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San José.
La Defensoría de los Habitantes cuestionó varios aspectos incluidos en la propuesta de nuevo reglamento para agilizar la autorización de plaguicidas en Costa Rica, que podrían poner en riesgo la salud de los consumidores y el ambiente.
Por ejemplo, advirtió del peligro que puede significar el uso de información de referencia, es decir, la de otro producto parecido para autorizar uno diferente.
También, que se construya un "registro por incorporación", que consiste en reconocer información presentada en otros países para ingredientes activos.
Los cuestionamientos de la Defensoría se presentan en el marco de una investigación de oficio que abrió la entidad acerca del uso, la legislación y el control de esos productos químicos, utilizados para el control de plagas y enfermedades en la agricultura.
Los productos se elaboran a partir de ingredientes activos, con los cuales se hacen los formulados que se ofrecen en los comercios y son los que finalmente se aplican en las plantaciones.
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El nuevo reglamento propuesto pretende agilizar el registro de los agroquímicos y reducir una presa de 2.124 solicitudes acumuladas desde hace más de 10 años de entrabamiento. El ente encargado de autorizar finalmente el registro es el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero también requiere el visto bueno de los ministerios de Salud y Ambiente y Energía (Minae).
En la tarde del martes 25 de octubre, el ministro del MAG, Luis Felipe Arauz, convocó de emergencia a un conferencia de prensa. El jerarca aseguró que desde agosto solicitó a la Defensoría una audiencia para explicar en detalle el nuevo reglamento, pues aseguró que contiene aspectos muy técnicos.
Empero, añadió Arauz, no se le otorgó la audiencia en ningún momento. Aseveró que los actos del 15 de setiembre, de manera verbal, le volvió a recordar a la defensora, Montserrat Solano, la solicitud de reunión, pero tampoco logró respuesta en los días siguientes.
Según el ministro, la Defensoría de equivoca al decir que el registro por incorporación se hará para productos sintéticos formulados, pues solo se autoriza para los ingredientes activos. Enfatizó, de nuevo, que estos no se pondrán a la venta ni se aplicarán en el campo, pues son la materia prima para hacer las formulaciones.
En cuanto a la aceptación de información referenciada o tomada de otras fuentes, Arauz aseguró que se reconocerá solo si los productos tienen el mismo ingrediente activo y las impurezas se pueden homologar. Para ello se hace un primer examen. Si no son totalmente homólogos, agregó, se enviará el trámite a los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía, es decir, seguirá prácticamente el trámite normal de cualquier agroquímico.
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Las cámaras del sector privado que reúnen a los formuladores y distribuidores de los plaguicidas y el MAG defienden la agilización del registro, en vista de que en 10 años se han acumulado un número muy importante de moléculas nuevas, con menos impacto ambiental, las cuales no se pueden utilizar en Costa Rica por el atraso en su registro.
La inquietud de la Defensoría se une a la de grupos ecologistas, de protección ambiental y de agricultura orgánica, que se quejaron desde inicios de junio pasado ante el MAG, por la tramitación de este nuevo reglamento.
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Inquietudes. En un comunicado de prensa, la Defensoría advirtió la mañana de este martes que ya había señalado anteriormente, como una práctica inconveniente, que se pretenda utilizar la información de un producto parecido como referencia para autorizar otro.
"En criterio de esta Defensoría, más bien, para el registro de un plaguicida, ya sea que se trate de producto técnico formulado o coadyuvante, se debe aportar la información propia completa que permita un análisis previo de la calidad y/o eficacia del producto, así como los riesgos que representa para la salud humana y el ambiente", dice el comunicado que emitió la entidad.
En lo relativo al registro por incorporación se aplicaría solo a los ingredientes activos, es decir, a los que se usan en la industria y no salen ni a los comercios ni a las aplicaciones en las fincas, según justifica el MAG. Estos productos se podrían registrar en Costa Rica si ya pasaron el proceso en otro país con normativa a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al respecto, la Defensoría advierte de que se otorgan registros por un plazo de tres años a los plaguicidas sintéticos formulados pendientes de aprobación. Esto indica que la evaluación se haría en los tres años posteriores, con el inconveniente, según la entidad, de que si no cumpliera los requisitos el revocar el registro provisional no evitaría el daño de su aplicación.
La Defensoría también se cuestiona si en tres años los ministerios encargados, en particular Salud y Minae, puedan realizar las evaluaciones. Esto tomando en cuenta la cantidad de solicitudes pendientes, así como los recursos técnicos y de personal.
La entidad hace alusión a que la propuesta de reglamento debe ser congruente con la aplicación del principio precautorio, es decir, que la prevención de posibles afectaciones yace en el análisis previo de la información completa del producto.
