Costa Rica registró 7.378 personas en situación de calle en 2026, equivalentes al 0,14% de su población total, según el informe Data on homelessness and housing exclusion 2026: Costa Rica, de la OCDE.
La cifra confirma una tendencia creciente: eran 3.404 en 2018 (0,07%) y 4.530 en 2023 (0,09%). El 91% son hombres y el 9% mujeres. El estudio, elaborado con el Cuestionario de la OCDE sobre Vivienda Asequible y Social y datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), no se limita al diagnóstico social: expone también la arquitectura fiscal que sostiene la respuesta estatal.
El Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO) es el registro que determina la elegibilidad para los programas financiados con presupuesto público; mientras el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) centraliza la identificación de quienes reciben transferencias y subsidios, funcionando como mecanismo de control del gasto.
La Ley 9694, del Sistema Estadístico Nacional, obliga al país a producir estas estadísticas, y el INEC ejecuta censos y encuestas cada diez años.
Las cifras se nutren del Formulario de Información Social para Personas Institucionalizadas o sin Domicilio Fijo (FISI) y del Formulario de Información Social (FIS), aplicados por encuestadores acreditados por el IMAS.
En el año 2023, 1.366 personas en esa condición recibieron asistencia de la Institución, lo que evidencia el volumen de recursos públicos ya comprometidos para ello.
El informe precisa que el conteo incluye a quienes viven en la calle y en albergues de emergencia, pero excluye a personas en instituciones y en viviendas no convencionales, lo que sugiere un subregistro que no ha sido cuantificado.
El documento fue elaborado con apoyo financiero de la Unión Europea, con responsabilidad técnica de la Secretaría General de la OCDE.
En este tema el país carece de estrategias regionales o locales de vivienda; solo la Política Nacional de Atención Integral a Personas en Situación de Abandono y Calle (2016-2026) sigue en actualización, con sus fases iniciales en marcha y un costo presupuestario aún por definir.
