La policía de Nicaragua acusó este viernes a la Diócesis de Matagalpa, que dirige el obispo Rolando Álvarez, sitiado en la curia por las fuerzas de seguridad desde hace dos días, de "incitar al odio" para desestabilizar el país y anunció la apertura de una investigación contra lo que consideró "actos delictivos".
"Las altas autoridades de la iglesia católica, Diócesis de Matagalpa, encabezada por el obispo monseñor José Rolando Álvarez, (..) están intentando organizar grupos violentos e incitándolos a ejecutar actos de odio en contra" del gobierno, dijo la policía en un comunicado.
Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega, denunció este viernes que la policía mantiene sitiada por segundo día consecutivo la curia episcopal de Matagalpa, donde vive, en el norte de Nicaragua.
"La vía de circulación frente a nuestra curia se encuentra cerrada y bloqueada por la Policía Nacional. La puerta principal como el garaje de salida igualmente está bloqueada por los antimotines", informó el prelado desde el interior de la curia, durante una misa transmitida por Facebook.
La policía, por su parte, afirmó que están usando "su condición de líderes religiosos" y los "medios de comunicación y redes sociales" para crear "zozobra".
Provocan "un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", anotó.
La policía anunció que inició "un proceso de investigación con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos", y que ha informado sobre los hechos al Ministerio Público (fiscalía) y al Poder Judicial.
Álvarez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), dijo que permanece dentro de la curia junto con seis sacerdotes y seis laicos.
El prelado, de 55 años, denunció que comenzó a ser asediado el jueves, tras protestar contra el cierre de varias emisoras católicas y el hostigamiento que, según él, existe contra la Iglesia católica.
El obispo ha exigido en sus misas que se respete la "libertad" religiosa y ha acusado al gobierno de querer "una iglesia muda".
La investigación en su contra fue anunciada horas después de que la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, dejara entrever que las críticas del obispo podían considerarse un "delito".
Lo que hace es "generar descrédito hacia esas instituciones que merecen respeto (y eso) también es un delito, es pecado de lesa espiritualidad", advirtió.
El obispo no ha reaccionado aún a las acusaciones, pero en una transmisión por Facebook agradeció la solidaridad de la Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, de otros sacerdotes y del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).
Los sacerdotes nicaragüenses han sido fuertemente criticados por el gobierno desde las protestas opositoras de 2018, por haber dado refugio a los manifestantes que resultaron heridos o huían de la represión a las manifestaciones.
"Recordemos que él dirigió junto con otros curas el fallido golpe", según el diputado oficialista Wilfredo Navarro.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión dejó 355 muertos. Unos 190 opositores están presos acusados de "menoscabo a la integridad nacional" y otros delitos.
Ortega consideró las protestas como parte de un fallido golpe de estado promovido por la oposición con apoyo de Washington, en el cual, dijo, los obispos fueron cómplices.
El lunes, Álvarez denunció el cierre de cinco radios de su Diócesis en Matagalpa por parte de las autoridades, por supuestas ilegalidades que él niega.
La clausura de estos medios se suma al cierre, en junio pasado, del canal de la Conferencia Episcopal, así como de TV Merced de la Diócesis de Matagalpa y el canal católico San José de Estelí (norte).
Ortega, un exguerrillero de 76 años, gobierna desde 2007 tras tres reelecciones sucesivas. La última fue en noviembre de 2021.
En marzo pasado, el Vaticano informó que Nicaragua retiró a su nuncio en Managua desde 2018, Waldemar Sommer, el beneplácito para permanecer en el país.
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