San José.
La prohibición temporal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a realizar derribos de plantas en fincas piñeras en tres localidades de la zona norte, para evitar la proliferación de la mosca del establo, causó el malestar de los productores y su enfrentamiento contra la medida.
Producto de esta disputa se creó una comisión conjunta que se encargará de inspeccionar los cultivos y eventualmente ajustar la disposición.
El Senasa prohibió la corta de plantas en Pital y Cutris, en San Carlos, y en la localidad de San Rafael, en Río Cuarto de Alajuela. Según los piñeros, la prohibición de derriba no permite resembrar o sembrar de nuevo la plantación y eso reducirá en un estimado de 9,5 millones de cajas de 12 kilos la cosecha del 2018, lo cual implica unos $52 millones.
Además, para el 2019 se calcula una reducción en la producción de 4,5 millones de cajas de 12 kilos, con un valor de $25 millones, detalló Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep).
El director regional del Senasa en la región Huetar Norte, Eliud Herrera, advirtió de que la entidad toma esas decisiones solo cuando el problema tiene una magnitud grande. Señaló que algunos productores retrocedieron en los controles y esto causó nuevos brotes muy fuertes de la plaga de moscas.
La decisión de las autoridades sanitarias busca evitar que los rastrojos o residuos de plantas, especialmente la corona de la fruta y las hojas, se queden en el campo y se conviertan en un hospedero para el desarrollo de la mosca. Estos residuos, afectados por la humedad y las lluvias, son el sitio ideal para que el insecto deposite los huevos y se reproduzca.
Posteriormente, la mosca adulta se alimenta con la sangre de los animales, especialmente del ganado vacuno, aunque también ataca a perros e incluso puede llegar a afectar los humanos. Al ser atacado con los piquetes de gran cantidad de moscas, el animal deja de comer, gasta energía en su intento de quitarse los insectos, se vuelve perezoso y su rendimiento finalmente disminuye, tanto en carne como en leche.
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Sin embargo, Chaves denunció que la medida del Senasa tiene una orientación solo geográfica, pues no se basó en una inspección de las fincas como debe ser. "Estamos de acuerdo en castigar a quien comete el error; no a todos los productores", enfatizó.
Protesta
Contra eso y por el efecto económico que tiene la medida del Senasa protestaron los productores y las comunidades, explicó Chaves.
Por ello se creó una comisión conjunta, con representantes de la Defensoría de los Habitantes y de la Municipalidad de San Carlos como observadores, para buscar una salida al conflicto.
Mientras Chaves asegura que con las inspecciones de la comisión se comprueba que hay otros sectores como naranjeros, porcicultores y granjeros de aves, que también depositan residuos y crean hospederos de la mosca; Herrera señaló que en una primera gira quedó demostrado el retroceso de los piñeros y la grave propagación de las moscas.
"Necesitamos aclarar que no estramos persiguiendo a la producción piñera, sino que se requiere controlar la mosca por su impacto en la ganadería y la posibilidad de que afecte a otros animales e incluso a humanos. La preparación del terreno y siembra de la fruta no se han prohibido". declaró Herrera.
La única salida al problema, agregó, es eliminar el medio de reproducción y detalló que las buenas prácticas en la zona de Cutris ya permitieron levantar la medida.
Reconoció la inquietud de los productores en el sentido de que se puede interrumpir el ciclo de producción y, por ello, la cosecha bajaría en los dos próximos años.
Pese al acuerdo para establecer una comisión y en su seno buscar salidas, Chaves dijo que el procedimiento para la prohibición de las derribas es erróneo. Dijo que esto se establece luego de hacer inspecciones en cada una de las fincas, lo cual se está haciendo solo después de la protesta.