Banco Popular corre riesgo de quedar sin Junta Directiva por falta de ratificación de miembros

Lenín Hernández Navas, presidente de la Asamblea de Trabajadores, cuestionó la falta de acción del Poder Ejecutivo al no proporcionar una respuesta, lo cual, indica, afecta al máximo órgano de dirección de la entidad pública.

Además, destacó que el nombramiento temporal de las personas designadas por el Gobierno venció este martes 19 de diciembre.

“Nos parece una irresponsabilidad del Poder Ejecutivo esperarse hasta el último día para ratificar, no ratificar (a los personas elegidas), o no hacer nada, que es peor todavía”, aseguró Hernández Navas.

La Directiva del Popular está compuesta por siete personas. Cuatro son elegidas por la Asamblea de Trabajadores y tres por el Poder Ejecutivo.

Los cuatro representantes propietarios elegidos por los trabajadores, en noviembre pasado, fueron Francisco Cruz Marchena, Iliana González Cordero, Gilbert Díaz Vásquez y Martha Eugenia Camacho Murillo. Los suplentes son Víctor Mora Schlager, Wendy Vargas Méndez, Steven Oreamuno Herra y Ana Luisa Calvo Monney.

La Secretaría del Consejo de Gobierno informó, mediante correo electrónico, que la Presidencia de la República se encuentra en el proceso de revisión de la idoneidad de los directores elegidos por la Asamblea de los Trabajadores.

La Nación consultó a Casa Presidencial, por correo electrónico, este martes a las 12:53 p. m., si se tomó alguna decisión sobre los directivos propuestos o si ampliaría el nombramiento de las personas elegidas de manera temporal. Pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Casa Presidencial acumula, en este mes de diciembre, 15 meses de haber seleccionado a los tres representantes estatales y a cuatro directivos temporales que debía escoger la Asamblea de Trabajadores. Precisamente, este martes venció la ampliación de siete meses dictada por el decreto ejecutivo Nº 44019-MP-MTSS de los directivos pro tempore (temporales) seleccionados por el Ejecutivo.

El Banco Popular es una de las cuatro instituciones catalogadas como sistémicas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia.

A octubre, el banco público registró un saldo de activos por ¢4.158.329 millones, es decir, el 10,5% del total del sistema financiero costarricense, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Sin claridad

El vocero de la Asamblea de Trabajadores añadió que no hay claridad sobre lo que pasará con la Directiva de la entidad financiera, dada la falta de respuestas del Gobierno.

Hernández dijo que, en caso de rechazarse por incumplimiento de idoneidad de las personas nombradas, se deberá verificar la eventual falla.

“En el supuesto que no cumplan con la idoneidad se deberá determinar si corresponde hacer una nueva Asamblea para escoger a las personas. La guía de la Superintendencia (General de Entidades Financieras) será muy relevante en los pasos a seguir”, comentó el vocero.

A inicios de diciembre, este órgano cuestionó la intención del Gobierno Central de ampliar su dominio en la Junta Directiva al no ratificar a los directivos elegidos.