EscucharVíctimas y familiares reclaman "poner fin a las dilaciones" a un juicio contra dos monjas y otras siete mujeres acusadas de complicidad en el abuso sexual de niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza, Argentina, postergado esta semana por un caso de coronavirus.
El segundo juicio por este caso que sacudió a la Iglesia Católica en el país del papa Francisco y por el que dos curas fueron condenados a 40 años de prisión en 2019 fue postergado el lunes por 15 días hábiles a pedido de la defensa de las acusadas, que alegó que una de ellas está aislada por covid-19.
"Hace un año y medio que la defensa de las monjas viene con chicanas (artimañas). No tienen otro camino que dilatar el juicio porque no tienen nada a su favor. Si esta vez es un caso de covid, está bien, vamos a esperar a mayo, pero que no sea que después otra tenga covid y luego otra", advirtió a la AFP Ariel Lizarraga, padre de Daiana, la primera en denunciar los abusos en el centro mendocino.
Las monjas acusadas son la japonesa Kosaka Kumiko, en prisión domiciliaria, y Asunción Martínez, nacida en Paraguay. También la representante legal del Próvolo, una psicóloga, una cocinera y cuatro directoras que se sucedieron entre 2004 y 2016, cuando ocurrieron los abusos y violaciones de niños de entre 4 y 17 años.
"Entendemos el contexto de pandemia, pero es momento de ponerle fin a las dilaciones. Necesitamos que se inicie el juicio y que se resuelva, para que podamos seguir con nuestras vidas y reclamando la restitución de derechos a las víctimas", agregó Érica Labeguerie, hermana de Claudia, otra de las víctimas, hoy de 27 años y madre de un niño.
El juicio, por el que desfilarán un centenar de testigos, "es sumamente importante porque viene a cerrar un proceso de muchísimo dolor y de revictimización".
"Las monjas eran las que estaban a cargo del albergue de las chicas, impartían mucho terror y eran parte esencial de todo lo que pasó en la institución", afirmó.
Las acusadas deberán responder ante la justicia por no haber denunciado los abusos. Kumiko está además acusada de tocamientos a algunas de las 14 víctimas que dieron su testimonio en Cámara Gesell.
"Sé que vamos a ganar el juicio, pero para mi hija el daño es permanente, irreparable. El acompañamiento de la familia es una pequeña anestesia sobre este dolor. El trauma que sufrieron, las atrocidades que les hicieron, no se lo olvidan nunca más", advirtió Lizarraga.
El padre de Daiana sostiene que las acusadas "tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Si ellas hubieran denunciado habrían parado las violaciones".
"Estamos hablando de niños y adolescentes que sangraban, que gritaban de dolor. La expectativa es que realmente se las condene con severidad", agregó el abogado Sergio Salinas, representante de nueve víctimas.
Carlos Varela Álvarez, defensor de las dos monjas de la congregación Hermanas de la Huerta, deplora lo que considera una condena anticipada de la opinión pública.
"Se ha producido la manipulación y tergiversación" de los testimonios, aseguró a la AFP, al insistir en que defiende "a personas que se dicen inocentes frente a una opinión pública que ya las condenó y un sistema judicial que se prepara para ello".
El nuevo proceso se lleva a cabo después de que en noviembre de 2019 la justicia condenara al sacerdote argentino Horacio Corbacho (61) a 45 años de cárcel y al italiano Nicola Corradi (85) a 42 años, por abuso sexual y violación de niños en el Instituto Próvolo de Mendoza. Las condenas son firmes.
También fueron sentenciados el jardinero Armando Gómez a 18 años de prisión y el exmonaguillo Jorge Bordón, a 10, tras declararse culpable en un proceso abreviado en 2018.
Corradi llegó a Argentina en 1970 proveniente del Próvolo de Verona (Italia), donde también hubo denuncias de abusos. Se hizo cargo de esa renombrada institución dedicada a la educación de niños con discapacidad auditiva, primero en La Plata y desde 1998, en Mendoza, donde fue detenido preventivamente el 26 de noviembre de 2016.
Otras denuncias por abuso en el Próvolo de La Plata (60 km al sur) están bajo investigación, sin llegar aún a juicio.
"La Iglesia Católica encubre. No solo no dan las pruebas, sino que las esconden. El Vaticano sigue demostrando que quiere seguir encubriendo", afirmó el Salinas.
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