Comercios ahorran ¢231.000 millones por baja en comisiones de tarjetas

La comisión de adquirencia es un costo que debe cubrir el comerciante por el uso del datáfono o una terminal proporcionada por la empresa adquirente, la cual se utiliza para autorizar la compra y, a su vez, debitar el monto de la tarjeta de débito o crédito.

Desde marzo de 2020, la Ley 9831, Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, establece la obligatoriedad del BCCR de determinar las comisiones del sistema de tarjetas de pago para garantizar el menor costo posible de procesamiento en datáfonos que pagan los comercios.

A través de un comunicado, la entidad señaló este jueves que esta regulación es apoyada con datos de los bancos emisores y adquirentes, procesadores de pagos con tarjetas, marcas internacionales de tarjetas y autoridades regulatorias de otros países, para caracterizar el sistema de tarjetas de pago del país y reducir las ineficiencias.

En el año 2020, el BCCR verificó disparidad en las comisiones de adquirencia entre los comercios pequeños y grandes, con comisiones que iban desde 12% las más alta hasta 0,25% la más baja, provocando que los comercios pequeños pagaran hasta 48 veces más de comisión por el mismo valor de venta que un comercio grande, distorsionando la competencia efectiva en la venta de bienes y servicios.

Actualmente, la comisión más alta que se cobra por las operaciones de pago con tarjetas es de 2,00%, beneficiando a más de 22.000 comercios, indicó la institución rectora de la política monetaria.

Señala que la reducción de costos conlleva a los comercios a ofrecer menores precios de bienes y servicios, diversificar o mejorar sus productos, ofrecer mayor empleo o mejorar las condiciones laborales de sus empleados, entre otros.

La entidad indica además que la Ley 9831 le brinda la posibilidad al BCCR de recolectar información asociada a cada pago que procese un comercio, para determinar las comisiones del sistema costarricense de tarjetas de pago, “en atención del interés público y para garantizar el menor costo posible a los comercios del país”.

Sin embargo, la solicitud de información personalizada sin anonimizar por parte del BCCR ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), provocó la presentación de acciones por inconstitucionalidad por parte de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Oficina del Consumidor Financiero (OFC).

La institución puso a disposición la instancia de Atención al Cliente para los comerciantes que tengan dudas sobre los cobros que le efectúa su proveedor adquirente. Las consultas pueden realizarse mediante el correo atencionalciudadano@bccr.fi.cr o al teléfono 2243-3333.