Cuatro de los seis regímenes básicos de pensiones de Costa Rica están expuestos a un alto riesgo financiero y en su operación.
Los regímenes con dificultades son el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Además, se incluye a los dos principales regímenes con cargo al Presupuesto Nacional: el Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y los que están a cargo de la Dirección Nacional de Pensiones.
El Fondo del Cuerpo de Bomberos y el de Capitalización Colectiva de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) enfrentan menores peligros, según la Supén.
Los seis sistemas de jubilación básica de Costa Rica tenían 281.787 beneficiarios a finales del 2014. El 77% eran de IVM.
Observaciones. Las principales fallas señaladas por la Supén son el déficit actuarial (insuficiencia de recursos a un plazo mayor de 80 años) y la alta concentración de las inversiones –más del 75%– en títulos de deuda del Gobierno.
Ambas debilidades se aplican al IVM, al Fondo del Poder Judicial y al dirigido por Jupema.
Róger Porras, director ejecutivo de Jupema, explicó que el portafolio de inversiones es administrado en procura de los mayores rendimientos del mercado local para reducir el déficit actuarial .
“En el Congreso hay un proyecto de ley que permitiría diversificar las inversiones a obra pública y tener herramientas para cobrar a los patronos morosos del sector privado”, dijo Porras.
En el caso de la Caja y el Poder Judicial, ambas entidades recibirán el resultado del análisis financiero independiente al régimen en las próximas semanas.
Tales estudios serán claves para las propuestas de reformas en los dos sistemas.
“Es muy importante que exista un estudio actuarial reciente que brinde información confiable para la tranquilidad del personal judicial”, dijo Zarela Villanueva, presidenta de la Corte, al anunciar la contratación de la empresa que analiza el fondo.
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, detalló que el número de beneficiarios de pensión crece rápidamente, pero se tomaron medidas para mitigar el golpe financiero, entre estas el aumento del aporte obrero-patronal , el aumento a la base mínima contributiva y la eliminación de las pensiones anticipadas.
Adicionalmente, la Junta Directiva de la CCSS avaló que se inviertan recursos del IVM fuera del país. Los directivos de la entidad autónoma están preocupados porque el 95% de ¢1,7 billones están invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda.
En el caso de los regímenes especiales con cargo al Presupuesto Nacional, Hacienda presentará este mes un proyecto de ley para reducir el monto de la pensión a futuros jubilados en un 20%, ajustes por inflación y los topes a las jubilaciones de lujo.
