El costo anual de la reparación y reconstrucción de infraestructura afectada por inundaciones, temporales y sequías debido al cambio climático en Costa Rica pasó de ¢8.903 millones, en 1988, a ¢202.681 millones, en el 2010.
Entre 1988 y el 2010 se presentaron 320 eventos climáticos, entre ellos temporales, tormentas extremas, déficit de lluvias y temperaturas extremas.
Esta situación impone presiones sobre las finanzas públicas del país, lo cual implica nuevos desafíos. Así lo advierte la Contraloría en el informe del Área de Servicios Ambientales y de Energía número DFOE-AE-OS-00001-2017.
Del 2011 al 2025 la Contraloría estima un costo creciente en la atención de los eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos.
Carolina Retana, del área de fiscalización de Servicios Ambientales de la Contraloría, explicó la mañana de este martes 28 de noviembre, que al 2025, en un escenario conservador estos costos absorberían entre un 0,68% y 1,05% del PIB; y en un escenario que prevé mayor riesgo entre 1,64 % y 2,50% del PIB.
Este último porcentaje implicaría erogar 1,47 veces el máximo porcentaje del PIB en que se ha incurrido a la fecha.
“El tema es relevante pues el aumento de la temperatura media global, alteraciones en el patrón de las precipitaciones, alza del nivel del mar y eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos, inciden en la infraestructura pública, la salud y el bienestar de la población, lo cual a su vez, pone en riesgo la Hacienda Pública”, explicó la Contraloría en un comunicado.
Esto en un contexto en el cual las finanzas públicas presentan un fuerte deterioro, con faltantes importantes desde el año 2010 y con una deuda pública que crece cada año.
La Contraloría hizo un llamado a crear un “marco fiscal climático”, el cual refiere a los mecanismos que permitan identificar y proyectar los recursos destinados a financiar acciones de mitigación, adaptación y atención de fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos.
Este marco debe permitir: identificar y estimar las fuentes de recursos y asignarlos según prioridades lo cual es fundamental ante la escasez de dinero de la Hacienda Pública y las necesidades urgentes; cuentas presupuestarias que permitan identificar el gasto climático y la inversión en obra pública resiliente, y medios para poner oportunamente a disposición del público esta información, y permitan el análisis de las demandas ciudadanas.
Retana explicó que como parte de este marco, el país podría dar incentivos verdes, que son, por ejemplo, tributos menores o exoneraciones para transformar los patrones de consumo del país.
“Por lo menos en este país tenemos el impuesto a los combustibles que se destina en parte al pago de servicios ambientales”, detalló Retana.
La especialista internacional Mónica Araya, fundadora y directora de Costa Rica Limpia, fue la encargada de comentar el estudio de la Contraloría.
Araya enfatizó en que el país requiere invertir para enfrentar el cambio climático y expresó que no actuar en este campo sale caro.
“El chip que tenemos que sacarnos en Costa Rica es que este tema es un tema de cooperación, de ver quién me regala plata, es un tema de inversión”, comentó Araya.
Por ello, consideró que sería muy valioso estimar para Costa Rica la inversión requerida para hacer blindaje climático.
Citó el Informe Stern sobre la economía del cambio climático que estimó la inversión requerida del planeta será la equivalente a 1% de la producción mundial.
Araya comentó que lo que viene es más fuerte que lo que ha pasado, sino que los impactos pueden ser mucho más intensos, más frecuentes y más violentos.
“Es vital buscar fondos y estímulos dentro de la economía” comentó Araya.
Además, mencionó como ejemplos: crear impuestos, eliminar impuestos; otros como movilidad eléctrica, además de crear incentivos y eliminar incentivos, todos temas difíciles de negociar y que obligan a sofisticar los tributos que existen en la actualidad.