El gas se ha convertido desde el inicio de la guerra en Ucrania en un arma económica exhibida en varias ocasiones entre Rusia y Europa.
El 22 de febrero de 2022, el canciller alemán Olaf Scholz anunció la suspensión del gasoducto Nord Stream 2, que unía Rusia y Alemania, como represalia por el reconocimiento oficial de Moscú de los territorios separatistas del este de Ucrania.
Este proyecto, centro de una batalla geopolítica y económica, enfrentó a Alemania (que importa de Rusia la mitad de su gas) con Estados Unidos y parte de los países europeos.
También supuso una fuente de tensión entre Rusia y Ucrania, al que la construcción de Nord Stream 2 hizo temer la pérdida de los ingresos que obtiene por el tránsito del gas ruso por su territorio.
Rusia proporciona cerca del 40% de las importaciones de gas de Europa.
La invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero, provocó la disparada del precio del gas natural y del petróleo, por temor a cortes en el suministro.
El 2 de marzo, la Unión Europea (UE) "desconectó" a siete bancos rusos del sistema financiero internacional SWIFT. Pero dejó conectados a dos grupos financieros vinculados al sector de los hidrocarburos, ante la gran dependencia del gas ruso de países como Alemania, Italia, Austria y Hungría.
El 8 de marzo, el presidente estadounidense Joe Biden prohibió las importaciones de hidrocarburos rusos.
El Reino Unido anunció el fin de las importaciones de energía rusa para 2022. La UE se puso la meta de reducir en dos tercios sus compras este año.
El 23 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin prohibió a los europeos el pago del gas ruso en dólares o euros, como respuesta a la congelación de unos 300.000 millones de dólares de reservas en divisas en el extranjero de Rusia.
También anunció que los países "hostiles" consumidores de gas ruso debían abrir cuentas bancarias en entidades rusas para pagar sus facturas en rublos o de lo contrario se les podría cortar el suministro.
La Comisión Europea consideró esta opción como una violación de las sanciones internacionales contra Moscú.
Washington se comprometió a enviar a Europa este año 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado (GNL).
El 27 de abril, el gigante ruso Gazprom suspendió sus envíos a Bulgaria y Polonia, miembros de la UE y la OTAN, y altamente dependientes del gas de Rusia, pues no pagaron en rublos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció un "chantaje del gas" y dijo que ambos países recibirán gas a través de sus vecinos de la UE.
El 21 de mayo, Rusia cortó el gas a su vecina Finlandia, que también se negó a pagar en rublos y provocó la ira de Moscú al pedir su ingreso a la OTAN.
Después les llegó el turno a Países Bajos y Dinamarca.
El 30 de mayo, los líderes de los 27 países de la UE acordaron reducir en cerca del 90% sus importaciones de petróleo ruso para finales de año, pero no quisieron imponer un embargo al gas ruso.
A mediados de junio, Gazprom, citando un problema técnico, redujo en un 60% sus envíos de gas, sobre todo hacia Alemania a través de Nord Stream 1, lo que disparó de nuevo los precios.
El 23 de junio, Alemania activó el "nivel de alerta" del suministro de gas, lo que permitiría posibles racionamientos en el país.
El 11 de julio, Gazprom anunció que cerraría el gasoducto Nord Stream 1 durante 10 días por mantenimiento.
El 18 de julio, la UE anunció un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar en "unos años" sus importaciones de gas natural.
La UE también buscó nuevos suministradores en países como Catar, Noruega y Argelia.
El 20 de julio, la Comisión Europea insta a los Estados de la UE a reducir el consumo de gas en un 15% para asegurar las reservas de invierno.
El 25, Gazprom anuncia que reducirá de nuevo drásticamente los suministros hacia Europa a través de Nord Stream 1 a partir del día siguiente, argumentando el mantenimiento de una turbina.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pide a Europa "responder" a esta "guerra del gas", reforzando las sanciones contra Ruia.
El 30 de julio, Gazprom anuncia que suspendió sus entregas a Letonia, alegando una "violación de las condiciones" de compra del gas.
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