El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) está cada vez más cerca de la quiebra técnica debido al deterioro de su patrimonio durante el último año.
La institución tuvo pérdidas por ¢27.852 millones, el año pasado, y en enero anterior se le sumaron ¢2.855 millones (¢30.707 millones en total) las cuales se comieron el 45% de la reserva patrimonial de la entidad, confirmó Marco Hernández, interventor de Bancrédito.
El banco estatal contaba con un patrimonio de ¢68.130 millones, al cierre del 2016, antes de darse la crisis en la entidad.
Dicho monto bajó a ¢37.407 millones; luego de que el Banco asumiera las pérdidas del 2017 y enero pasado.
Hernández confirmó que si se consume la reserva patrimonial, el banco entraría en quiebra técnica.
"El Banco no tendría patrimonio, sino déficit, lo que significa que si se recuperaran todos sus activos no alcanzaría para pagar todos sus pasivos (deudas)", explicó el interventor.
El funcionario preveía una mejora en la situación de la institución dado que, para el mes de febrero, estiman una ganancia de ¢697 millones; incluso no esperaban mayores pérdidas.
Sin embargo, el panorama dio un giro debido a la aprobación, en primer debate, este jueves 8 de marzo, de un proyecto de ley que otorga una indemnización de cuatro salarios al personal del Banco y que significará un gasto adicional.
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El patrimonio en los bancos estatales se considera fondos públicos, pues fueron los recursos aportados por el Gobierno para el desarrollo del negocio bancario.
Las pérdidas reportadas por Bancrédito, durante el último año, se fundamentan en el deterioro de la cartera de crédito debido a operaciones que entraron en morosidad o pasaron a cobro judicial.
Adicionalmente, por el registro del gasto para crear la provisión por cesantía de los empleados de la institución.
El banco público fue intervenido el pasado 22 de diciembre, luego de determinarse un deterioro en los indicadores de rentabilidad, liquidez y activos.
El negocio de Bancrédito entró en declive, a mediados del 2016, cuando tres créditos hundieron las utilidades de la institución.
El deterioro de la entidad generó que, a finales de mayo del 2017, el Consejo de Gobierno decidiera cerrar el negocio de intermediación financiera de la entidad y transformarlo en un banco de fomento. Sin embargo, dicho plan nunca prosperó.
Nuevo impacto
El interventor de Bancrédito resaltó que la situación financiera de la entidad dependerá de la gestión que se realice en la recuperación de los activos –cartera de crédito– , así como del comportamiento de pago que tengan los deudores de sus préstamos.
Sin embargo, aceptó que el bono de cuatro salarios aprobado en primer debate por los diputados, el 8 de marzo anterior, genera un golpe adicional a la empresa.
Incluso, catalogó de ruinosa la medida, porque obliga a la entidad bancaria a tomar ¢3.000 millones para pagar dicho beneficio.
"El pago de esa bonificación significará un gasto adicional para el Banco e incrementará las pérdidas de la entidad. Su impacto representa un 8% del patrimonio actual y 11% de las pérdidas que generó el año pasado", recalcó Hernández.
Añadió que el pago del beneficio a los trabajadores tendría que salir de la recuperación de los activos hecha por el Banco, principalmente operaciones de crédito.
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Sin embargo, si los recursos por recuperación de préstamos son insuficientes, el Banco deberá tomar el dinero del patrimonio o acudir a la garantía estatal.
El bono se entregaría a 477 trabajadores despedidos, a partir de junio del año pasado, y para los actuales 217 empleados de la entidad.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, recalcó que la decisión tomada por los diputados no tendrá ninguna afectación al Presupuesto Nacional, pues los recursos deben ser solventados con la liquidación de los bienes y activos del banco.
"La decisión de cómo realizar la liquidación de los bancos estatales recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa", recalcó Alfaro.
Gobierno espera respuesta
Por otra parte, el Gobierno aún no ha decidido si hace efectiva la garantía estatal, pues Bancrédito cayó en impago a sus deudas desde diciembre anterior.
El interventor confirmó, el pasado 16 de febrero, la solicitud formal para que el Estado asumiera la deuda de ¢131.000 millones Bancrédito con el Ministerio de Hacienda.
El Poder Ejecutivo remitió, el pasado 2 de marzo, la consulta a la Procuraduría General de la República sobre el uso de la garantía estatal y el caso se encuentra en trámite, confirmó la Oficina de Prensa de la Procuraduría.
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"Cuanto más se atrase el Gobierno al tomar una decisión, más costos se generarán y se corre el riesgo de que los activos se deterioren aún más, porque el Banco no puede sostener en el tiempo una gestión eficaz y eficiente en la recuperación de los activos", enfatizó Hernández.
Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, confirmó que la inversión de Hacienda en Bancrédito se hizo de forma temporal y tenían previsto recuperar los recursos una vez su vencimiento, es decir en diciembre anterior.
Arroyo detalló que en el plan de deuda del primer semestre 2018 se incluyó el financiamiento de las necesidades de periodos anteriores, en los cuales se incluyen los recursos no devueltos por el banco público.
“El flujo de caja requiere contar con información exacta sobre los ingresos, egresos y operaciones de financiamiento del Gobierno Central, dentro de las cuales se incluye la renovación o no de los vencimientos. La Tesorería Nacional se preparó para un escenario donde se renovarían a corto plazo la mayoría de esas inversiones con Bancrédito”,
Hacienda invirtió los recursos en Bancrédito, entre marzo y abril del 2017, en certificados de depósito a plazo con el fin de darle liquidez a la entidad.