La masacre de El Mozote, localidad donde el Ejército de El Salvador asesinó sin piedad a 988 civiles, la mitad de ellos niños, durante la guerra civil (1980-1992) cumple 40 años sin ver justicia.
A continuación algunas claves sobre la mayor matanza cometida en Latinoamérica durante las últimas décadas:
Entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, diferentes unidades del Ejército gubernamental, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl -adiestrado por Estados Unidos-, lanzó la denominada "Operación Rescate" contra la población civil del noreste del departamento de Morazán, unos 200 km al noreste de San Salvador.
La masacre comenzó en la localidad de El Mozote, siguió en La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz. También hubo muertes selectivas en el poblado de Arambala.
Los civiles fueron acusados de colaborar con la guerrilla izquierdista que se había establecido en la zona.
Un censo del gobierno realizado en 2017 estableció que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinados en El Mozote y las comunidades adyacentes.
Otras 712 personas sobrevivieron a la incursión, abandonaron la zona y formaron parte de los miles de desplazados de la guerra civil, la cual dejó un saldo total de más de 75.000 muertos y al menos 7.000 desaparecidos.
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época que presidia el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido.
La experta estadounidense de la Universidad de Stanford, Terry Lynn Karl, dijo en abril pasado, en el marco de una audiencia contra militares, que la masacre tuvo un "encubrimiento sofisticado" por parte Estados Unidos y El Salvador.
Karl aseguró que un asesor militar estadounidense, Allam Bruce Hazelwood, acompañó en el terreno de la masacre al ahora extinto coronel salvadoreño Domingo Monterrosa, jefe del escuadrón Atlacatl.
Tras sortear una serie de obstáculos, las exhumaciones forenses comenzaron en el destruido convento de El Mozote en noviembre de 1992. Fueron dirigidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) integrado por Patricia Bernardi, Luis Fondebrider y Mercedes Doretti.
La etapa de laboratorio fue dirigida por expertos de Estados Unidos: Clyde Snow y Robert Kirshner, con el apoyo de Douglas Dowell Scott (antropólogo y experto en balística) y Jonh Joseph Fitzpatrick (radiólogo).
Los primeros hallazgos en el convento probaron la perpetración de la masacre. De 146 osamentas, 140 eran de niños.
En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de guerra concluyó que el masivo asesinato estaba "plenamente probado".
La comisión culpó a un grupo de militares, en el que figuraban el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en octubre de 1984 cuando su helicóptero fue saboteado por la guerrilla a unos 5 km de El Mozote.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado salvadoreño por la masacre, y ordenó medidas de reparación.
En 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía que desde 1993 había perdonado los crímenes de guerra. Las víctimas demandaron la reapertura del caso en un tribunal de San Francisco Gotera, Morazán.
De una veintena de militares enjuiciados sobreviven unos 17, pero al juez Jorge Guzmán, que abordaba el caso, se le impidió el acceso a los archivos de los cuarteles.
Los cargos que enfrentan los militares son: asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, robo, daños agravados, allanamiento de morada, estragos especiales, actos de terrorismo, desplazamiento forzado, tortura y desaparición, entre otros.
En septiembre pasado, en medio de una polémica reforma que depuró jueces, Guzmán cesó sus funciones en solidaridad con sus colegas.
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