El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) bloqueó el objetivo de Coopeservidores de vender una porción de su cartera de crédito al Banco Popular (BP) porque la transacción no iba a solucionar las dificultades de solvencia y seguridad financiera de la entidad.
Las entidades financieras involucradas en el intento de compraventa de préstamos acudieron, el 17 de abril pasado, a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) para pedir la autorización de la transacción. “Conforme a los documentos presentados ante nuestras oficinas, los agentes económicos involucrados en la operación consultada eran Coopeservidores y el Banco Popular”, confirmó la institución reguladora por escrito a La Nación.
Al día siguiente de presentado el proceso formal, el día 18, la Comisión informó al Conassif sobre la petición. El órgano rector del sistema financiero actuó de manera expedita y tomó la decisión de bloquear la operación el viernes 19 de abril, en la sesión 1855-2024, cuando la legislación le brinda hasta 15 días hábiles para responder. Los argumentos para detener la operación se reiteraron el 5 de mayo en la sesión 1859-2024 del Consejo.
“En relación con esa transacción, luego de las respectivas evaluaciones, se concluyó que no viene a solucionar de manera integral la situación de la entidad (Coopeservidores), ni reencausa de manera definitiva y efectiva su debilidad operacional y financiera”, argumentó el Conassif en el acuerdo de intervención de la cooperativa del pasado 13 de mayo.
Incluso argumentó que la opción de compraventa resultaba inaceptable y carecía de interés y utilidad. “No contribuye, en nada, a preservar la seguridad y solvencia de la Cooperativa”, se sentenció en el acto de intervención.
Pese a ello, el Consejo brindó la posibilidad al interventor Marco Hernández Ávila de analizar la posibilidad de venta de cartera crediticia como parte del proceso de intervención.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor obliga a la Coprocom a consultar al Conassif cuando hay un proceso de concentración que vincula entidades financieras. Mientras que las partes involucradas en un proceso de concentración deben notificar el proceso de compraventa cuando los activos involucrados superen los ¢14.000 millones.
El Banco Popular se negó a informar sobre el saldo de la cartera de crédito interesada a comprar a Coopeservidores. “No nos vamos a referir sobre este asunto; seremos, igualmente, respetuosos de la decisión que adopte el interventor (Marco Hernández Ávila)”, se informó por escrito.
Por su parte, la Coprocom detalló la imposibilidad de referirse al monto porque la legislación impone la confidencialidad de la información en los procesos de adquisiciones y fusiones.
Cambios
A marzo anterior, la cartera de crédito de Coopeservidores registró un saldo de ¢589.274 millones, es decir, el 80% del total de los activos, según los estados financieros de la institución.
La entidad financiera hizo, el pasado 7 de febrero, la reclasificación del 19% de los recursos prestados a afiliados por un deterioro en su calidad de pago. Los datos muestran que los clientes originalmente catalogados como buenos fueron degradados a la categoría C1, es decir, con 120 días de atraso en los pagos.
Tal situación implicó que el saldo de estos créditos, calificados como malos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), fuera de ¢111.753 millones a marzo anterior, mientras que 12 meses antes era de ¢9.468 millones, según los datos financieros de la entidad.
El cambio implicó que la cooperativa hiciera una estimación por deterioro crediticio por ¢30.422 millones cuyo monto se cubrió en su mayoría con el patrimonio de la institución.
Las entidades supervisadas por Sugef deben clasificar a los deudores según el cumplimiento de sus obligaciones, para ello se utilizan notas de A1 a E. En la categoría A1 se encuentran las personas con los pagos de sus préstamos al día, mientras que en la categoría E se ubican aquellos con atrasos de más de 181 días o en proceso de cobro judicial.
En el informe de la Superintendencia que fundamentó la intervención de Coopeservidores se concluyó que “la negligencia y el manejo irregular y riesgoso de los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa, permitió el ocultamiento de información financiera real, al supervisor, a sus asociados, ahorrantes e inversionistas”.
Coopeservidores mantiene relaciones comerciales con el Banco Popular y años atrás, miembros de la alta administración de la cooperativa ocuparon puestos de dirigencia dentro del Banco Popular.
Previo a la suspensión de los miembros de la alta dirección de Coopeservidores, ordenada por Conassif, Fernando Faith Bonilla ocupó un puesto de director en el Consejo de Administración de la cooperativa desde el 2014 y, desde el 2016 hasta este año, fungió como presidente de dicho órgano.
Durante ese periodo, Faith Bonilla también desempeñó cargos en el Banco Popular. Entre el 2018 y 2022, fue presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la entidad bancaria y directivo de Popular Pensiones, según consta en los Informes Anuales de Gobierno Corporativo publicados en la web del banco público.
Entre tanto, Óscar Hidalgo Chaves fue gerente general de Coopeservidores desde el 2006 hasta la intervención del pasado 13 de mayo. Además, fue miembro de la Junta Directiva del Banco Popular entre setiembre del 2018 y febrero del 2021. En el 2020, ocupó la presidencia del órgano de dirección de esta entidad financiera pública, según se detalla en el informe final de gestión, presentado por Hidalgo Chaves.
Por otro lado, Olga Marta Tossi Vega fungió hasta la intervención como directora del Consejo de Coopeservidores, y fue directora de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión entre el 2020 y 2021, según el Informe de Gobierno Corporativo 2021.
La entidad bancaria aclaró, por escrito, que ninguna de estas personas tiene relación con la institución desde hace años. “El Banco Popular cuenta con un gobierno corporativo y diversas áreas de control, cuyo quehacer se rige por el principio de probidad, y con una mujer de amplia experiencia y ética como gerente genera (Gina Carvajal), que no necesita ni permite insinuaciones o intromisiones de ningún tipo para liderar al equipo de la Institución”, se indicó.
Asimismo, el BP declinó referirse a posibles conflictos de intereses dado que el proceso de intervención de Coopeservidores está en marcha. Según los estados financieros de la cooperativa con corte a marzo, el Banco Popular figura entre los acreedores.
El Conassif consideró que la compraventa de una porción de la cartera de crédito de Coopeservidores, por parte del Banco Popular, no solucionaba los riesgos de solvencia y financieros de la entidad intervenida desde el pasado 13 de mayo. (Alonso Tenorio)
