En Bogotá, Cali, Medellín y otros puntos del país, miles se movilizaron para exigir políticas más solidarias que alivien los efectos de la crisis económica que trajo la pandemia y castiga con dureza a los jóvenes.
La jornada antecedió al encuentro que sostendrán este jueves el gobierno y el frente más visible de protesta, que sin embargo no reúne a todos los sectores descontentos. Las partes acordaron negociar una salida a la crisis que detonó un ya retirado proyecto para elevar impuestos, pero que avivó la violenta represión en las calles.
Después de dos rondas de conversaciones, el gobierno y el Comité del Paro siguen divididos en torno a los excesos de la fuerza pública denunciados por organizaciones locales e internacionales.
Duque se ha enfocado en asegurar el despeje de las vías bloqueadas que causan desabastecimiento, sobre todo en el suroeste del país. Al mismo tiempo ha lanzado ofertas para que el próximo semestre los jóvenes accedan gratuitamente a la universidad y obtengan créditos de vivienda. A diario las vías se repletan de manifestantes cuando el país atraviesa un nuevo pico de la pandemia.
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El gobierno “está dilatando las negociaciones, ignorando las propuestas y el clamor del pueblo, y aparte de eso atacando al pueblo”, manifestó Viviana Clemente, comerciante de 41 años que salió a protestar en Bogotá junto con su hija de 15, con una pancarta en que se leía “la lucha de pocos vale por el futuro de todos”.
‘Necesitamos más gestos’
En 21 días de protestas han muerto al menos 42 personas, la gran mayoría civiles, pero también se registraron más de 1.700 heridos entre manifestantes y uniformados. De momento, la Fiscalía ha determinado que 15 víctimas han fallecido por su participación en las movilizaciones e investiga otros 11 casos.
Tres de los crímenes involucran a miembros de la fuerza pública, según el organismo. Una plataforma de derechos humanos encabezada por la ONG Temblores da cuenta de “43 homicidios” a manos de agentes estatales.
El ministro de Defensa, Diego Molano, tendrá que responder ante el Congreso por esas muertes y “las omisiones en que haya podido incurrir” en el cargo, declaró el líder sindical Francisco Maltés, al respaldar la moción de censura contra el funcionario prevista el 25 de mayo.
La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y oenegés internacionales han denunciado los excesos de las autoridades colombianas.
Sin embargo, Duque es reacio a admitir una represión generalizada y se ha enfocado en rechazar “casos” de abuso policial, mientras condena el “vandalismo” y el bloqueo de vías que dejan millonarias pérdidas y destrozos.
En W Radio, el expresidente colombiano y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sugirió al gobierno que asuma con “humildad” los abusos policiales ocurridos durante las protestas. “Necesitamos más gestos, necesitamos que de las diferentes partes salga más empatía y más humildad, que el Estado reconozca ‘mire hemos cometido abusos’”, señaló el exmandatario.
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‘Copa de Sangre’
La estrategia de Duque “es dilatar la negociación al no aceptar garantías básicas solicitadas” por el Comité Nacional del Paro, denunció por su parte la líder universitaria Jennifer Pedraza. “A lo que le apuesta es a que se desgaste la protesta (...) Se equivoca. Hay paro pa’ (para) rato”, escribió en Twitter antes de unirse a las manifestaciones.
La crisis alcanzó la Copa América, que está previsto que se celebre conjuntamente en Colombia y Argentina en menos de un mes. En la entrada del estadio El Campín, en Bogotá, aficionados exhibieron un pancarta de tela que denuncia “la copa de sangre”.
Pedimos “que no se haga” el torneo “mientras están masacrando a nuestros jóvenes”, dijo a la AFP Juan Sebastián Urrea, de 24 años, miembro de la organización Fiebre Amarilla, que se reivindica como “barra oficial de la Selección Colombia”.
La pandemia ha afectado la economía del país. En un año el porcentaje de población pobre pasó del 35,7% al 42,5%, y casi un tercio de los colombianos (27,7%) entre los 14 y 28 años no estudia ni trabaja, según el órgano estatal de estadística.
Los jóvenes piden no ser asesinados, un Estado más solidario y una reforma de la policía que empiece por sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa, tras décadas de combate a la guerrilla y el narcotráfico.
