La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, la noche de este lunes 10 de agosto, tres propuestas de reforma para fortalecer el IVM, las cuales serán enviadas a consulta pública durante tres meses para tomar una decisión en noviembre.

Los escenarios contemplan modificaciones que incorporan ajustes en la fórmula de cálculo del monto de pensión, la contribución al fondo y el retiro anticipado.

La combinación y gradualidad de estas medidas generan, en la proyección más optimista, que la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se agote en el 2053, en lugar del 2037 que es la previsión actual.

Y en el plan menos positivo, la reserva fenece en el 2050, según el Informe de Planes de Fortalecimiento del Seguro de IVM, conocido por la Junta y del cual tiene copia La Nación.

El análisis no presentó ninguna propuesta de redistribución de cargas patronales, como sí lo hizo la Superintendencia de Pensiones (Supén), sino que se centró en las variables que la institución autónoma puede reformar sin acudir a la Asamblea Legislativa.

“La Junta Directiva instruyó a la Gerencia de Pensiones para que envíe a consulta las propuestas, durante tres meses, y la Junta tomaría una decisión en noviembre, una vez recibidas las observaciones”, confirmó José Luis Loría, directivo representante del sector cooperativista.

Además, este directivo destacó que las propuestas solo incluyen cambios en los beneficios para los futuros jubilados y modifica los requisitos de retiro anticipado.

En este último caso, está la opción de eliminarlo del todo para que los trabajadores se retiren a los 65 años o establecer una gradualidad desde el escenario actual.

Actualmente, las mujeres se pueden pensionar a los 59 años y 11 meses, con 450 cuotas; mientras que los hombres, con 61 años y 11 meses, con 462 cuotas.

“Las cuotas no están en este momento discutiéndose”, explicó Loría.

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Difícil situación

En los tres planes presentados a la Junta, las cuotas mínimas se mantienen en 300 para jubilarse por el IVM.

El último estudio actuarial del régimen, elaborado por la CCSS, determinó que el fondo tiene un déficit actuarial (horizonte de 75 años) de ¢100 billones, es decir, tres veces el producto interno bruto (PIB) del país en este año.

Además, se estima que la contribución obrero–patronal y estatal sería insuficiente para pagar las pensiones en el 2027, que en el 2030 se comenzaría a usar la reserva del sistema y que se agotaría seis años después.

El sistema contaba con 294.250 jubilados y una reserva de ¢2,9 billones, según los estados financieros a junio pasado.

El IVM posee 1,4 millones de trabajadores cotizantes. La Gerencia de Pensiones de la CCSS estima, hasta el momento, una pérdida de 100.000 contribuyentes como consecuencia de la crisis generada por la covid-19.

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El pasado 9 de julio, la Supén también propuso a la Directiva de la Caja un plan de ajustes en el que planteaba redirigir las cargas patronales destinadas a Fodesaf, IMAS, INA y el Banco Popular con el fin de fortalecer el IVM.

También se propuso calcular el monto de la pensión con todos los salarios cotizados e igualar los requisitos de jubilación entre hombres y mujeres para que, en ambos casos, la edad de retiro sea a los 62 años.

La combinación de ambas medidas permitiría alargar la vida del fondo al 2061, muestran las estimaciones actuariales de la Supén.

Variables claves

El informe presentado este 10 de junio a la Directiva de la CCSS tuvo, como objetivo principal, extender como mínimo por 12 años el momento en que el régimen no pueda hacer frente al pago de sus obligaciones, es decir, cuando se acaba la reserva.

Además, se pretende mejorar la razón de solvencia del régimen, que mide el grado de posibilidad de cumplimiento de las promesas actuales y futuras en relación con los aportes establecidos.

En la actualidad, el IVM solo puede cubrir el pago del 48,3% de sus compromisos. Pero de aprobarse los ajustes enviados a consulta pública, se elevaría hasta el 63,6%, según las proyecciones del informe.

En el caso del déficit actuarial, el objetivo es lograr que de los ¢100 billones estimados hoy, baje a ¢54,6 billones. Para reducir aún más el faltante de recursos, el informe recomendó establecer un diálogo nacional.

“Desarrollar una estrategia que permita una discusión país de cómo financiar el costo asociado al envejecimiento en el mediano y largo plazo, fortaleciendo el IVM dentro del contexto del Sistema Nacional de Pensiones, de manera que se diversifiquen las fuentes de financiamiento”, destaca el informe.

La reforma que se apruebe comenzará a regir 18 meses después de que el acuerdo quede en firme en la Junta Directiva de la Caja, pues es la transitoriedad establecida por la Sala IV cuando hay reformas en fondos de pensiones.