La Defensoría de los Habitantes reaccionó ante denuncias de comunidades y abrió una investigación acerca del uso, la institucionalidad, los controles y los registros de los plaguicidas.
Tatiana Mora, directora de Calidad de Vida de la Defensoría, detalló que la investigación se abrió de oficio, luego de analizar denuncias que en el tiempo han hecho, especialmente comunidades, ante la entidad.
La última de ellas proviene de Los Chiles y es acerca de supuesta contaminación de agua por empresas piñeras.
Mora agregó que hay una acción de inconstitucionalidad presentada en la Sala IV acerca de una presunta afectación en mujeres embarazadas.
La discusión acerca de la posible contaminación de agua para consumo humano con residuos de plaguicidas utilizados en plantaciones piñeras se inició desde el 2007.
En aquella oportunidad, el Ministerio de Salud recomendó a la comunidad de El Cairo, Siquirres, no consumir el agua del acueducto ante la sospecha de contaminación. Se ordenó el abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna.
Efecto. Los rumores y publicaciones acerca del incremento en el uso fueron algunos de los factores que motivaron a abrir la investigación, declaró Mora.
La disquisición de la Defensoría abarcará también la legislación actual y el tipo de controles del Estado, así como el tipo de productos que ingresan.
“Más allá del consumo y de los problemas de contaminación y de ambiente, no sabemos qué tipo de agroquímicos ingresa a Costa Rica, qué registros implementa el país y si la normativa es actualizada o está desfasada”, enfatizó Mora. Recordó el tema de los trabajadores afectados con nemagón en bananeras que todavía no se ha resuelto definitivamente.
Por eso, la investigación tendrá un abordaje integral y sus resultados no se tendrán en menos de un año, calculó la funcionaria de la Defensoría.
El estudio le dará un énfasis especial a los eventuales efectos en los trabajadores que realizan la aplicación de los productos, pues están expuestos directamente a la contaminación.
“Es una temática que siempre genera ruidos y no tenemos información certera de la normativa existente, de si es rigurosa, es en pro de la salud humana o en pro del desarrollo de una actividad económica”, concluyó Mora.
