La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) advirtió este viernes de que el gobierno dispone de herramientas técnicas establecidas por ley para evitar el desabastecimiento y el aumento en los precios al consumidor, luego del fallo que suspendió el decreto de reducción de aranceles a las importaciones del grano.
Entre estos instrumentos, dijo Conarroz, se encuentra la importación del cereal con una tarifa arancelaria reducida.
La gremial de arroceros, mediante un comunicado de prensa, aclaró que el fallo que congela el decreto ejecutivo, reduciendo el arancel que pagan los importadores del cereal del 35% a 3,5% en el caso del arroz con cáscara, y a 4% para el arroz pilado, no debería generar aumentos en los precios al consumidor ni una disminución en los inventarios.
Sin embargo, en caso de ocurrir, será responsabilidad del gobierno aplicar las herramientas dispuestas en la ley 8285 y su Reglamento, la cual creó Conarroz.
Conarroz mencionó que el país cuenta actualmente con un inventario de arroz en cáscara de al menos cuatro meses, almacenado por los industriales. Según la ley 8225, una vez decretada la declaratoria de desabastecimiento de arroz, el Estado, a través del Consejo Nacional de Producción (CNP) o, en su defecto, Conarroz, importará el grano con una tarifa arancelaria reducida.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), según la ley, determinará la cantidad y los períodos de importación de arroz en granza al menos con tres meses de anticipación, teniendo en cuenta la recomendación de Conarroz.
Las importaciones de arroz en granza serán distribuidas por el CNP o, en su defecto, por la Corporación Arrocera, mediante la negociación correspondiente con los agroindustriales.
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En esta negociación se establecerán y definirán los porcentajes de compra del arroz importado que corresponderán a cada agroindustria, basándose en la proporción porcentual de las compras de arroz hechas a los productores nacionales en el período agrícola anterior.
Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, destacó que la ley otorga al gobierno la capacidad de aplicar la declaratoria de desabasto por un volumen específico, durante un período determinado y bajo condiciones arancelarias establecidas en ese momento. Estas condiciones pueden variar desde la ausencia de aranceles hasta un porcentaje mínimo, una decisión que dependerá de la intención de reducir los costos de importación y que no sean trasladados por la vía de un aumento en los precios.
Araya explicó que el desabasto importado se distribuye proporcionalmente a los compradores (industriales) de arroz granza nacional de acuerdo al mismo volumen que compran internamente; esto se reconoce como requisito de desempeño. “Esto lo que promueve es que las industrias que apoyan al sector productivo nacional tengan la posibilidad de recibir más cuota del desabasto, lo que promueve la competencia en la agroindustria con un precio mejor”, indicó.
Suspensión del decreto
El fallo de suspensión del decreto ejecutivo fue emitido por la jueza tramitadora Patricia Calderón, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tras aceptar una medida cautelar interpuesta contra el Estado por un grupo de ocho productores de las Regiones Pacífico Central y Pacífico Sur.
La jueza explicó en la resolución que el decreto impugnado crea “una enorme y desventajosa diferencia para los productores nacionales”, ya que, en su opinión, se abrió la posibilidad de que los importadores no estén obligados a comprar la producción nacional, afectando así la cosecha nacional debido al menor precio de la importación.
La aplicación de la medida cautelar será efectiva cuando el fallo se convierta en resolución firme, una vez que se agote el proceso de apelación.
De acuerdo con el artículo 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la apelación deberá interponerse en un plazo de tres días hábiles después de recibir la notificación.
Sandra Castró, vocera de la oficina de prensa del Poder Judicial, confirmó que la Procuraduría General de la República fue notificada el jueves 4 de abril.
El 6 de julio del 2022, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la “Ruta del Arroz” y en la misma fecha se divulgaron dos decretos como parte de ese plan: uno sobre la reducción de aranceles (con el fallo de aplicación de la medida cautelar) y otro sobre la eliminación de la fijación del precio mínimo del arroz. Ambos fueron firmados por el mandatario el 3 de agosto.
El 10 de agosto se publicó en La Gaceta el decreto que eliminó la fijación de precios, y el 12 de ese mes se publicó el decreto que redujo el arancel.
Por otro lado, Conarroz hizo referencia a que, desde la implementación de la “Ruta del Arroz”, el precio del grano no ha mostrado una reducción.
De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta febrero del 2024 (último dato disponible), el precio del arroz presentó un aumento interanual del 4,28%.
Los arroceros también hicieron referencia a que los importadores y la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, han emitido declaraciones que “alarman y desinforman” a la población sobre el tema del precio del grano. Durante la sesión plenaria del pasado miércoles, la legisladora criticó el fallo de la jueza Calderón y aseguró que generará el incremento de precios, a la vez que sugirió el cese de funciones de Conarroz.
