Menos horas de servicio, mayor tiempo de respuesta ante una emergencia y la eventual suspensión de rescates, como los acuáticos o en las montañas, están entre los escenarios que la Cruz Roja Costarricense analiza ante su crisis financiera.
La institución acumula cuatro años consecutivos de pérdidas millonarias y busca alternativas para mantener la atención con los recursos disponibles.
De acuerdo con los estados financieros de la organización humanitaria, en el 2022 cerró con un déficit de ¢524 millones. Las pérdidas empeoraron en los años siguientes: ¢704 millones en el 2023, ¢865 millones en el 2024 y ¢936 millones en el 2025.
Además, entre enero y julio del 2026, la institución acumuló números rojos por ¢943 millones, cifra que en solo siete meses ya superaba el resultado de todo el año pasado.
La gravedad del panorama financiero quedó reflejada en la auditoría externa del 2025 elaborada por el Consorcio EMD.
El documento, del cual La Nación tiene copia, advierte sobre una “incertidumbre material” de la Cruz Roja para garantizar la continuidad de sus operaciones a mediano y largo plazo, debido a las pérdidas recurrentes acumuladas desde el 2022.
El análisis destaca que el modelo financiero actual de la institución compromete su sostenibilidad si no se aplican medidas drásticas de contención.
De hecho, el pasado 22 de setiembre, ante la crítica situación financiera, la Cruz Roja lanzó la campaña denominada Colecta que Salva Vidas para obtener fondos y atender sus necesidades en todo el país. Además, la organización calificó sus fuentes actuales de financiamiento como “obsoletas” e “insuficientes”.
Déficit en 66 comités obliga a evaluar recortes de servicios
Walter Fallas, gerente general de la Cruz Roja, explicó a La Nación que el desequilibrio financiero responde a la alta demanda de atención de emergencias en el país y a que 61 comités y cinco juntas arrastran números rojos desde hace años, y carecen de ingresos suficientes para cubrir el faltante.
Ante este panorama, Fallas señaló que la institución no logra cubrir todos sus gastos con los ingresos que recibe, por lo que analiza medidas para sostener sus servicios con los recursos disponibles.
Entre las opciones está dejar de realizar rescates acuáticos y en montaña, así como la extracción de cadáveres que la Cruz Roja efectúa en apoyo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la atención de emergencias en territorios indígenas.
Fallas explicó que estos operativos requieren desplegar recursos durante periodos prolongados y asumir costos de horas extra, para los cuales no se cuenta con fondos suficientes. Además, el apoyo al OIJ no genera una compensación interinstitucional para la Cruz Roja.
El gerente general también aseguró que se contempla reducir los horarios de operación de algunos comités a jornadas únicamente diurnas, medida que podría aumentar los tiempos de respuesta ante una emergencia en horas de la noche por la menor disponibilidad de recursos.
El cierre de algunas sedes también se contempla entre las posibilidades, aunque descartó que esta medida ocurra en lo que resta del 2026.
“A diciembre del 2025 tuvimos un déficit de ¢936 millones. Esto viene en razón del gasto operativo y del decrecimiento o el no poder incrementar la generación de ingresos. (...) ¿Qué genera o qué dispara el gatillo? Que ya desde hace tiempo veníamos trabajando muy fuertemente en una preocupación por los déficits que veníamos arrastrando (en algunos comités), y cuando sale este informe de la auditoría es donde nos tocó empezar a trabajar en función de tratar de solventar la situación de la institución".
— Walter Fallas, gerente general de la Cruz Roja.
¿Cómo se financia la Cruz Roja?
La Cruz Roja opera en Costa Rica como una organización humanitaria privada sin fines de lucro, pero la mitad de sus ingresos provienen de fondos públicos. El año pasado tuvo ingresos por ¢24.636 millones, de los cuales ¢12.308 millones provinieron de 10 diferentes normativas específicas.
Destacan el impuesto rojo a las telecomunicaciones (Ley 8690), la ley de combustibles (Ley 8114), el timbre de la Cruz Roja (Ley 5649), multas de tránsito, tributos municipales, entre otros.
Adicionalmente, un 27% de los recursos –es decir, ¢6.823 millones– correspondieron a fuentes privadas; entre ellas, donaciones, actividades propias como bingos, venta de artículos de marca, alianzas estratégicas y cobertura de eventos especiales.
En tanto, el servicio de traslado de pacientes dado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aportó ¢5.505 millones; o sea, el 22% del total.
Pese a los números rojos, La Nación también constató que, al 6 de octubre, la Cruz Roja tenía ¢6.698 millones en la Caja Única del Estado. Sin embargo, esos recursos no están disponibles para cubrir el déficit, pues están comprometidos en licitaciones o reservas legales para garantizar el pago de planillas, dijo el vocero de la entidad.
Asimismo, Fallas aseguró que la organización espera recibir en los próximos meses una partida de ¢1.500 millones ya aprobada, que dará liquidez para cubrir gastos operativos.
Sin embargo, advirtió de que ese monto no garantiza cubrir todas las necesidades, pues estima que se requieren al menos ¢10.000 millones adicionales al año para sostener sus operaciones.
Durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial del 7 de octubre, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó que la cartera realizaría el giro. Sin embargo, no precisó cuándo se efectuaría.
Gastos superan ingresos
Aunque los fondos públicos que recibe la Cruz Roja muestran una leve tendencia al alza en los últimos años, los estados financieros de la entidad revelan que los gastos operativos y financieros superaron, por cuarto año consecutivo, los recursos totales percibidos. El desequilibrio, además, se profundizó con el tiempo.
El año pasado, la institución recibió ¢24.879 millones y gastó ¢25.816 millones, lo que dejó un déficit de ¢936 millones.
Una parte importante de la explicación está en la estructura de gastos. En el 2025, los salarios y las cargas sociales concentraron la mayor proporción, con ¢14.929 millones, equivalentes al 57,8% del total. Le siguieron los servicios, seguros y viáticos, que sumaron ¢3.311 millones.
Walter Fallas detalló que la Cruz Roja cuenta con unas 6.300 personas: 5.000 voluntarias y 1.300 de planta. A los primeros, la institución les cubre viáticos y seguros de trabajo, pero no reciben remuneración.
Además, señaló que muchos comités tampoco pueden proporcionarles las herramientas necesarias para atender emergencias, por lo que algunos optan por comprar con sus propios recursos uniformes, guantes y cascos.
Cargas operativas y fugas de recursos presionan el presupuesto
El desequilibrio financiero también se agrava por factores operativos que elevan los gastos de la institución. En el 2025, la Cruz Roja atendió 537.919 incidentes en todo el país; es decir, aproximadamente uno por minuto.
Entre los principales costos, el gerente general destacó la retención prolongada de camillas en las emergencias de hospitales de la CCSS. Esto se debe a que las ambulancias han quedado varadas hasta 32 horas a la espera de recuperar el equipo, lo que obliga a activar unidades de otros comités y eleva el gasto en combustible y horas extra.
A esto se suman las llamadas falsas o improcedentes al año, con un costo promedio superior a ¢110 millones. En el 2025 se registraron 3.983 alertas de este tipo y, al 28 de setiembre pasado, ya se contabilizaban 2.666.
Fallas también señaló el cobro presuntamente no reconocido por el Instituto Nacional de Seguros (INS) por traslados amparados a pólizas de riesgos del trabajo o del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), bajo el argumento de que la Cruz Roja ya recibe transferencias públicas.
La Nación consultó al INS si realiza estos pagos, pero no respondió dicho detalle.
“Es importante tomar en cuenta que la atención prehospitalaria, la asistencia inmediata a las víctimas y las labores operativas en escenarios de emergencia forman parte de las funciones ordinarias de la Cruz Roja”, argumentó la aseguradora pública.
A esta presión se suma el impacto de eventos masivos y espacios privados. Según la Cruz Roja, es frecuente que empresas contratadas para atender espectáculos o centros comerciales no lleven a los pacientes fuera del lugar para evitar la clausura del evento o quedarse sin cobertura.
En su lugar, llaman al 911 para que la Cruz Roja asuma el traslado gratuito a un centro médico.