Oceanógrafos e ingenieros marítimos procuran disponer de la mejor información científica para emitir un criterio técnico que permita a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tomar decisiones en caso de alerta de sunami.
Ese es el objetivo de la nueva sala de monitoreo de sunamis, inaugurada ayer en la Universidad Nacional (UNA), con una inversión de ¢2 millones.
La sala pertenece al Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot), el cual está integrado por la Red de Observación del Nivel del Mar (Ronmac), de la UNA, y la Unidad de Ingeniería Marítima, Ríos y Estuarios (Imares), de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Está equipada con cinco pantallas, más software especializado que permite visualizar y analizar sismos costeros en tiempo real. Gracias a ello se podrán realizar lecturas más precisas ante una posible emergencia por maremoto.
Asimismo, la UCR tendrá su propia sala de monitoreo, cuya apertura se haría en un mes. “La idea es que sea lo más parecida posible, para que haya redundancia. Esto quiere decir que, si hay rayería y se va la luz en Heredia, en la UCR puedan responder”, dijo Georges Govaere, de Imares.
Silvia Chacón, coordinadora de Sinamot, aclaró que, si bien como científicos recomiendan medidas de contingencia, la CNE es la encargada de decretar alertas ante la población y girar instrucciones para atender la emergencia.
Vigilancia. Los sunamis son generados por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos.
“En cuanto a riesgo, se mueren más personas por corrientes de resaca que por sunamis. Aunque es un riesgo estadísticamente menor, si llegara a darse, el número de personas afectadas es mayor que en otras emergencias”, dijo Chacón.
Desde abril, Sinamot atendió 36 alertas en el Pacífico y cinco en el Caribe. En la mayoría de los casos no se generaron maremotos, aunque los hubo en 13 ocasiones.
Ante la existencia del riesgo, con el sistema de monitoreo se pretende contar con procedimientos estandarizados para analizar el peligro de sunami.
Para ello, Sinamot recibe información del Centro de Alerta de Sunamis del Pacífico, ubicado en Hawái. Si el sismo es local, los datos provienen del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) y la Red Sismológica Nacional (RSN).
Asimismo, se monitorean mareógrafos y boyas DART, las cuales se colocan en el océano profundo.
Los instrumentos reflejan la magnitud del sismo, la dirección hacia donde se dirige su energía y datos mareográficos tanto costeros como oceánicos.
Según Chacón, esos datos les permitirán calcular el tiempo de viaje del sunami hacia la costa costarricense, la altura de la ola (en la medida de lo posible) y las presuntas consecuencias de su impacto.
Como un maremoto tiende a enviar su energía hacia el frente del sitio donde se generó, el monitoreo de los sismos costeros que ocurren en Colombia, Japón y las islas Fiji son prioritarios.
Aparte de las alertas, los instrumentos de la nueva sala permitirán realizar modelajes a partir de información histórica. Esta data de 1539 para Centroamérica y 1798 para Costa Rica.
De esta manera, y según la disponibilidad de mapas batimétricos, se pueden hacer simulaciones específicas para el país. “Así podríamos saber cuanto se amplificará una onda con ciertas características, cuál es el período de resonancia y otras cositas que nos permiten afinar el análisis de peligro”, comentó Govaere.
Mapas. Asimismo, Ronmac iniciará un proyecto para elaborar mapas de evacuación en caso de maremotos, cuya primera etapa abarcará desde la frontera con Nicaragua hasta Cabo Blanco y Puntarenas.
Como prioridad se identificarán sitios vulnerables, no solo en términos de la altura que pudiera alcanzar el sunami sino por sus características sociodemográficas.
“Con asesoría de ingenieros canadienses, especializados en resistencia de estructuras a sunamis, queremos plantear un mapa de evacuación vertical. Es decir, ver que edificios se pueden usar como refugios en caso de no tener tiempo suficiente para evacuar de forma horizontal”, comentó Chacón.
Las recomendaciones que se desprendan de este proyecto de investigación se canalizarían por medio de la CNE, la cual será la encargada de girar directrices para los planes reguladores a cargo de los municipios costeros.