Incertidumbre por falta de aporte de Hacienda: 151.000 pensionados en peligro de perder su aguinaldo

Este régimen, administrado por la CCSS y financiado por el Estado, beneficia a unas 151.846 personas, entre ellas adultos mayores, personas con una reducción del 65% en sus capacidades físicas o mentales, viudas en desamparo, niños huérfanos sin sustento económico y personas en situación de calle.

Según la información de la Caja, 146.245 beneficiarios reciben cada mes ¢82.000 y 5.604 personas con parálisis cerebral profunda tienen asignada una cuantía de ¢358.609.

Para el 2025, Hacienda presupuestó ¢192.723 millones en transferencias del Estado para el RNC. Sin embargo, la CCSS estimó una necesidad de ¢210.167 millones, lo que genera un déficit de ¢17.444 millones, según la Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial de la Caja. Ante esta situación, en diciembre pasado, La Nación informó de que el RNC iniciaría el año con un faltante de ¢18.618 millones.

En conversación con este diario, el gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes Espinoza, explicó que se tomó la decisión de trasladar recursos desde las operadoras de pensiones al RNC para reducir el déficit y dejar el faltante en ¢10.500 millones.

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Agregó que se mantienen conversaciones con Hacienda para coordinar el traslado de los fondos requeridos. No obstante, advirtió que, de no concretarse el pago, “lo que se pondría en riesgo es el aguinaldo” de los beneficiarios.

“Esperaríamos a ver si, para mitad del presente año, se nos pasan los recursos faltantes”, comentó.

Desde el 11 de febrero, La Nación envió consultas al Ministerio de Hacienda para obtener detalles sobre el plan para cubrir el monto pendiente, las medidas tomadas para asegurar el pago del aguinaldo a los beneficiarios y las acciones previstas para prevenir situaciones similares en el futuro.

También se consultó al respecto al ministro de esta cartera, Nogui Acosta Jaén. No obstante, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El Régimen No Contributivo de Pensiones no es el único que enfrenta incertidumbre en cuanto a su financiamiento. En el 2024, la deuda del Poder Ejecutivo con las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) aumentó, alcanzando los ¢763.849 millones. Este monto representa un incremento del 11% respecto al 2023, cuando la deuda ascendía a ¢686.260 millones.

Este incumplimiento obliga a la CCSS a recurrir a los intereses de la reserva para cubrir el déficit, lo que afecta sus proyecciones actuariales.

En el caso de Jupema, la deuda reduce el rendimiento de las inversiones y podría perjudicar a los afiliados, ya que las cuotas pendientes no se contabilizan para su jubilación.

Beneficiarios podrían quedar en mayor riesgo social

El abogado laboralista José Luis Campos explicó a La Nación las implicaciones de no recibir el aguinaldo debido a recortes presupuestarios del Ministerio de Hacienda. Según indicó, la principal consecuencia sería que los beneficiarios quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad.

“La consecuencia de esta falta de aporte que ha anunciado el Ministerio de Hacienda dejaría en condición todavía de mayor vulnerabilidad a estos grupos de personas, de manera tal que se estaría corriendo el riesgo de que queden en un total estado de desamparo desde el punto de vista socioeconómico, ya que el Régimen No Contributivo permite contribuir a solventar las carencias económicas.

“Este es el único ingreso que tienen estas personas y, si se recorta el aporte del Estado al Régimen No Contributivo evidentemente se les estaría poniendo todavía más en una posición de riesgo social”, comentó.

Aunque el Ministerio de Hacienda no eliminó por completo el aporte, la reducción sigue representando un ingreso clave para el RNC y, según Campos, podría generar un impacto significativo.