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El sistema de pensiones costarricense es el principal acreedor del Gobierno Central, pues cerca de ¢5 de cada ¢10 de la deuda interna son financiados con dinero de los regímenes de jubilación.
Así se desprende de un análisis de La Nación sobre la estructura de las inversiones de los regímenes básicos, los complementarios (obligatorios y voluntarios) y el fondo de capitalización laboral, con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La información muestra que, al 31 de octubre anterior, los administradores de los recursos de los trabajadores tenían ¢4,2 billones colocados en títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
Mientras, la deuda interna del Gobierno ascendía a ¢7,9 billones al mismo periodo, según datos del Banco Central. Es decir, los fondos de pensiones financian cerca de la mitad de esas obligaciones. Tal tendencia se ha mantenido en el último lustro.
José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda, aceptó que los fondos de pensiones son el principal tenedor de títulos gubernamentales, y lo justificó en las tasas de interés atractivas para las metas de inversión de los administradores de recursos.
“No hay una regla de oro que me diga que depender tanto de una fuente de recursos sea perjudicial”, aseguró Pacheco.
José Manual Arias, gerente general de BAC Pensiones, advirtió que el déficit fiscal está absorbiendo buena parte de los recursos disponibles en el mercado costarricense y que Hacienda los atrae con rendimientos altos.
“Los riesgos de los sistemas de pensiones dependientes del fisco (los regímenes de reparto), se están trasladando al sistema complementario creado para mitigar esos riesgos”, dijo Arias.
Édgar Robles, jerarca de la Supén, dijo que el objetivo de los administradores de los fondos es buscar la mejor rentabilidad del dinero y que por eso terminan en el Gobierno.
Concentración Los administradores de los regímenes de jubilación coincidieron en que la alta concentración en bonos de Gobierno no es adecuada.
Sin embargo, argumentan que es reflejo del poco desarrollo del mercado bursátil, límites legales –para el caso de los regímenes básicos–, la alta demanda de dinero del Gobierno y la escasa opción para invertir en infraestructura.
“Toda concentración implica riesgos, aun cuando se trate de los emisores con mayor calificación”, alegó Marvin Rodríguez, gerente de Popular Pensiones.
Un obstáculo para la diversificación es la poca opción de emisores que puedan captar grandes cantidades de dinero, señaló Álvaro Vega, director de Inversiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Hacienda y el Banco Central son los principales emisores de valores a corto, mediano y largo plazos, y por montos importantes acorde con las necesidades de los fondos de pensiones”, dijo Vega.
Estructura. De los ¢4,2 billones que el sistema de pensiones tiene invertidos en Gobierno, los regímenes básicos (IVM, Poder Judicial y Magisterio Nacional) representan el 52%, según Supén.
“La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) es consciente de la necesidad de diversificar los recursos de los cotizantes. Por eso, promovemos una reforma que nos permita invertir en infraestructura tanto pública como privada”, recalcó Róger Porras, director ejecutivo de Jupema.
Actualmente, Jupema tiene impedimento legal para constituir fondos de inversión para desarrollo de infraestructura.
