El "Acuerdo de Escazú", el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo que defiende los derechos humanos de los ambientalistas, entró en vigor este jueves en los 12 países que lo han ratificado.
La ceremonia de inicio de este acuerdo se realizó en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo técnico de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, coincidiendo con el Día de la Tierra.
Se trata del primer acuerdo en introducir disposiciones específicas para proteger los derechos humanos de los defensores de la naturaleza en América Latina, donde son asesinados el 60% de los ambientalistas del mundo.
"En 2019 hubo 210 defensores ambientales asesinados en el mundo, dos tercios en nuestra región, y en el 2020 ha sido peor", afirmó Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal, organismo que ha impulsado este acuerdo junto a Costa Rica.
Indígenas, campesinos y otros activistas de la región han denunciado amenazas por enfrentarse a intereses de mineras, madereras, agronegocios, empresas eólicas, hidroeléctricas o gasoductos.
El convenio busca proteger el medioambiente y la salud de las personas, principalmente los pueblos indígenas, y también promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
Asimismo, empodera a las personas y comunidades para que sean informadas y escuchadas en los procesos de toma de decisiones que afecten sus vidas y territorios, según la Cepal.
"Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el acuerdo de Escazú son fundamentales para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y la salud de las personas y del planeta", señaló Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Con las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera en niveles récord y un calentamiento global que avanza sin control, se espera que este pacto ambiental vele para que los recursos naturales sean adecuadamente utilizados y defienda los territorios afectados por actividades como la minería y la tala indiscriminada.
Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se perdieron 11.088 kilómetros cuadrados de bosques y selva en la Amazonía, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), más de siete veces la superficie de Ciudad de México.
En un mensaje grabado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó que la entrada en vigencia de este acuerdo "da esperanza e inspiración y pavimenta el camino para una regulación sostenible y resiliente" para frenar el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del ambiente natural.
En 2018, el Acuerdo fue adoptado inicialmente por 21 países en Escazú, al suroeste de San José, en Costa Rica. Luego se unieron tres países más y 12 de ellos lo ratificaron, permitiendo su puesta en vigor en estos países.
Los países que lo ratificaron fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
Chile fue junto a Costa Rica uno de los principales promotores de este acuerdo, pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció en septiembre pasado que no suscribiría el pacto al considerarlo "ambiguo" e "impreciso" en las obligaciones a las que compromete a sus países signatarios.
Países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bahamas y Surinam, tampoco se han sumado a este acuerdo.
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