El Senado de Chile aprobó este miércoles el matrimonio igualitario, que ahora pasa a discusión en la Cámara de Diputados, en otro paso en el camino hacia la igualdad de derechos para parejas homosexuales en un país que va sacudiéndose de su conservadurismo.
Este avance, todavía pendiente de ser ratificado en la Cámara Baja, donde aún no hay fecha para el inicio de su tramitación, logró agilizarse tras el impulso que hace pocas semanas le dio el presidente de derecha Sebastián Piñera. Y pese a que este miércoles la mayoría de los senadores de la coalición de gobierno se opusieron a dar curso a la nueva ley.
"Ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario", dijo Piñera en su cuenta pública ante el Congreso el 1 de junio pasado, en un anuncio que sorprendió a toda su coalición, con la que no lo había conversado previamente.
Las normativas del proyecto que regulan el matrimonio igualitario fueron y aquellas relativas a la filiación fueron validadas por una cómoda mayoría.
El proyecto ingresó al Parlamento en 2017, tras una iniciativa de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018).
Durante su gobierno se aprobó un Acuerdo de Unión Civil, que permite a las parejas homosexuales acceder a casi todos los derechos que estipula el matrimonio, pero niega la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo, algo que con este proyecto cambiaría.
"Cuando el proyecto sea aprobado van a dejar de existir en nuestro país las parejas de primera y de segunda categoría", explicó a la AFP el portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Óscar Rementería.
La votación estuvo marcada por la oposición de los sectores más conservadores del oficialismo, reacios a considerar matrimonio a parejas homosexuales. Y también por la petición a último minuto de la votación separada de las normas de filiación, en un intento -según el Movilh- de "sacar de la ley de matrimonio igualitario la adopción y filiación homoparental", cuestión que finalmente no prosperó.
"El matrimonio en su esencia es la unión entre un hombre y una mujer con la posibilidad de procrear, mientras que las relaciones de mismo sexo tienen una categoría distinta, porque no tienen esa opción de procrear", argumentó en contra de la iniciativa el senador Manuel José Ossandón, del oficialista Renovación Nacional.
El proyecto busca equiparar derechos y obligaciones independientemente del sexo de las personas que conformen el matrimonio y para ello lo primero que cambia es que el concepto "matrimonio" se aplica sin distinción.
"El proyecto de ley de matrimonio igualitario realmente lo que busca es que el actual matrimonio tradicional pueda ser extendido a parejas del mismo sexo, con el mismo nombre, las mismas obligaciones y con los mismos derechos. Sin ningún tipo de distinción sean parejas de distinto sexo o de igual sexo", señaló el portavoz del Movilh.
Si la nueva normativa es ratificada, además de igualar derechos en materia de matrimonio, también permitirá que la adopción y filiación paternal de hijos sea garantizada para parejas homosexuales.
Rementería indicó que esto supone un cambio para las parejas del mismo sexo, pero además para sus futuros hijos, ya que con el actual Acuerdo de Unión Civil no se puede "postular al ámbito de las adopciones en los tribunales de familia, porque la ley no los reconoce como una pareja a pesar de que el Estado sí lo hace".
Este cambio también aplicará a la hora de registrar a los progenitores o tutores legales del hijo, que hasta ahora no podían ser ambos. "Hay un problema con los derechos de filiación entre niños y padres, es decir, el parentesco que pueda tener un niño o una niña para poder tener un papá, una mamá, dos papás o dos mamás", destacó Rementería.
Durante la tramitación del proyecto, el principal debate se centró en el fin de la discriminación.
"Amor", "libertad, "igualdad" o "tolerancia" fueron conceptos que se repitieron entre los senadores, quienes en su mayoría valoraron de forma positiva este paso adelante en los derechos civiles en Chile, un país que recién en 2004 adoptó una ley de divorcio y en 2015 estableció el aborto terapéutico.
"Queremos avanzar a un país que se juegue con otros valores, que avance en justicia y en erradicar toda forma de discriminación", afirmó la presidenta de la Cámara Alta, la senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste, quien votó a favor del proyecto.
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