El Juzgado Civil y de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José (Desamparados) ordenó el cierre y la disolución de Coopeaserrí, luego de un año de estar intervenida y en medio de una tormenta financiera.
Las razones que motivaron la intervención de la entidad fueron el incumplimiento del índice de suficiencia patrimonial, la reducción del patrimonio en más de la mitad y el riesgo de la seguridad y solvencia de la Cooperativa, informó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el 2 de febrero del año anterior.
La jueza Ana Milena Gutiérrez dio el banderazo de salida este lunes para que se inicie la liquidación de esta cooperativa, proceso a cargo de un curador.
Johnny Salazar, funcionario de la Sugef, fue nombrado en este cargo de manera provisional, sin embargo, todavía no ha aceptado el puesto, según le informó este miércoles a La Nación.
Coopeaserrí tenía 7.000 asociados, lo que representa el 0,11% del sector cooperativo y el 0,01% del sistema financiero nacional.
Sus bienes están valorados en ¢1.000 millones, pero sus deudas suman más de ¢4.500 millones.
Proceso lento. El plazo para definir a los encargados de la disolución vence este jueves.
De acuerdo con Javier Cascante, superintendente general de Entidades Financieras, los pasos siguientes son valorar los activos, liquidar las deudas que quedaron y analizar montos que se pueden entregar a los asociados.
Las personas que tenían ahorros o que adeudan a Coopeaserrí deberán esperar a que el curador determine los plazos para solventar los líos financieros.
“Al ser declarada en quiebra, se tiene que ir a un proceso judicial. Es un proceso lento porque ahora el curador tiene que hacer la valoración de los pasivos, atender los activos y hacer pagos hasta que alcance”, dijo Cascante.
De momento, Coopeaserrí se encuentra atada, pues el juzgado ya notificó al Sistema Bancario Nacional, a las instituciones de crédito, almacenes de depósitos, aduanas y al Registro Nacional sobre la situación que atraviesa la Cooperativa, para que se abstengan de inscribir cualquier documento o girar cualquier título valor a favor de esta entidad.
El titular de la Sugef añadió que hubo apoyo de tres cooperativas que aportaron unos ¢800 millones, los cuales fueron entregados a los ahorrantes.
Con ese dinero, las personas afectadas pudieron recibir parte de los fondos congelados debido a la intervención. La Sugef buscó el apoyo de otras entidades financieras para rescatar a la cooperativa; empero, ello no fue posible y el naufragio se tornó inevitable.
Conflictos penales. Además del proceso civil, la quiebra de Coopeaserrí derivó en denuncias penales. Durante la intervención, a cargo de Salazar, se acusó a un exempleado de la Cooperativa ante el Ministerio Público por los aparentes delitos de peculado y administración fraudulenta.
Así lo confirmó la oficina de prensa de esa institución.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios recibió la denuncia el 3 de febrero de 2015 contra el entonces gerente de la Cooperativa, Erick Morales Zeledón.
También existen dos imputados más, de apellidos Carrillo Sánchez y Ordóñez Morales, por el supuesto delito de legitimación de capitales; ellos formaban parte de la Junta Directiva.
Los tres hombres tienen medidas cautelares, las cuales incluyen el impedimento de salida del país, entrega del pasaporte al juzgado y prohibición de ingreso a Coopeaserrí, entre otras.
En abril pasado, el interventor afirmó que también solicitó al Ministerio Público investigar un movimiento de ¢749 millones que se hizo hacia cuentas de personas que no tenían ninguna relación con la Cooperativa.
Ese traslado redujo en 100% el patrimonio de Coopeaserrí y dejó un déficit de ¢78 millones.