La financiación de las obras de renovación del apartamento oficial donde viven el primer ministro británico Boris Johnson y su prometida Carrie Symonds, y sus caros gustos en materia de decoración, dieron pie a un sonado escándalo político.
Estos son los orígenes de esta crisis y sus posibles consecuencias.
Johnson, Symonds y su bebé Wilfred, de 1 año, viven en un apartamento situado en el número 11 de Downing Street, junto al lugar donde se encuentran las oficinas del primer ministro en Londres.
Cada primer ministro recibe una asignación anual de 30.000 libras (42.000 dólares, 35.000 euros) para acondicionar su vivienda, pero la renovación emprendida por la pareja fue tal que la factura podría alcanzar las 200.000 libras, según los medios británicos, y surgieron interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados.
El controvertido exasesor especial de Johnson, Dominic Cummings, salió hace una semana del silencio en el que había estado sumido desde que dejó Downing Street repentinamente en noviembre.
Lanzando un demoledor ataque contra el líder conservador, su antiguo aliado en la campaña del Brexit en 2016, Cummings acusó a Johnson de intentar que donantes privados financiaran las obras de su apartamento.
El exasesor afirma haberle dicho que tales proyectos eran "poco éticos, estúpidos y posiblemente ilegales".
Johnson aseguró que pagó de su bolsillo los costes de la renovación, pero se ha negado repetidamente a decir si recibió para ello un préstamo inicial y de quién.
Simon Case, el más alto funcionario del Reino Unido, reveló el lunes que el año pasado Johnson había pedido que se estudiara la creación en Downing Street de un fideicomiso similar al que existe en Estados Unidos para la Casa Blanca.
David Brownlow, donante del Partido Conservador, fue propuesto como presidente de esta fundación benéfica. En un correo electrónico filtrado que se remonta a octubre, Brownlow dice haber transferido 58.000 libras (80.000 dólares) a la formación "para cubrir los pagos que el partido ha hecho en nombre del futuro 'Downing Street Trust'", que nunca vio la luz.
Este dinero no fue declarado a la comisión electoral, que el miércoles inició una investigación formal tras encontrar "motivos razonables para sospechar que pueden haberse producido una o más infracciones" en la renovación del apartamento de Johnson.
La comisión, que regula la financiación de los partidos y las elecciones, puede exigir el reembolso de las donaciones dudosas e imponer multas, o incluso remitir el asunto a la policía para que lo persiga penalmente.
Por su parte, Simon Case está dirigiendo una investigación interna, mientras que otra está siendo supervisada por un nuevo asesor de Johnson encargado de hacer cumplir el código de conducta ministerial, Christopher Geidt, exsecretario personal de la reina Isabel II.
Estas investigaciones llegan en un momento especialmente inoportuno para Boris Johnson, a quien la oposición ha calificado de político deshonesto y mentiroso a pocos días de las elecciones regionales y municipales del 6 de mayo.
Pero los sondeos de opinión sugieren que los conservadores siguen por delante de los laboristas y de los demás partidos de la oposición de cara a estos comicios, primeros desde la plena entrada en vigor del Brexit y el terremoto provocado por la pandemia.
En un acalorado enfrentamiento verbal en la Cámara de los Comunes el miércoles, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, recordó a Johnson que tendría que dimitir si se demuestra que ha mentido al Parlamento.
Se espera que Geidt publique una nueva declaración de intereses financieros de los ministros, que según Downing Street incluirá detalles sobre las obras de renovación.
Pero este asesor advirtió que el propio primer ministro sigue teniendo la última palabra sobre si se infringió el código ministerial (su predecesor dimitió en noviembre cuando Johnson rechazó su opinión de que la ministra del Interior, Priti Patel, había acosado a sus subordinados).
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