Defensoría alerta sobre impacto social de cambios en presupuesto extraordinario del 2026
Entidad señala dudas sobre el destino de fondos sociales y solicita información sobre el recorte de ¢492,88 millones al TEC de Limón
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, pidió aclarar el destino de los fondos sociales sin ejecutar y revisar los recortes incluidos en el segundo presupuesto extraordinario del 2026.
La Defensoría de los Habitantes pidió a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa solicitar información adicional sobre los efectos sociales del segundo presupuesto extraordinario del 2026, antes de valorar los cambios propuestos en el gasto público y las fuentes de financiamiento.
La institución emitió su criterio sobre el proyecto de ley 25.803, denominado Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026 y Segunda Modificación Legislativa a la Ley N.º 10.836.
La iniciativa reduce el presupuesto neto en ¢167.968 millones, debido a una disminución certificada de ¢373.390 millones en los ingresos tributarios previstos. Para ajustar las cuentas, combina rebajas de gasto, reintegros de superávits institucionales y cambios en las fuentes de financiamiento.
“Un presupuesto no es solamente una cifra. Detrás de cada decisión presupuestaria hay personas, familias, y derechos que deben ser protegidos. Por eso es importante conocer por qué existen fondos sin ejecutar, cuáles necesidades siguen pendientes y sobre todo, cómo se garantizará la continuidad de los servicios”, afirmó Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes.
La Defensoría pidió aclarar cuántas personas cubrirán los ¢10.327 millones destinados a la CCSS para el aseguramiento estatal y cómo las rebajas presupuestarias podrían afectar el acceso a consultas, medicamentos y tratamientos. (Rafael Pacheco Granados)
Defensoría pide aclaraciones sobre Fodesaf, IMAS y la CCSS
Uno de los puntos señalados por la Defensoría es el reintegro de ¢14.483 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), cuyos recursos se redistribuyen para financiar programas de salud, vivienda, cuidados y protección social.
La institución indicó que la documentación disponible no permite determinar si esos superávits responden a ahorros efectivos o a dificultades administrativas que impidieron ejecutar los fondos a tiempo.
Según la Defensoría, esta situación es relevante en programas de vivienda y asistencia social, donde el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) concentran cerca del 96% de los reintegros de Fodesaf.
Por ello, recomendó solicitar al Banhvi información sobre proyectos habitacionales, expedientes pendientes y plazos de adjudicación. Al IMAS le pidió detallar los beneficios, los hogares elegibles y las causas de la falta de ejecución.
La Defensoría también se refirió a los ¢10.327 millones destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el aseguramiento estatal.
Aunque consideró relevante la transferencia, señaló que se requieren datos sobre las personas efectivamente cubiertas, las obligaciones financieras pendientes, la continuidad de la afiliación y los posibles efectos de otras rebajas en la disponibilidad de consultas, medicamentos y tratamientos.
El tema del cierre de la sede se presentó en la Comisión de Hacendarios, donde la rectora de la institución indicó que sería de inmediato en caso de aprobarse el recorte. (Cortesía/Cortesía)
Recorte al TEC de Limón
Otro de los puntos señalados corresponde a una reducción de ¢492,88 millones en las transferencias corrientes al Tecnológico de Costa Rica (TEC), que, según la Defensoría, afecta el financiamiento de su Centro Académico de Limón.
Esa sede atiende a 417 estudiantes de tres carreras y cuenta con cerca de 30 funcionarios. La institución recomendó que los diputados soliciten al Ministerio de Hacienda y al TEC información sobre la composición del superávit, los compromisos existentes y la compatibilidad del recorte con los artículos 22, 23 y 24 de la ley, que protegen el financiamiento de las sedes universitarias regionales.
La Defensoría también señaló que el cambio de fuente de financiamiento por ¢153.544 millones para el pago de intereses de la deuda pública no constituye un gasto nuevo, pero recomendó dar seguimiento a las tasas, los plazos y los costos futuros.
Finalmente, la institución recomendó a la Asamblea Legislativa solicitar a Hacienda, a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y a las entidades involucradas información comparable sobre ejecución presupuestaria, metas, causas de los reintegros, población beneficiaria y necesidades pendientes.
También pidió detalles sobre las rebajas y los costos del financiamiento, antes de determinar los efectos de la iniciativa sobre la garantía de los derechos humanos.
