En Chile, se le impuso un tributo a los vehículos nuevos el cual varía según el nivel de contaminación que generen. En Colombia, el Estado cobra por las emisiones de CO2 mediante un impuesto a los combustibles, al tiempo que gravó las bolsas plásticas. Y en Ecuador, se aprobó un nuevo impuesto a los carros con un cilindraje mayor a los 1.500 centímetros cúbicos (cc).
Estos son algunos ejemplos de "impuestos verdes", en los que se grava la contaminación del aire, que están siendo evaluados por el Ministerio de Hacienda para, eventualmente, replicarlos en el país.
La aplicación de este tipo de tributos es una de las alternativas que baraja el Gobierno para compensar una baja en la recaudación fiscal, producto de la entrada en vigencia de la ley que exonera de impuestos a los vehículos eléctricos.
Y además, es una posible medida en el recorrido por alcanzar la meta país de llegar a ser carbono neutral, en el 2021, mediante el desincentivo al consumo de combustibles fósiles.
En el país, ya existe una especie de impuesto verde, pues el 3,5% del impuesto único a los combustibles se destina al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), para el pago de servicios ambientales.
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Hacienda estima que la exoneración de impuestos a los autos eléctricos generaría una disminución de unos ¢76.000 millones en la recaudación fiscal en cinco años, más de ¢15.000 millones anuales, según lo permitió la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico
Esta disminución equivale a un 0,22% del producto interno bruto (PIB). Cada punto del PIB representa unos ¢350.000 millones y el déficit fiscal está un 6,2% del PIB.
El viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, confirmó que se estudia la incursión del país en los impuestos verdes y que la eventual iniciativa se tramitaría aparte del plan fiscal que actualmente se discute en el Congreso.
"En este momento, el Ministerio de Hacienda se encuentra valorando diferentes alternativas, las cuales, de resultar viables, estarían presentándose en un nuevo proyecto de ley y no dentro del proyecto de ley No. 20.580 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).
"Sobre el particular y siguiendo la línea de la ley de incentivos al transporte eléctrico, las propuestas en análisis y valoración se dirigen a lo que se conoce como impuestos verdes", dijo Acosta en un correo electrónico.
Además, insistió en que, más allá de la baja en la recaudación fiscal que generaría la exoneración a los vehículos eléctricos, hay que considerar los "beneficios no tangibles" de ese tipo de medidas.
"Lo que se pretende con este tipo de exoneraciones es abrir el mercado para facilitar el ingreso y utilización de estas nuevas tecnologías, y además conocer las ventajas en beneficio del medio ambiente.
"Por lo general, las nuevas tecnologías tienen un costo alto, pero con el pasar del tiempo, estos costos se reducen permitiendo mayor accesibilidad a otros sectores de la población.
"El país requiere de los ingresos públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos, que en muchos casos sirven para solventar las necesidades de los más pobres y también para el desarrollo de la economía. Pero esta premisa no puede dejar de lado la construcción de una sociedad más sostenible, menos contaminante y que mejore la calidad de vida de las personas", enfatizó el viceministro.
Leve impacto en recaudación fiscal
Unos ¢76.000 millones es lo que se dejaría de percibir el país en impuestos bajo el supuesto de que ingresen 15.900 vehículos eléctricos entre el 2018 y el 2022.
De esa suma, ¢69.823 millones (el 92%) es el monto estimado que se dejaría de recaudar por los tributos de importación y los ¢6.337 millones restantes, por el tributo a los combustibles dejado de percibir.
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Según Hacienda, al territorio nacional ingresan unos 60.000 vehículos por año al país y, para el 2018, primer año en vigencia de la exoneración, esperan que un 2% de esa flotilla sea de carros eléctricos, es decir, 1.200.
Bajo es lógica, presupuestan que para el segundo año sea un 3,5%, para el tercero un 5%, para el cuarto un 7% y para el quinto un 9%, hasta alcanzar los 15.900 vehículos, en el año 2022.
Ejemplos de impuestos verdes
-Chile: En la reforma fiscal aprobada en el 2017, incluyó un impuso, que se aplica solo una vez, a los vehículos nuevos, de peso liviano o mediano, con el objetivo de incentivar el ingreso de vehículos que contaminen menos.
En ese caso, el tributo se calcula con base en el rendimiento urbano, la emisión de óxido de nitrógeno y el precio de venta del auto.
-Colombia: Gravó las emisiones de dióxido de carbono (CO2) mediante un impuesto a los combustibles fósiles, al tiempo que se impuso un impuesto a las bolsas de plástico.
-Ecuador: Impuso un tributo a la contaminación vehicular, el cual debe pagar todo propietario de vehículos con un cilindraje mayor a los 1.500 centímetros cúbicos (cc).