El Banco Popular (BP) estimó el impacto financiero y los riesgos que podría enfrentar si se aprueba el traslado de la mitad del aporte patronal que recibe el ente al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para el pago de pensiones del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC).
El cuarto banco más grande del país, según sus activos, calculó que, si deja de recibir el aporte patronal del 0,25% que actualmente conserva, dejaría de incorporar aproximadamente ¢150.028 millones a su patrimonio entre 2027 y 2030. Esto equivale a un promedio anual de ¢37.507 millones.
Actualmente, los patronos deben pagar mensualmente al Banco Popular el equivalente al 0,5% de la planilla salarial: un 0,25% permanece en la entidad financiera y el otro 0,25% se redirige a las cuentas del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) después de 18 meses.
Sin embargo, la iniciativa de ley 25.721, impulsada por el Poder Ejecutivo, plantea trasladar a Fodesaf ese 0,25% que actualmente se queda en el Popular.
La entidad bancaria señaló que la eventual eliminación de este aporte tendría efectos sobre el crecimiento de su patrimonio, que a setiembre pasado era de ¢1,10 billones, y sobre su estructura de fondeo.
Así consta en un criterio de la Dirección Financiera Corporativa del banco incluido en el oficio GGC-1138-2026, del pasado 15 de octubre y suscrito por la gerenta general del Banco Popular, Gina Carvajal.
El oficio citado, del cual tiene copia La Nación, fue remitido por la jerarca a la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, que a finales de octubre pasado dictaminó por mayoría el proyecto de ley. Tras ese paso, la iniciativa ingresó al Plenario Legislativo para continuar su trámite.
El criterio expuso que la eliminación del aporte reduciría la capacidad de la entidad bancaria para absorber eventuales pérdidas y para respaldar el crecimiento de sus activos productivos, como la cartera de crédito o de inversiones.
Esto se debe a que el aporte patronal cumple la función de fortalecer el capital del BP, lo que le permite respaldar los riesgos que asume y absorber eventuales pérdidas.
Además, aporta recursos de fondeo estable para respaldar el crecimiento de la cartera crediticia y de inversiones, sin representar un costo, a diferencia, del resto de las entidades financieras.

Utilidades y suficiencia patrimonial bajarían
La Dirección Financiera Corporativa del Banco Popular cuantificó el “efecto aislado” de dejar de percibir unos ¢37.507 millones anuales a partir de 2027.
Según el criterio de esa Dirección, si el impacto de la eventual eliminación del aporte patronal del 0,25% se absorbiera mediante un menor crecimiento de la colocación de crédito en los segmentos de vivienda, empresarial y corporativo se reduciría la capacidad de crecimiento del negocio respecto al escenario base, que supone que el banco continúa recibiendo ese aporte.
Además, reduciría la expansión de los activos productivos y la generación de margen e ingresos financieros.
“Si el Banco reduce la colocación, el impacto se concentraría en los ingresos de intermediación, la utilidad y la capacidad para atender segmentos vinculados con su mandato social”, indica el oficio.
Bajo ese escenario de menor crecimiento de la colocación, la ganancia neta del banco sería de ¢40.505 millones en 2030, frente a los ¢48.053 millones proyectados en el escenario base para ese año. Esto representa una disminución de ¢7.548 millones.
También se reduciría el índice de suficiencia patrimonial (ISP), que brinda información sobre la fortaleza del capital de las entidades y su capacidad para responder por los riesgos generales de la actividad que realizan.
El ente estimó que ese indicador se ubicaría en 15,85% en 2030 si deja de recibir el aporte patronal. En cambio, si continúa percibiéndolo, alcanzaría un 18,32%.
Por su parte, se planteó un escenario catalogado como “menos viable”, que supone que, a partir de 2027, el BP sustituiría el aporte que eventualmente dejaría de recibir mediante mayores captaciones a la vista de bajo costo —cuentas corrientes y ahorro a la vista—.
“Si sustituye los recursos mediante captaciones, podría sostener una mayor actividad crediticia, pero asumiría un mayor costo financiero y mantendría la presión sobre el capital, dado que el fondeo no reemplaza el patrimonio dejado de recibir”, señaló el banco.
En este escenario, la reducción de la utilidad sería menor que en el primero. Para 2030, el banco proyectó una utilidad neta de ¢46.652 millones, es decir, ¢1.401 millones menos que los ¢48.053 millones estimados en el escenario base para ese año.
No obstante, persistirían los efectos negativos sobre el margen financiero, la eficiencia y la suficiencia patrimonial.
Además, esta alternativa exigiría captar recursos adicionales de manera estable, con un costo financiero previsto. Si el banco no logra conseguirlos, el efecto podría ser mayor por cuanto ese dinero debería captarse en captación a plazo de mayor costo financiero.
Bajo este escenario, para 2030, la suficiencia patrimonial se ubicaría en 15,68%, apenas 0,43 puntos porcentuales por encima del apetito institucional, establecido en 15,25%.
Aunque no se proyectan incumplimientos regulatorios durante el horizonte analizado en los escenarios, el efecto es relevante para la gestión prospectiva: “disminuye la capacidad para absorber pérdidas, sostener activos productivos y atender eventuales aumentos regulatorios”.
En el criterio, la Dirección indicó que los resultados no constituyen proyecciones determinísticas ni implican que los efectos financieros, patrimoniales y sociales identificados deban materializarse en la magnitud estimada.
El Banco dispone de medidas de mitigación que podrían moderar esos efectos, entre ellas la generación adicional de ingresos, la mejora de la eficiencia, la optimización del consumo de capital, la priorización de activos y el fortalecimiento del fondeo. No obstante, su capacidad de compensación dependerá de la oportunidad, alcance y efectividad de las decisiones que se sigan adoptando por las instancias competentes, así como de la evolución del entorno, la ejecución de las iniciativas estratégicas y las condiciones regulatorias y de mercado.
— Oficio GGC-1138-2026
Riesgos identificados
Además del análisis financiero, el oficio remitido por Gina Carvajal incluye un listado con varios riesgos asociados con la eventual eliminación del aporte patronal del 0,25%, los cuales fueron identificados por la División Corporativa de Riesgo del Banco Popular.
El riesgo más inmediato, según esa dependencia, sería el deterioro de la base de capital de la entidad, es decir, del respaldo financiero con el que cuenta para absorber eventuales pérdidas y responder por los riesgos asociados con sus operaciones.
La ausencia de este flujo implicaría que el crecimiento del patrimonio dependa exclusivamente de la retención de utilidades, lo cual introduce, según la entidad, una mayor sensibilidad a los resultados operativos.
El documento señaló que en eventuales escenarios de baja rentabilidad o pérdidas, el banco podría enfrentar dificultades para mantener niveles adecuados de capital, lo que elevaría su exposición a incumplimientos regulatorios.
La División Corporativa de Riesgo también identificó un riesgo de crédito. De acuerdo con el oficio, un debilitamiento del capital reduciría la capacidad del banco para absorber pérdidas derivadas de un eventual deterioro de su cartera crediticia.
“Dado que el Banco Popular mantiene un enfoque en segmentos de mayor riesgo relativo, la reducción de su buffer de capital (reserva de capital) podría amplificar el impacto de eventuales incrementos en la morosidad, comprometiendo la estabilidad de su balance”, agregó el documento del Popular.
Otro de los riesgos estaría relacionado con la liquidez. El oficio detalló que el aporte del 0,25% cumple indirectamente una función de fondeo estable, por lo que su eventual eliminación obligaría al banco a depender en mayor medida de fuentes de financiamiento externas, como depósitos o emisiones, “las cuales pueden ser más volátiles y sensibles a condiciones de mercado”.
También, la División Corporativa de Riesgo advirtió que la posible eliminación del aporte podría generar una “desalineación” entre el mandato social del banco y su capacidad financiera.
“Esto podría obligar a la institución a replantear su modelo de negocio, priorizando rentabilidad sobre inclusión, lo que afectaría su rol dentro del sistema financiero”, advirtió la División Corporativa de Riesgo del BP.
