A continuación, los clímax de la crisis política en Nicaragua, desde las reprimidas protestas de 2018 contra el gobierno y la detención de unos 40 de opositores, incluidos siete aspirantes presidenciales, hasta las elecciones de este domingo.
En 2018, Nicaragua se vio sacudida por protestas que exigían la renuncia del presidente Daniel Ortega, exguerrillero sandinista en el poder entre 1985 y 1990 y nuevamente desde 2007; y de su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017.
Los manifestantes acusaban a la pareja presidencial de instaurar una "dictadura" marcada por la corrupción y el nepotismo.
La comunidad internacional denunció la violenta represión de las protestas, en las que murieron 328 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cientos de opositores fueron encarcelados y más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron.
Estados Unidos impuso sanciones al gobierno y el círculo íntimo del presidente Ortega durante las manifestaciones de 2018.
En junio pasado Washington aplicó sanciones contra más funcionarios y la hija del presidente, Camila Ortega, al acusar al régimen de socavar la democracia y violentar los derechos humanos.
En agosto, la Unión Europea impuso sanciones a Murillo, a su hijo Juan Carlos Ortega y a seis funcionarios del gobierno por "graves violaciones de derechos humanos".
El 3 de noviembre, el Congreso estadounidense aprobó la ley RENACER (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), con medidas para aumentar la presión diplomática sobre el gobierno de Ortega, al que acusan de corrupción y abuso de los derechos humanos.
En octubre de 2020, los diputados oficialistas aprobaron una ley que exige el registro como "agente extranjero" de cualquier persona o entidad que reciba fondos del exterior, incluidas oenegés; y otra que sanciona con penas de prisión la "publicación o difusión" de información que las autoridades consideren falsa o distorsionada.
En diciembre de 2020, se aprobó otra controvertida ley que encarcela a quienes promuevan sanciones contra Nicaragua, en claro ataque a la oposición.
La comunidad internacional y defensores de los derechos humanos denunciaron esas leyes como una severa restricción de las libertades y acoso a los rivales políticos.
En mayo de 2021, el parlamento aprobó la composición del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado por magistrados favorables al gobierno, con miras a unas elecciones en las que el presidente será reelegido para un cuarto mandato consecutivo, sin rivales de peso.
El tribunal inhabilitó también en mayo a dos partidos opositores.
El CSE convocó a las elecciones para este 7 de noviembre, pese a las críticas de la oposición y la comunidad internacional por la falta de garantías para un proceso justo y transparente.
Acercándose las elecciones, el gobierno lanzó una ola de arrestos de líderes opositores.
El 2 de junio, la periodista Cristiana Chamorro, aspirante presidencial con mayores posibilidades contra Ortega, fue puesta bajo arresto domiciliario, acusada de lavado de dinero. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937 a 1979).
En los días y semanas subsiguientes fueron detenidos otros seis aspirantes presidenciales: el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana), el exdiplomático Arturo Cruz, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y el dirigente conservador Noel Vidaurre.
También fueron arrestados otros miembros de la familia Chamorro y destacados disidentes sandinistas, como la excomandante Dora María Téllez, así como dirigentes empresariales y sociales.
El gobierno acusa a los opositores detenidos de "traidores a la patria" y "golpistas" financiados por Estados Unidos. Washington, que tilda a Ortega de "dictador", la ONU y la Unión Europea exigen su liberación.
El 2 de agosto, el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) anuncia que Ortega, de 75 años, y su esposa, de 70, serán candidatos a presidente y vicepresidenta.
Cuatro días después, el CSE inhabilitó a un tercer partido, el derechista Ciudadanos por la Libertad (CXL).
Ortega busca entonces un cuarto mandato consecutivo en los comicios de este domingo, sin rivales que arriesguen su propósito.
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