“El imputado Óscar Arias Sánchez, desde su posición como jefe de Estado, elaboró el plan para que el proyecto minero Crucitas pudiera desarrollarse logrando actuaciones y resoluciones administrativas a toda costa, incluso contrarias a derecho”.
Estas palabras son parte de la acusación que la Fiscalía General presentó en contra del expresidente ante el Juzgado Penal de Hacienda, del II Circuito Judicial de San José, y que este viernes se leyó en la audiencia preliminar donde se definirá si el caso se eleva a juicio. Esta etapa se extenderá hasta el 7 de febrero.
Según el Ministerio Público, Arias ideó un supuesto “plan delictivo” para que la empresa canadiense Industrias Infinito pudiera operar la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, durante su segunda administración (2006-2010).
En la acusación, la Fiscalía le atribuye dos delitos de prevaricato por supuestamente dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos.
Primero, le achaca el haber firmado una resolución para “convalidar y subsanar” la concesión minera a Industrias Infinito, en el 2008, presuntamente a sabiendas de que ese permiso había sido derogado por la Sala IV cuatro años atrás, y a pesar de que el proyecto al parecer carecía de un nuevo estudio de impacto ambiental.
Y segundo, lo acusa de declarar de conveniencia nacional el proyecto sin que, supuestamente, existiera un análisis de costo-beneficio que demostrara que una deforestación de 192 hectáreas de bosque generaría mayores beneficios sociales que el impacto socio-ambiental.
Ese documento, dice la Fiscalía, era un requisito indispensable para la rúbrica del decreto.
Según el Ministerio Público, Arias “delegó la ejecución material de su plan” en manos de su entonces ministro de Ambiente, Roberto Dobles Mora, quien también figura como imputado por estos hechos.
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‘Es una falsedad completa’
Consultado por La Nación, Rodolfo Brenes, el abogado de Arias, dijo que el exmandatario pidió recordar que él ya había dado su versión en un artículo de opinión publicado en este diario el 15 de enero.
Brenes citó los siguientes párrafos: “Insinuar que de alguna manera el proyecto está especialmente relacionado conmigo o con mi administración es una falsedad completa. Cualquiera que hubiera resultado electo en el 2006 habría recibido la solicitud de concesión de la compañía minera”.
"Cualquiera que hubiera resultado electo habría recibido la misma recomendación de parte del personal técnico del Minae de declarar el proyecto de conveniencia nacional, algo que se derivaba de nuestra propia legislación, la que establece que la minería es de interés público.
“Y cualquiera que hubiera resultado electo habría tenido que decidir si firmaba el decreto por el que actualmente me encuentro acusado, un decreto como el que se firman cientos en el ejercicio de la presidencia”.
Su defensor también cuestionó el relato de los hechos dado a conocer este viernes por la Fiscalía, en una sesión privada, e insistió en que todo se trata de una “teoría especulativa”.
"Eso es totalmente falso y no es más que una teoría especulativa, que no tiene ningún respaldo probatorio. Hay que recordar que el proyecto se venía tramitando desde 1993. Incluso, la viabilidad ambiental se otorgó en el 2005, durante la administración de don Abel Pacheco, siendo ministro de Ambiente don Carlos Manuel Rodríguez (el actual jerarca).
“Además, no debemos olvidar que muchos aspectos del proyecto fueron analizados por la Sala Constitucional, que le dio su visto bueno. Y, por supuesto, la Procuraduría General de la República defendió la legalidad de todo lo actuado. En realidad, a la luz de estos antecedentes, se comprende por qué la Fiscalía no entrevistó a 16 testigos en el caso de don Oscar Arias. Si lo hubiera hecho, habría sido imposible acusarlo”, expresó Brenes.
Testigos aportados
Para sustenta el supuesto “interés particular” que Óscar Arias habría tenido en este proyecto minero, el Ministerio Público llevará como testigos al exministro de Ambiente, René Castro, y a la exprocuradora general de la República, Ana Lorena Brenes.
Los dos forman parte de una lista de seis personas que la Fiscalía llevará para que brinden su testimonio si el caso se eleva a juicio. Allí también sobresale el nombre del actual ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.
Castro y Brenes no formaron parte del proceso legal que ya se efectuó y que fue anulado contra Roberto Dobles y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), que también figuran como imputados en este nuevo proceso.
‘Tres actos de carácter político’
La Fiscalía le atribuye uno de los dos presuntos delitos de prevaricato al expresidente Arias por tres “actos de carácter político”, que depararon en la convalidación de la concesión minera en sede administrativa,
“Existen tres actos de carácter político, claramente concatenados en los que de manera directa participa el señor Arias Sánchez con la intención de favorecer abiertamente el proyecto, ya que dichos actos no pueden ser interpretados de otra forma”, dice la acusación de José Pablo Miranda, fiscal coordinador de la Unidad Especializada de la Fiscalía General.
Se refiere a tres resoluciones en las que Arias participó y que, supuestamente, “cambiaron el rumbo” del proyecto minero Crucitas, en dos meses.
Un acto es una resolución que Óscar Arias y Roberto Dobles emitieron el 3 de marzo del 2008 para revivir el proyecto minero, dejando sin efecto un fallo del otrora oficial mayor del Minae, Hugo Alfaro Alfaro, emitido cinco meses antes.
Se trataba de la anulación, en sede administrativa, de la concesión minera otorgada a Industrias Infinito, con base en un fallo de la Sala IV que había dejado sin efecto la concesión por ausencia de estudios ambientales, en noviembre del 2004.
El segundo acto que se le achaca al exmandatario es haber derogado el decreto de moratoria minera que el expresidente Abel Pacheco firmó por plazo indefinido. Eso ocurrió el 18 de marzo del 2008, 16 días después de revertir la anulación de la concesión otorgada a Industrias Infinito.
Adicionalmente, se le cuestiona que haya firmado, junto a Dobles, una resolución para volver a otorgarle el permiso de extracción de oro a la minera canadiense el 21 de abril del 2008.
Según la Fiscalía, Arias y Dobles tomaron esa decisión desatendiendo la decisión de los magistrados constitucionales de anular la concesión y sin que se hubiesen realizado nuevos estudios de impacto ambiental, a pesar de que “hubo modificaciones significativas” en los alcances del trabajo que iba a realizar Industrias Infinito.
“Implicaba un proyecto totalmente diferente al planteado y autorizado originalmente”, detalla la acusación.
Segundo aparente prevaricato
El segundo supuesto prevaricato es por declarar de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas supuestamente sin que existiera un estudio detallado sobre los beneficios sociales y económicos del proyecto, donde se especificara si estos eran superiores a los efectos en el medio ambiente. Sin ese documento, el mandato presidencial no tendría sustento legal.
Esa declaratoria era necesaria para variar el uso de suelo y así conseguir el permiso de tala de árboles protegidos, específicamente, 192 hectáreas con almendro amarillo.
Ese decreto se firmó el 13 de octubre del 2008 y se publicó según la Fiscalía "en tiempo récord” en el diario oficial La Gaceta, cuatro días después. Y, en apariencia, no pasó el trámite interno en Casa Presidencial, pues Arias lo habría firmado antes de que llegara a la Dirección de Leyes y Decretos.
El mismo día en que entró en vigencia con su publicación, a las 9:05 a. m., el Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Minae aprobó el cambio de uso de suelo y la consecuente corta de árboles. De inmediato, Industrias Infinito inició la deforestación, con equipos que ya estaban previstos.
Antecedentes del caso
Si bien Óscar Arias y su exministro de Ambiente, Roberto Dobles, son acusados por los mismos delitos, los casos se tramitaron en expedientes por aparte. Aunque los dos expedientes se verán al mismo tiempo.
El caso Crucitas ya se había elevado a juicio, pero sin la participación de Arias. Incluso fue resuelto en el 2015, cuando Dobles fue condenado por el Tribunal Penal de Hacienda a tres años de prisión, por un delito de prevaricato.
Los otros seis acusados de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla habían sido absueltos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones se trajo abajo el fallo y ordenó repetir el debate.
Posteriormente, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.
Tras esa observación, el Ministerio Público decidió acusarlo y unir el expediente con el otro donde aparece Dobles y los funcionarios de Setena.