificado proyectos en específico que podrían lastrar la consolidación fiscal del Gobierno, así como si a la entidad le preocupa dicho retroceso de las cifras fiscales desde 2023, sin embargo, señaló que no profundizaría en detalles adicionales, sino solo aspectos de la discusión con los legisladores.
Proyectos que reducirían ingresos tributarios están a la espera
La Nación revisó algunos proyectos pendientes en Casa Presidencial, a la espera de ser firmados o vetados por el presidente de la República, o que ya fueron votados. En total, se identificaron al menos cinco propuestas en fase avanzada que podrían disminuir los ingresos tributarios del Gobierno.
Consultado sobre la estrategia para compensar una eventual pérdida de ingresos, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, afirmó que buscará impulsar iniciativas para combatir la evasión y mejorar la eficiencia de las exoneraciones fiscales, además de medidas administrativas para reducir la morosidad e incrementar la recuperación de deudas. No mencionó una posible reducción del gasto público.
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Uno de los proyectos, el 23.197, Ley de Incentivos para la Formalización y Desarrollo de las Mipymes en Costa Rica, permitiría a pequeñas y medianas empresas adherirse al Régimen de Tributación Simplificada.
Según Hacienda, este proyecto podría representar una pérdida fiscal de ¢100.000 millones. La iniciativa fue aprobada en segundo debate legislativo y enviada a Casa Presidencial, el 16 de agosto. Este proyecto exime a algunos contribuyentes a emitir facturas por la venta de bienes y prestación de servicios, además de que incluye nuevos gastos como deducibles de la renta.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, explicó que este proyecto podría generar afectación porque la Administración Tributaria pierde controles en las compras y en las ventas, lo que podría afectar la recaudación. En el régimen simplificado las declaraciones de renta e IVA son trimestrales y el IVA se calcula sobre las compras. Mientras, en el régimen tradicional, las declaraciones del IVA son mensuales, y no se hace sobre las compras, sino sobre la diferencia entre el precio de venta y el de compra, por lo que sí hay diferencias importantes, destacó el exministro.
Adicionalmente, el expediente 23.578 propone elevar el monto exento del impuesto sobre la renta para trabajadores independientes, lo que reduciría los ingresos en ese rubro específico. Según Hacienda, la medida costaría ¢7.000 millones. La iniciativa fue aprobada en primer debate, aunque algunos diputados la enviaron a consulta a la Sala Constitucional.
Este medio consultó a Hacienda sobre la metodología para calcular el monto de afectación si estos proyectos se aprueban; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Otros proyectos incluyen el 23.327, que devolvería el IVA a familias de bajos ingresos en la compra de útiles escolares y equipo tecnológico; el 23.177, que derogaría varios impuestos específicos como el de destace, el de tiquetes aéreos internacionales y timbres; y el 24.002, que establece una exención de renta para fideicomisos de obra pública. Todos reducirían los ingresos tributarios del Gobierno, aunque Hacienda no especificó una cifra.
La Nación consultó a Nogui Acosta si Hacienda tendría que endeudarse más en caso de que se aprueban estas iniciativas, y se limitó a responder que la Asamblea Legislativa aprobó un nivel de endeudamiento por medio del presupuesto nacional, y que además los montos de endeudamiento fueron publicados en el plan de financiamiento.