Las autoridades fitosanitarias de Costa Rica se muestran preocupadas por la posibilidad de que en las exportaciones tradicionales de piña se mezcle alguna fruta de la variedad rosada, luego de que se encontraran cinco fincas de cultivos sin autorización, lo que pone en riesgo el comercio exterior del país.
“A nosotros como institución, por lo que es nuestra competencia, lo que nos preocupa es que en alguna exportación de piña convencional se vaya a ir alguna piña de estas y que nuestros socios comerciales, al ser la piña producto de la transformación a través de un organismo vivo modificado, vaya a generar algún tipo de problema y tengamos una afectación al mercado de la exportación de Costa Rica”, dijo Nelson Morera, director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Costa Rica es el mayor exportador de piña en el mundo, garantizando el 68,7% de las colocaciones de la fruta a nivel global en 2022, según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO por sus siglas en inglés), seguido muy distante por Filipinas, que exportó el 17,4%.
“Somos el primer país del mundo en exportación de piña. No sabemos qué manejo desde el punto de vista fitosanitario y de organismo vivo modificado le podrían dar las autoridades europeas a una piña de estas. En Estados Unidos no habría problemas porque la piña (rosada) tiene un permiso del FDA (Administración de Alimentos y Drogas) pero en Europa sí podría haber algún tipo de problema”, agregó el funcionario.
El SFE hizo público el 13 de junio, la siembra ilegal de piña rosada en cinco plantaciones en la zona de Pital de San Carlos, tras la denuncia de la sustracción ilegal de la fruta con fines comerciales en el país, realizada por la empresa Fresh Del Monte, que patentó esta variedad genéticamente modificada, identificada como Pinkglow.
La situación ha generado el reclamo de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) por considerarla una amenaza a la imagen del país.
Abel Chaves, presidente de Canapep, dijo que las autoridades fitosanitarias deben procurar que no se vayan a afectar los mercados internacionales debido a las características de modificación genética.
Canapep, a través de un comunicado publicado este 16 de junio, hizo un llamado a las autoridades para que se implementen acciones legales para sancionar la siembra ilegal de la piña rosada.
“Si esto está sucediendo con la piña y las autoridades no hacen nada, el día de mañana puede ser otra actividad que se vea afectada. La noticia ha trascendido fronteras, es un tema de mucha preocupación”, señaló Chaves a La Nación.
Para Canapep, esta irregularidad podría traer consecuencias legales por los compromisos suscritos para garantizar los derechos de propiedad intelectual en los tratados comerciales vigentes.
En 2022, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de piña costarricense con 1,02 millones de toneladas, seguido de la Unión Europea con 726.809 toneladas y para este año, Reino Unido se colocó en la tercer posicion con 142.386,5, de un total general de 2,0 millones de toneladas exportadas, según datos preliminares de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
El riesgo de propagación
Por otro parte, respecto a la coordinación con otras instituciones ligadas al control de las exportaciones, Morera indicó que el SFE cuenta con inspectores en todos los puestos de ingreso del país. “Nosotros tenemos el personal para ejercer el control”, aseguró.
Morera además indicó que cada vez que se siembra este tipo de material genéticamente modificado debe cumplir con la normativa, análisis de riesgos y medidas de bioseguridad.
El funcionario explicó que esto cabe no solo para material de ingesta humana, sino también con cualquier otro, como el algodón, razón por la cual los cultivos deben estar a 50 metros de distancia de cualquier otra variedad vegetal. “La ciencia dice que puede haber flujo de genes y pueden trasladarse incluso a especies silvestres y estas cosas hay que manejarlas con el debido cuidado”, explicó.
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Respecto a cómo pudo haber salido el material desde la empresa para que empezaran los cultivos no autorizados, Morera indicó que es parte de la investigación que sigue en curso.
“Tampoco nos interesa proteger los derechos de nadie, lo que nos preocupa realmente es que se cumpla con la normativa en materia de biotecnología de esos organismos vivos modificados y salvaguardar el estatus fitosanitario del país”, apuntó.
Morera mencionó que el informe sobre las inspecciones en las plantaciones ilegales ya está concluido y se encuentra en proceso de evaluación.
Aseguró que fueron destruidas tres de las cinco plantaciones a las que lograron el acceso. “Lo que se aplicó fue un desecante al producto para que muera”, sobre las otras dos plantaciones dijo que tuvieron dificultades para hacer la inspección.
El SFE ha girado instrucciones en todo el país para decomisar la fruta detectada en alguna feria del agricultor o en anuncios por redes sociales, concluyó Morera.
